En una república —como la nuestra—, el respeto a los plazos constitucionales es uno de sus pilares; la alternancia en el ejercicio del poder es esencial. Sin embargo, un problema crónico amenaza esta base: las autoridades electas para períodos definidos se exceden en sus mandatos debido a demoras en los órganos de designación, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o las comisiones de postulación. Peor aún, estos retrasos a menudo se deben a impugnaciones con intenciones espurias, manipuladas por intereses políticos o, con mayor incidencia desde un tiempo, del narco.
Este año, ese mal se manifiesta en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) por el CANG, las comisiones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, próximamente, para el fiscal general del Ministerio Público (MP). Si no se resuelven a tiempo, podría perpetuarse un ciclo de inestabilidad que erosiona la confianza en las instituciones.
Los precedentes nefastos ilustran esta deriva. En 2014, la exfiscal general Claudia Paz y Paz intentó extender su período más allá del 17 de mayo, con argumentos falaces. La CC, en una resolución oportuna, rechazó esta pretensión, recordando que los mandatos fijos —constitucionales— evitan abusos de poder y garantizan renovación. Ese caso mostró que, cuando funciona, el control constitucional frena ambiciones personales.
Sin embargo, contrasta con otro episodio, más reciente, el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados electos para 2014-2019 se excedieron cuatro años —hasta 2023— en un limbo por demoras en el Congreso. La CC, entonces liderada por Gloria Porras, falló de manera controvertida: impuso condiciones para la votación que resultaron imposibles de cumplir, lo que se interpretó como una decisión política más que jurídica. Aquella resolución no solo prolongó el mandato indebidamente, sino que evidenció cómo la politización transforma a las cortes en arenas de disputa partidaria.
Estos ejemplos no son aislados; revelan un derrumbe sistémico. Las instituciones republicanas y de control, como la CC y el TSE, se desmoronan por una excesiva politización, agravada ahora por la infiltración del narcotráfico y redes corruptas que buscan cooptar designaciones para impunidad. En el actual proceso, se alerta sobre riesgos en las comisiones de postulación, donde acuerdos opacos entre abogados y grupos tradicionales influyen en la selección de candidatos. El CANG, clave en la designación de dos magistrados —uno titular y otro suplente— para la CC, ha visto elecciones marcadas por divisiones gremiales y partidarias, así como acciones legales a última hora; lo mismo pinta que puede suceder con las comisiones para TSE, con debates sobre requisitos como el finiquito. Pronto, la elección del fiscal general enfrentará similares presiones.
Este agotamiento de los mecanismos de designación demanda reformas: procedimientos transparentes, plazos inquebrantables y mayor escrutinio ciudadano para evitar impugnaciones malintencionadas. De lo contrario, las extensiones indebidas no solo violan la Constitución, sino que abren puertas a autoritarismos velados. Este año, crucial con elecciones generales en el horizonte de 2027, se debe priorizar la integridad institucional para restaurar la fe en su república. Solo así se evitará que el poder se perpetúe en manos inadecuadas, socavando el Estado de derecho.
En una república —como la nuestra—, el respeto a los plazos constitucionales es uno de sus pilares; la alternancia en el ejercicio del poder es esencial. Sin embargo, un problema crónico amenaza esta base: las autoridades electas para períodos definidos se exceden en sus mandatos debido a demoras en los órganos de designación, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o las comisiones de postulación. Peor aún, estos retrasos a menudo se deben a impugnaciones con intenciones espurias, manipuladas por intereses políticos o, con mayor incidencia desde un tiempo, del narco.
Este año, ese mal se manifiesta en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) por el CANG, las comisiones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, próximamente, para el fiscal general del Ministerio Público (MP). Si no se resuelven a tiempo, podría perpetuarse un ciclo de inestabilidad que erosiona la confianza en las instituciones.
Los precedentes nefastos ilustran esta deriva. En 2014, la exfiscal general Claudia Paz y Paz intentó extender su período más allá del 17 de mayo, con argumentos falaces. La CC, en una resolución oportuna, rechazó esta pretensión, recordando que los mandatos fijos —constitucionales— evitan abusos de poder y garantizan renovación. Ese caso mostró que, cuando funciona, el control constitucional frena ambiciones personales.
Sin embargo, contrasta con otro episodio, más reciente, el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados electos para 2014-2019 se excedieron cuatro años —hasta 2023— en un limbo por demoras en el Congreso. La CC, entonces liderada por Gloria Porras, falló de manera controvertida: impuso condiciones para la votación que resultaron imposibles de cumplir, lo que se interpretó como una decisión política más que jurídica. Aquella resolución no solo prolongó el mandato indebidamente, sino que evidenció cómo la politización transforma a las cortes en arenas de disputa partidaria.
Estos ejemplos no son aislados; revelan un derrumbe sistémico. Las instituciones republicanas y de control, como la CC y el TSE, se desmoronan por una excesiva politización, agravada ahora por la infiltración del narcotráfico y redes corruptas que buscan cooptar designaciones para impunidad. En el actual proceso, se alerta sobre riesgos en las comisiones de postulación, donde acuerdos opacos entre abogados y grupos tradicionales influyen en la selección de candidatos. El CANG, clave en la designación de dos magistrados —uno titular y otro suplente— para la CC, ha visto elecciones marcadas por divisiones gremiales y partidarias, así como acciones legales a última hora; lo mismo pinta que puede suceder con las comisiones para TSE, con debates sobre requisitos como el finiquito. Pronto, la elección del fiscal general enfrentará similares presiones.
Este agotamiento de los mecanismos de designación demanda reformas: procedimientos transparentes, plazos inquebrantables y mayor escrutinio ciudadano para evitar impugnaciones malintencionadas. De lo contrario, las extensiones indebidas no solo violan la Constitución, sino que abren puertas a autoritarismos velados. Este año, crucial con elecciones generales en el horizonte de 2027, se debe priorizar la integridad institucional para restaurar la fe en su república. Solo así se evitará que el poder se perpetúe en manos inadecuadas, socavando el Estado de derecho.
