Las críticas al gobierno de Bernardo Arévalo marcaron la sesión plenaria en la que el Congreso conoció —y votó— el estado de sitio decretado por el Ejecutivo. El respaldo de la mayoría de diputados se dio tras introducir modificaciones al decreto, que, finalmente, fue aprobado con 149 votos.
Durante la discusión, varios bloques parlamentarios cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno y el alcance de las medidas de excepción. En ese contexto, los diputados decidieron ajustar el decreto en los puntos que consideraron necesarios antes de su aprobación final.
Los diputados oficialistas cerraron filas en defensa de la gestión de Arévalo y aprovecharon el debate para lanzar señalamientos directos contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que lidera Sandra Torres. Los parlamentarios aseguraron un posible vínculo con estructuras criminales, a partir de la relación sentimental entre una sobrina de la excandidata presidencial y el líder de la pandilla Barrio 18.
Las acusaciones provocaron una reacción inmediata. Diputados de la UNE, encabezados por Inés Castillo, rechazaron los señalamientos y contraatacaron al oficialismo por los limitados resultados en materia de seguridad. Castillo recordó la fuga de al menos 20 pandilleros de un centro carcelario, un episodio que, según afirmó, expuso graves fallas en la administración penitenciaria y derivó en la salida del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien huyó del país para evitar una orden de captura.
La confrontación política no se limitó al hemiciclo. Horas antes de la sesión, diputados de la UNE presentaron una querella penal por difamación contra los legisladores oficialistas Samuel Pérez y Andrea Villagrán, a quienes acusan de sostener públicamente los señalamientos sobre presuntos vínculos con pandillas.
Pese al clima de tensión y a los cruces de acusaciones, el decreto de estado de sitio avanzó con una mayoría abrumadora. El tablero electrónico del Congreso registró 149 votos a favor y solo uno en contra, emitido por el diputado de Vamos, Carlos Roberto Calderón.
Las modificaciones
El estado de sitio tendrá una vigencia de 30 días, periodo durante el cual quedan prohibidas las visitas a los centros carcelarios donde permanezcan recluidos integrantes de pandillas. No obstante, el decreto permite las actividades culturales y religiosas dentro de esos recintos y autoriza la portación de armas de fuego a civiles durante su vigencia, conforme a lo aprobado por el Congreso.
El decreto también excluye de las restricciones a todas las reuniones y convocatorias vinculadas al proceso de elección de nuevas autoridades, con el objetivo de no interferir en procedimientos institucionales en curso.
En materia de orden público, se aprobaron limitaciones a las reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos públicos, únicamente cuando estas actividades alteren la seguridad ciudadana o el orden público.
Durante la discusión, diputados del partido Vamos intentaron reducir la vigencia del estado de sitio a 15 días, pero la propuesta no alcanzó los votos necesarios y fue rechazada por la mayoría del Pleno.
Las críticas al gobierno de Bernardo Arévalo marcaron la sesión plenaria en la que el Congreso conoció —y votó— el estado de sitio decretado por el Ejecutivo. El respaldo de la mayoría de diputados se dio tras introducir modificaciones al decreto, que, finalmente, fue aprobado con 149 votos.
Durante la discusión, varios bloques parlamentarios cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno y el alcance de las medidas de excepción. En ese contexto, los diputados decidieron ajustar el decreto en los puntos que consideraron necesarios antes de su aprobación final.
Los diputados oficialistas cerraron filas en defensa de la gestión de Arévalo y aprovecharon el debate para lanzar señalamientos directos contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que lidera Sandra Torres. Los parlamentarios aseguraron un posible vínculo con estructuras criminales, a partir de la relación sentimental entre una sobrina de la excandidata presidencial y el líder de la pandilla Barrio 18.
Las acusaciones provocaron una reacción inmediata. Diputados de la UNE, encabezados por Inés Castillo, rechazaron los señalamientos y contraatacaron al oficialismo por los limitados resultados en materia de seguridad. Castillo recordó la fuga de al menos 20 pandilleros de un centro carcelario, un episodio que, según afirmó, expuso graves fallas en la administración penitenciaria y derivó en la salida del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien huyó del país para evitar una orden de captura.
La confrontación política no se limitó al hemiciclo. Horas antes de la sesión, diputados de la UNE presentaron una querella penal por difamación contra los legisladores oficialistas Samuel Pérez y Andrea Villagrán, a quienes acusan de sostener públicamente los señalamientos sobre presuntos vínculos con pandillas.
Pese al clima de tensión y a los cruces de acusaciones, el decreto de estado de sitio avanzó con una mayoría abrumadora. El tablero electrónico del Congreso registró 149 votos a favor y solo uno en contra, emitido por el diputado de Vamos, Carlos Roberto Calderón.
Las modificaciones
El estado de sitio tendrá una vigencia de 30 días, periodo durante el cual quedan prohibidas las visitas a los centros carcelarios donde permanezcan recluidos integrantes de pandillas. No obstante, el decreto permite las actividades culturales y religiosas dentro de esos recintos y autoriza la portación de armas de fuego a civiles durante su vigencia, conforme a lo aprobado por el Congreso.
El decreto también excluye de las restricciones a todas las reuniones y convocatorias vinculadas al proceso de elección de nuevas autoridades, con el objetivo de no interferir en procedimientos institucionales en curso.
En materia de orden público, se aprobaron limitaciones a las reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos públicos, únicamente cuando estas actividades alteren la seguridad ciudadana o el orden público.
Durante la discusión, diputados del partido Vamos intentaron reducir la vigencia del estado de sitio a 15 días, pero la propuesta no alcanzó los votos necesarios y fue rechazada por la mayoría del Pleno.
