Diputados citan a funcionarios y exigen información por el caso ‘Casa de Chocobananos’

La investigación publicada por República sobre la llamada “Casa de Chocobananos” llegó al Congreso de la República.

Qué destacar. El reportaje reveló que un modesto inmueble ubicado en la 4.ª calle 8-26 de la zona 2 capitalina, donde se venden chocobananos, chocomelones y chocopapayas, también funciona como sede fiscal de al menos nueve sociedades que han recibido contratos públicos por más de GTQ 140M durante el gobierno de Bernardo Arévalo.

• Tras la publicación, diputados de la bancada VOS citaron a funcionarios para exigir explicaciones sobre adjudicaciones millonarias y aumentos atípicos en los techos de contratación.
• Los datos del Registro Mercantil y GUATECOMPRAS muestran que las sociedades comparten dirección, notario y representantes legales. En varios casos, los mismos individuos figuran como auditores, contadores y representantes en distintas empresas.
• Entre los nombres que destacan están Elver Leonel Rottmann Sontay, contador público y auditor, vinculado a varias sociedades; el notario Luis Enrique Catalán Samayoa, quien constituyó la mayoría de estas entre febrero y junio de 2023; y Neftalí Isaías Castañón González, relacionado con empresas que han obtenido contratos millonarios y cuyo apellido coincide con el del diputado electo por el Movimiento Semilla y el subcontralor administrativo de la Contraloría, aunque no son hermanos.

Punto de fricción. El patrón descubierto recuerda la estructura denunciada meses atrás por la SAT en el caso B410: creación rápida de sociedades con mínima actividad económica, acceso a licitaciones millonarias y posible evasión fiscal.

• La temporalidad refuerza las sospechas: muchas empresas surgieron tras la llegada del Movimiento Semilla al poder, y los incrementos en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) coinciden con la gestión de Jonathan Menkos en Finanzas y José Monzón como director. De la Peña S.A., por ejemplo, pasó de un techo de contratación de GTQ 44M a GTQ 174M en 2023, mientras IPG, creada en junio de 2023, en noviembre fue precalificada con GTQ 9.6M y, en octubre de 2024 subió GTQ 151M.
• Instalaciones Portuarias de Guatemala S.A. (IPG) concentra la mayor parte de los contratos: GTQ 84.8M en 2025, incluido uno por GTQ 45.3M con la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) para instalar un sistema biométrico y una red de fibra óptica.
• La adjudicación se otorgó pese a que la oferta era la más alta frente a tres competidores con propuestas más bajas. La junta de licitación descalificó a varios oferentes por “razones formales” y no publicó la matriz de evaluación . Tras las publicaciones de República, la Junta Directiva improbó la adjudicación, pero el presidente de Empornac, José de la Peña, votó en contra de revertirla. “El sistema actual es nefasto y la oferta incluía tecnología Honeywell con transferencia de propiedad”, argumentó De la Peña ante los diputados, que cuestionaron por qué se renovó un contrato deficiente y se adjudicó a una empresa sin historial ni respaldo financiero.

Sí, pero. Durante la citación, Orlando Blanco y Carlos Barreda, diputado del PARLACEN, señalaron que el caso no es aislado.

• “Esto plantea la posibilidad de una red de corrupción en Finanzas. Vamos a pedir auditorías concurrentes y un récord histórico de incrementos en los últimos seis años”, advirtió Blanco. Añadió que investigan al menos diez empresas similares, creadas “de la noche a la mañana” y convertidas en grandes proveedoras de puertos y ministerios. 
• Por su parte, la Comisión Nacional contra la Corrupción informó que activó protocolos y solicitó información a ministerios como Finanzas, Gobernación, Defensa y Desarrollo Social, con plazo hasta el martes para entregar informes. “Este caso es el más pertinente. Hemos detectado más de 388 casos de corrupción”, dijo Julio Flores, aunque reconoció limitaciones por la suspensión del acuerdo gubernativo sobre beneficiarios finales, que buscaba transparentar quién controla las empresas proveedoras del Estado.
• La investigación de República también reveló que varias sociedades comparten domicilio fiscal con Corporación Rottmann, dedicada a servicios contables, lo que sugiere una modalidad de oficina compartida para manejar documentación y representación legal. El caso de la “Casa de los Chocobananos” expone un entramado que combina adjudicaciones cuestionadas, incrementos injustificados y vínculos políticos, evidenciando la urgencia de fortalecer controles y transparencia en las contrataciones públicas.