EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Diputados del partido Movimiento Semilla presentaron una acción legal para intentar separar de su caso, al titular del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Es noticia. Los legisladores encabezados por Samuel Pérez, consideran que el juzgador no es apto para continuar dirigiendo el proceso porque adelantó opinión sobre el expediente a su cargo.
- Para justificar su petición, los congresistas exponen en el documento una serie de acciones para supuestamente evidenciar las irregularidades cometida por Orellana.
- Al juez, los diputados de Semilla lo han calificado como "sicario" y "criminal", entre otros señalamientos, porque no comparten las resoluciones que este año no les permitió operar como bancada en el Congreso de la República.
- Hasta el momento ningún recurso jurídico ha detenido la suspensión y reciente cancelación del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo.
Fisgón histórico. El 26 de noviembre, Semilla y sus aliados en el Congreso, modificaron el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Con este cambio, los diputados oficialistas consideraron que podrían nulificar la resolución que los tenía suspendidos.
- Mediante una “negociación política” que incluyó un cuestionado aumento salarial de GTQ 16 000 mensuales para los congresistas, el incremento de GTQ 5000M para los Consejos de Desarrollo, y un abultado presupuesto que podría llegar hasta los GTQ 152 000M, Semilla –23 votos— convenció a 102 legisladores para sumar 125 votos.
- La alegría tardó poco para el partido oficial, pues el jueves 28 de noviembre, el Ministerio Público informó que el Juzgado Séptimo ordenó cancelar a Semilla.
- Los abogados del partido oficial acudieron a instancias legales. En la CC solicitaron un amparo provisional y también apelaron la cancelación en el Registro de Ciudadanos, que recibió el recurso legal y lo trasladó al pleno del Tribunal Supremo Electoral, que debe resolverlo.
Hemeroteca. El caso 'Corrupción Semilla' fue presentado por el Ministerio Público el 8 de diciembre y se compone de dos fases.
- La primera fase comenzó el 14 de julio de 2022 tras la denuncia de un ciudadano sobre su adhesión ilegal al partido político Movimiento Semilla. La investigación llevó al MP a señalar cuatro delitos: uso de documentos falsificados, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción de justicia.
- La segunda fase, denominada 'Financiamiento Electoral no Registrado y Lavado de Dinero', implica al partido Movimiento Semilla en incongruencias entre las cifras del estado de ingresos y egresos y los registros del libro mayor, recibos de ingresos emitidos sin identificación, incumplimiento de los registros mínimos, falta de documentos de soporte de ingresos, ingresos no identificados y falta de presentación de informes detallados de ingresos y egresos.
- A raíz de este caso, el Ministerio Público presentó solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, entre otros legisladores. La exdiputada Ligia Hernández, procesada por este caso, aceptó cargos y fue condenada con penas reducidas considerando su colaboración con la justicia.
Diputados del partido Movimiento Semilla presentaron una acción legal para intentar separar de su caso, al titular del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Es noticia. Los legisladores encabezados por Samuel Pérez, consideran que el juzgador no es apto para continuar dirigiendo el proceso porque adelantó opinión sobre el expediente a su cargo.
- Para justificar su petición, los congresistas exponen en el documento una serie de acciones para supuestamente evidenciar las irregularidades cometida por Orellana.
- Al juez, los diputados de Semilla lo han calificado como "sicario" y "criminal", entre otros señalamientos, porque no comparten las resoluciones que este año no les permitió operar como bancada en el Congreso de la República.
- Hasta el momento ningún recurso jurídico ha detenido la suspensión y reciente cancelación del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo.
Fisgón histórico. El 26 de noviembre, Semilla y sus aliados en el Congreso, modificaron el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Con este cambio, los diputados oficialistas consideraron que podrían nulificar la resolución que los tenía suspendidos.
- Mediante una “negociación política” que incluyó un cuestionado aumento salarial de GTQ 16 000 mensuales para los congresistas, el incremento de GTQ 5000M para los Consejos de Desarrollo, y un abultado presupuesto que podría llegar hasta los GTQ 152 000M, Semilla –23 votos— convenció a 102 legisladores para sumar 125 votos.
- La alegría tardó poco para el partido oficial, pues el jueves 28 de noviembre, el Ministerio Público informó que el Juzgado Séptimo ordenó cancelar a Semilla.
- Los abogados del partido oficial acudieron a instancias legales. En la CC solicitaron un amparo provisional y también apelaron la cancelación en el Registro de Ciudadanos, que recibió el recurso legal y lo trasladó al pleno del Tribunal Supremo Electoral, que debe resolverlo.
Hemeroteca. El caso 'Corrupción Semilla' fue presentado por el Ministerio Público el 8 de diciembre y se compone de dos fases.
- La primera fase comenzó el 14 de julio de 2022 tras la denuncia de un ciudadano sobre su adhesión ilegal al partido político Movimiento Semilla. La investigación llevó al MP a señalar cuatro delitos: uso de documentos falsificados, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción de justicia.
- La segunda fase, denominada 'Financiamiento Electoral no Registrado y Lavado de Dinero', implica al partido Movimiento Semilla en incongruencias entre las cifras del estado de ingresos y egresos y los registros del libro mayor, recibos de ingresos emitidos sin identificación, incumplimiento de los registros mínimos, falta de documentos de soporte de ingresos, ingresos no identificados y falta de presentación de informes detallados de ingresos y egresos.
- A raíz de este caso, el Ministerio Público presentó solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, entre otros legisladores. La exdiputada Ligia Hernández, procesada por este caso, aceptó cargos y fue condenada con penas reducidas considerando su colaboración con la justicia.
