Al cierre de julio de 2025, el Gobierno reportó una ejecución presupuestaria del 49.5 %; aunque el promedio sugiere un avance moderado, es más un espejismo que un reflejo fiel. Varios ministerios apenas ejecutan un tercio, afectando proyectos clave y debilitando la confianza pública.
Qué destacar. Ministerios como Educación, Defensa y Gobernación superan el umbral del 50 %, generando una percepción de dinamismo. Sin embargo, áreas clave como Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social enfrentan retrasos significativos.
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Comunicaciones apenas ha ejecutado un 33 %, lo que ha paralizado obras viales. Desarrollo Social arrastra estructuras de corrupción, sin avances tras año y medio de gestión. Agricultura presenta fallas contables y escasa claridad oficial sobre sus programas.
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Los Consejos de Desarrollo (CODEDE), responsables del financiamiento comunitario, manejan un presupuesto extraordinario que supera los GTQ 7100M, pero su ejecución apenas alcanza el 22 %. Esta brecha evidencia fallas estructurales en áreas prioritarias.
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Ese incremento —de GTQ 300M en 2021 a la cifra actual— no ha sido acompañado por mejoras en capacidades técnicas ni administrativas.
Voces I. El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, afirma que los problemas no radican en la falta de herramientas legales, sino en deficiencias de gestión. Señala la ausencia de planificación y equipos técnicos como freno a la inversión y programas sociales. Recuerda que el Decreto 17-2024 asignó GTQ 200M para pre-inversión, pero “en un año prácticamente no se ha ejecutado nada”. Sin pre-inversión, advierte, no hay proyectos listos ni procesos que ejecutar.
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Identifica tres factores críticos: una estructura administrativa sin experiencia ni estrategia; la saturación del sistema de CODEDE —que pasó de manejar 2000 a más de 8000 proyectos, sin ampliar personal ni simplificar procesos—, y un clima organizacional sin sentido de urgencia, marcado además por miedo a la persecución judicial.
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Sobre la iniciativa 6576, “Ley de Agilización de la Inversión Pública”, Estrada sostiene que “no es una solución técnica, ni administrativa, sino un intento de trasladar al Congreso la responsabilidad del Ejecutivo”.
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Subraya que muchas acciones propuestas ya están permitidas por ley, pero no se ejecutan por falta de voluntad y capacidad.
Voces II. Desde el CIEN, el investigador de seguridad y justicia, Francisco Quezada, atribuye el rezago a la falta de cuadros técnicos y la desconfianza hacia funcionarios anteriores.
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Señala que los CODEDE no están diseñados para ejecutar obras y dependen de gobernadores con estructuras frágiles. La judicialización de proyectos y el rechazo a proveedores experimentados han frenado la inversión pública, que en 2024 apenas alcanzó el 8 %.
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Quezada advierte que 2026 será un año atípico, con elecciones para cargos estratégicos como la Corte de Constitucionalidad, el TSE, MP, y el Banco de Guatemala.
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Anticipa negociaciones centradas en el presupuesto, con riesgo de repetir el patrón del año pasado: reparto político de fondos y leyes a cambio de votos.
Punto de fricción. Para Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el debate sobre la ejecución presupuestaria debe ir más allá de la cifra promedio, sosteniendo que “esconde focos rojos”.
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Aunque Educación y Defensa muestran buen desempeño, otros ministerios presentan rezagos graves.
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El caso más crítico es Comunicaciones, que combina inexperiencia, inestabilidad y presiones políticas. Fondo por la Vivienda (Fopavi), por su parte, ha sido debilitado por cambios constantes en su dirección.
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Rechaza la iniciativa 6576 por debilitar controles y llama a despolitizar el debate; “El rigor técnico debe guiar la discusión”.
En conclusión. El promedio de ejecución presupuestaria no refleja la realidad. La falta de preparación, de cuadros técnicos y, sobre todo, la falta de decisiones hace que el porcentaje de ejecución sea irreal; ejecutar gasto no es reflejo de avance. Por el contrario, las carteras que debieron ejecutar en inversión son las más rezagadas. Para ser el segundo año de esta administración, ya no es válida excusa alguna.
Al cierre de julio de 2025, el Gobierno reportó una ejecución presupuestaria del 49.5 %; aunque el promedio sugiere un avance moderado, es más un espejismo que un reflejo fiel. Varios ministerios apenas ejecutan un tercio, afectando proyectos clave y debilitando la confianza pública.
Qué destacar. Ministerios como Educación, Defensa y Gobernación superan el umbral del 50 %, generando una percepción de dinamismo. Sin embargo, áreas clave como Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social enfrentan retrasos significativos.
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Comunicaciones apenas ha ejecutado un 33 %, lo que ha paralizado obras viales. Desarrollo Social arrastra estructuras de corrupción, sin avances tras año y medio de gestión. Agricultura presenta fallas contables y escasa claridad oficial sobre sus programas.
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Los Consejos de Desarrollo (CODEDE), responsables del financiamiento comunitario, manejan un presupuesto extraordinario que supera los GTQ 7100M, pero su ejecución apenas alcanza el 22 %. Esta brecha evidencia fallas estructurales en áreas prioritarias.
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Ese incremento —de GTQ 300M en 2021 a la cifra actual— no ha sido acompañado por mejoras en capacidades técnicas ni administrativas.
Voces I. El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, afirma que los problemas no radican en la falta de herramientas legales, sino en deficiencias de gestión. Señala la ausencia de planificación y equipos técnicos como freno a la inversión y programas sociales. Recuerda que el Decreto 17-2024 asignó GTQ 200M para pre-inversión, pero “en un año prácticamente no se ha ejecutado nada”. Sin pre-inversión, advierte, no hay proyectos listos ni procesos que ejecutar.
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Identifica tres factores críticos: una estructura administrativa sin experiencia ni estrategia; la saturación del sistema de CODEDE —que pasó de manejar 2000 a más de 8000 proyectos, sin ampliar personal ni simplificar procesos—, y un clima organizacional sin sentido de urgencia, marcado además por miedo a la persecución judicial.
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Sobre la iniciativa 6576, “Ley de Agilización de la Inversión Pública”, Estrada sostiene que “no es una solución técnica, ni administrativa, sino un intento de trasladar al Congreso la responsabilidad del Ejecutivo”.
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Subraya que muchas acciones propuestas ya están permitidas por ley, pero no se ejecutan por falta de voluntad y capacidad.
Voces II. Desde el CIEN, el investigador de seguridad y justicia, Francisco Quezada, atribuye el rezago a la falta de cuadros técnicos y la desconfianza hacia funcionarios anteriores.
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Señala que los CODEDE no están diseñados para ejecutar obras y dependen de gobernadores con estructuras frágiles. La judicialización de proyectos y el rechazo a proveedores experimentados han frenado la inversión pública, que en 2024 apenas alcanzó el 8 %.
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Quezada advierte que 2026 será un año atípico, con elecciones para cargos estratégicos como la Corte de Constitucionalidad, el TSE, MP, y el Banco de Guatemala.
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Anticipa negociaciones centradas en el presupuesto, con riesgo de repetir el patrón del año pasado: reparto político de fondos y leyes a cambio de votos.
Punto de fricción. Para Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el debate sobre la ejecución presupuestaria debe ir más allá de la cifra promedio, sosteniendo que “esconde focos rojos”.
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Aunque Educación y Defensa muestran buen desempeño, otros ministerios presentan rezagos graves.
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El caso más crítico es Comunicaciones, que combina inexperiencia, inestabilidad y presiones políticas. Fondo por la Vivienda (Fopavi), por su parte, ha sido debilitado por cambios constantes en su dirección.
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Rechaza la iniciativa 6576 por debilitar controles y llama a despolitizar el debate; “El rigor técnico debe guiar la discusión”.
En conclusión. El promedio de ejecución presupuestaria no refleja la realidad. La falta de preparación, de cuadros técnicos y, sobre todo, la falta de decisiones hace que el porcentaje de ejecución sea irreal; ejecutar gasto no es reflejo de avance. Por el contrario, las carteras que debieron ejecutar en inversión son las más rezagadas. Para ser el segundo año de esta administración, ya no es válida excusa alguna.