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Diputados afinan ley antilavado mientras persisten dudas sobre su apoyo en el pleno

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Ana González
26 de mayo, 2026

La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras se mantiene la intención de convocar a una sesión extraordinaria el próximo 2 de junio para intentar aprobar el proyecto en definitiva. Sin embargo, pese a los discursos favorables de algunos bloques, todavía persisten dudas sobre si realmente existirán los 107 votos necesarios en el pleno.

Durante la reunión sostenida ayer se continuó discutiendo la redacción de las reformas a los artículos 73 y 74, considerados puntos clave para adecuar la legislación guatemalteca a las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El diputado José Chic, de la bancada VOS, explicó que las enmiendas consensuadas provienen del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior y que posteriormente fueron revisadas por equipos técnicos vinculados a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras instituciones.

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“Esperamos que esas redacciones puedan quedar ya consensuadas esta semana para que el 2 de junio ya se pueda aprobar en definitiva la iniciativa contra el lavado de dinero”, afirmó el congresista. No obstante, Chic reconoció que todavía existe una contrapropuesta presentada por otro grupo de diputados, la cual deberá someterse a una nueva revisión técnica para verificar si cumple con las recomendaciones internacionales exigidas al país.

Uno de los temas que continúa generando más debate es la autonomía del delito de lavado de dinero, debido a las preocupaciones expresadas por distintos sectores sobre posibles interpretaciones discrecionales o usos políticos de la normativa. Consultado sobre ese punto, el legislador aseguró que las mesas de discusión han permitido aclarar algunos aspectos relacionados con la implementación de la ley para evitar que pueda utilizarse “como arma política”, en referencia a cuestionamientos surgidos durante el análisis de la iniciativa.

Aunque algunos diputados han manifestado públicamente que la propuesta “ha mejorado”, el ambiente dentro del Congreso todavía refleja cautela.

Fuera de las declaraciones oficiales, varios legisladores mantienen reservas sobre ciertos artículos. El jefe de bloque de la UNE, Inés Castillo, reconoció que la propuesta ha tenido avances; sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y aún no existe un consenso definitivo entre todas las bancadas. Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) aumentó la presión pública para que el Congreso apruebe las reformas.

En un pronunciamiento respaldado por 52 entidades empresariales, el sector privado pidió acelerar la aprobación de la ley. Los empresarios advirtieron que Guatemala podría ingresar a la denominada “lista gris” de vigilancia internacional si no actualiza su legislación conforme a los estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Pese a ello, dentro del Congreso todavía existe incertidumbre sobre si el respaldo expresado en reuniones técnicas realmente se reflejará en la votación final.

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26 de mayo, 2026

La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras se mantiene la intención de convocar a una sesión extraordinaria el próximo 2 de junio para intentar aprobar el proyecto en definitiva. Sin embargo, pese a los discursos favorables de algunos bloques, todavía persisten dudas sobre si realmente existirán los 107 votos necesarios en el pleno.

Durante la reunión sostenida ayer se continuó discutiendo la redacción de las reformas a los artículos 73 y 74, considerados puntos clave para adecuar la legislación guatemalteca a las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El diputado José Chic, de la bancada VOS, explicó que las enmiendas consensuadas provienen del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior y que posteriormente fueron revisadas por equipos técnicos vinculados a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras instituciones.

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“Esperamos que esas redacciones puedan quedar ya consensuadas esta semana para que el 2 de junio ya se pueda aprobar en definitiva la iniciativa contra el lavado de dinero”, afirmó el congresista. No obstante, Chic reconoció que todavía existe una contrapropuesta presentada por otro grupo de diputados, la cual deberá someterse a una nueva revisión técnica para verificar si cumple con las recomendaciones internacionales exigidas al país.

Uno de los temas que continúa generando más debate es la autonomía del delito de lavado de dinero, debido a las preocupaciones expresadas por distintos sectores sobre posibles interpretaciones discrecionales o usos políticos de la normativa. Consultado sobre ese punto, el legislador aseguró que las mesas de discusión han permitido aclarar algunos aspectos relacionados con la implementación de la ley para evitar que pueda utilizarse “como arma política”, en referencia a cuestionamientos surgidos durante el análisis de la iniciativa.

Aunque algunos diputados han manifestado públicamente que la propuesta “ha mejorado”, el ambiente dentro del Congreso todavía refleja cautela.

Fuera de las declaraciones oficiales, varios legisladores mantienen reservas sobre ciertos artículos. El jefe de bloque de la UNE, Inés Castillo, reconoció que la propuesta ha tenido avances; sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y aún no existe un consenso definitivo entre todas las bancadas. Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) aumentó la presión pública para que el Congreso apruebe las reformas.

En un pronunciamiento respaldado por 52 entidades empresariales, el sector privado pidió acelerar la aprobación de la ley. Los empresarios advirtieron que Guatemala podría ingresar a la denominada “lista gris” de vigilancia internacional si no actualiza su legislación conforme a los estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Pese a ello, dentro del Congreso todavía existe incertidumbre sobre si el respaldo expresado en reuniones técnicas realmente se reflejará en la votación final.

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