EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Hasta el mes pasado, 163 dispositivos de vigilancia del sistema telemático se encuentran activos en Guatemala. La cifra alcanza el 8 % de su capacidad —2000 dispositivos— desde la implementación del mecanismo, en el 2023. Los resultados no son los esperados, ni por asomo. Tampoco reducir el hacinamiento en los centros carcelarios.
Cómo funciona. El sistema telemático es una alternativa para los procesados o condenados —existen excepciones— que, sin necesidad de estar privados de libertad, quedan sujetos al Estado. Es una herramienta que se combina con otras medidas de control.
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El uso del dispositivo es solicitado por el abogado a un juzgado o tribunal competente. Al confirmarse la disponibilidad de la tobillera en la Unidad de Control Telemático (UCT) del Ministerio de Gobernación (MINGOB), el juzgado aprueba la instalación. Luego de ser colocado, la UCT realiza el monitoreo permanente.
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El Acuerdo Gubernativo 89-2023 establece las tarifas para los dispositivos: GTQ 50 diarios, o GTQ 1500 mensuales. Si una persona no tiene para pagar, puede solicitar la exoneración. No obstante, debe pasar un estudio socioeconómico para corroborar la información. El costo lo absorbe el MINGOB.
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El “grillete” electrónico es monitoreado en tiempo real por la UCT para garantizar su cumplimiento. Las características principales del dispositivo son: a prueba de agua e hipoalergénico, geolocalización 24/7, correa de protección de acero inoxidable con fibra óptica y cargador inalámbrico.
Datos relevantes. Informes de la Unidad del Sistema Telemático del MINGOB y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) confirman que el uso de las tobilleras se duplicó en comparación con el mismo periodo del 2024.
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El año pasado se instalaron más de 100 dispositivos; hasta mayo, los aparatos instalados superaron los 213: 163 portadores activos y 50 desactivados.
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Del total de activos —163—, 92 son autofinanciados por los portadores y 71 personas fueron exoneradas del pago, gasto que cubre el MINGOB según la ley. A la mayoría se les autorizó el mecanismo en la audiencia de revisión de medida de coerción para optar al beneficio.
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Además, indican que la mayoría de los usuarios reside en el departamento de Guatemala, seguido por Quetzaltenango, Zacapa, Quiché, Escuintla y Jutiapa. Solo en Suchitepéquez, no se reporta ninguna activación.
Sí, pero. Uno de los principales objetivos del sistema es reducir la ocupación carcelaria. Sin embargo, no ha tenido el éxito que se esperaba.
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El Sistema Penitenciario informa que, hasta junio, el total de privados de libertad suma 23 314; de ellos, 16 466 se encuentran en centros de condena, 6800 en prisión preventiva y el resto por faltas. El total de presos en 2025 es menor al reportado en 2019, es decir, un poco más de 25 000.
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“Hay una reducción, pero tristemente no se relaciona con los grilletes electrónicos. Sí, no con medidas como la aceptación de cargos, agilización del proceso de redención de penas, cumplimiento de las condenas y otros, según Walter Menchú, experto del CIEN.
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Agregó que, una de las causas puede ser la falta de captación de jueces, abogados y personal de la Defensa Pública Penal. “Con prioridad a los jueces”. Porque ellos son los que otorgan las medidas [...] el aporte es muy marginal; es necesaria una revisión del funcionamiento, asignación, los monitoreos y riesgo”, concluye.
Hasta el mes pasado, 163 dispositivos de vigilancia del sistema telemático se encuentran activos en Guatemala. La cifra alcanza el 8 % de su capacidad —2000 dispositivos— desde la implementación del mecanismo, en el 2023. Los resultados no son los esperados, ni por asomo. Tampoco reducir el hacinamiento en los centros carcelarios.
Cómo funciona. El sistema telemático es una alternativa para los procesados o condenados —existen excepciones— que, sin necesidad de estar privados de libertad, quedan sujetos al Estado. Es una herramienta que se combina con otras medidas de control.
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El uso del dispositivo es solicitado por el abogado a un juzgado o tribunal competente. Al confirmarse la disponibilidad de la tobillera en la Unidad de Control Telemático (UCT) del Ministerio de Gobernación (MINGOB), el juzgado aprueba la instalación. Luego de ser colocado, la UCT realiza el monitoreo permanente.
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El Acuerdo Gubernativo 89-2023 establece las tarifas para los dispositivos: GTQ 50 diarios, o GTQ 1500 mensuales. Si una persona no tiene para pagar, puede solicitar la exoneración. No obstante, debe pasar un estudio socioeconómico para corroborar la información. El costo lo absorbe el MINGOB.
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El “grillete” electrónico es monitoreado en tiempo real por la UCT para garantizar su cumplimiento. Las características principales del dispositivo son: a prueba de agua e hipoalergénico, geolocalización 24/7, correa de protección de acero inoxidable con fibra óptica y cargador inalámbrico.
Datos relevantes. Informes de la Unidad del Sistema Telemático del MINGOB y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) confirman que el uso de las tobilleras se duplicó en comparación con el mismo periodo del 2024.
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El año pasado se instalaron más de 100 dispositivos; hasta mayo, los aparatos instalados superaron los 213: 163 portadores activos y 50 desactivados.
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Del total de activos —163—, 92 son autofinanciados por los portadores y 71 personas fueron exoneradas del pago, gasto que cubre el MINGOB según la ley. A la mayoría se les autorizó el mecanismo en la audiencia de revisión de medida de coerción para optar al beneficio.
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Además, indican que la mayoría de los usuarios reside en el departamento de Guatemala, seguido por Quetzaltenango, Zacapa, Quiché, Escuintla y Jutiapa. Solo en Suchitepéquez, no se reporta ninguna activación.
Sí, pero. Uno de los principales objetivos del sistema es reducir la ocupación carcelaria. Sin embargo, no ha tenido el éxito que se esperaba.
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El Sistema Penitenciario informa que, hasta junio, el total de privados de libertad suma 23 314; de ellos, 16 466 se encuentran en centros de condena, 6800 en prisión preventiva y el resto por faltas. El total de presos en 2025 es menor al reportado en 2019, es decir, un poco más de 25 000.
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“Hay una reducción, pero tristemente no se relaciona con los grilletes electrónicos. Sí, no con medidas como la aceptación de cargos, agilización del proceso de redención de penas, cumplimiento de las condenas y otros, según Walter Menchú, experto del CIEN.
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Agregó que, una de las causas puede ser la falta de captación de jueces, abogados y personal de la Defensa Pública Penal. “Con prioridad a los jueces”. Porque ellos son los que otorgan las medidas [...] el aporte es muy marginal; es necesaria una revisión del funcionamiento, asignación, los monitoreos y riesgo”, concluye.
