El 70% de contratos de supuesto defraudador de Salud, se hicieron en el gobierno de Giammattei

Empresas incluidas en la estructura de defraudación tributaria, B410, y que habrían realizado una serie de compras anómalas en el Hospital General San Juan de Dios, fueron favorecidas con contrataciones millonarias en otras entidades del Estado.

Es noticia. El 10 de octubre, durante una conferencia de prensa en la que participaron el jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, representantes de la Comisión Nacional contra la Corrupción y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se informó sobre una investigación en la que se detectaron compras fraudulentas en el citado centro asistencial.

• La administración anterior del hospital habría aprobado procedimientos de compra ilegales, dado que respondían a “necesidades ficticias y poco comprobables”.
• Las empresas en cuestión son Grupo Propela, S.A., que ha recibido más de GTQ12M en contratos estatales, y Carreteras y Casas, S.A., que ha facturado GTQ111M. El representante legal de ambas entidades es José Antonio Fernández Rodríguez.
• Además, están vinculadas con el caso B410. Al no contar con activos que respalden sus actividades comerciales, tampoco se conocen los bienes y servicios contratados por el Estado. Por ello recurrieron a compras se hicieron de manera fraccionada.

Por qué interesa. Los hechos denunciados sugieren que, a pesar de que las empresas recibieron el dinero del Estado, no cumplieron con sus obligaciones contractuales. También es posible identificar otras irregularidades en los procesos de adjudicación, especialmente con relación a Grupo Propela, S.A.

• En primer lugar, únicamente en el 2022, el Ministerio de Salud favoreció a la empresa con 132 adjudicaciones. En estos concursos, pese a ser competitivos, solamente ofertó la empresa en cuestión. El valor total de estos contratos alcanzó los GTQ12M.
• Otra irregularidad es que en la mayoría el plazo entre la presentación de ofertas y la adjudicación era de uno a dos días, lo que le permitió, en algunas ocasiones, contratos diarios por GTQ1.5M.
• Adicionalmente, a pesar de que Grupo Propela fue inscrita en el Registro Mercantil en 2017, fue hasta el 2021 cuando se posicionó como proveedor del Estado. Esta falta de experiencia refuerza el argumento de que las adjudicaciones eran dirigidas, dado que las bases y términos de rerencia se adaptaban a sus condiciones.

Visto y no visto. En el caso de la empresa Carreteras y Casas S.A., sí ha sido proveedor del Estado desde 2004.

• Las principales entidades compradoras a lo largo de los años ha sido Asociación de Solidaridad y Desarrollo, que contrató más de GTQ10M; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con GTQ48M; la Municipalidad de Villa Canales con adjudicaciones por más de GTQ20M; y el MSPAS, con compras que equivalen a GTQ8M.
• De las 93 adjudicaciones que ha recibido la entidad, 57 se concentran en el período de gobierno de Giammattei, por un monto de GTQ70M. Durante este período las entidades compradoras más grandes fueron el CIV, la Municipalidad de Villa Nueva, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el MSPAS, según GUATECOMPRAS.
• Tomando en cuenta que entre las dos empresas que comparten representante legal han recibido más de GTQ112M de contratos en el Estado, implica que el 70 % se otorgaron durante la administración del partido VAMOS.

El balance. Estos datos sugieren que la estructura B410 no solo se trata de una red de defraudación, sino que paralelo a ella, también existe una estructura de corrupción.

• Tomando en cuenta que el Ministerio de Salud no fue la única institución a la que le proveyeron servicios, es posible que el patrón de actividades que se identificó en el Hospital General San Juan de Dios, también exista en otras entidades del Estado.
• Por ende, es necesario que se realice un esfuerzo interinstitucional, de manera que, apoyados en la investigación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se identifiquen qué otras empresas habrían incurrido en delitos y sean denunciadas.