EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El pleno del Congreso de la República avaló este martes, con 100 votos a favor, el veto del presidente Bernardo Arévalo al decreto que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 9-2025). El resultado no solo confirmó el rechazo a la iniciativa, sino que evidenció que la alianza que eligió a la Junta Directiva 2026-2027 mantiene cohesión en las votaciones del Legislativo.
Es noticia. El Congreso respaldó el veto presidencial al considerar que las reformas ambientales aprobadas el mes pasado podían debilitar la fiscalización estatal sobre proyectos con impacto ecológico.
- El veto fue remitido por el Ejecutivo mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, que calificó la iniciativa como un “retroceso ambiental” y advirtió inconsistencias con la Constitución.
- La diputada independiente Karina Paz celebró el resultado y lo describió como “una gran victoria para nuestros recursos naturales”, recordando que varios expertos y cámaras empresariales habían pedido rechazar el decreto.
- En total, 100 diputados votaron por aceptar el veto, 40 se abstuvieron y 18 votaron en contra, con lo cual el decreto queda sin efecto.
Qué destacar. La propuesta, impulsada por legisladores de oposición al Ejecutivo, pretendía simplificar los trámites para proyectos de inversión, pero fue cuestionada por académicos y organizaciones ambientales por limitar los alcances de los estudios de impacto.
- Según el texto vetado, las evaluaciones ambientales sólo serían obligatorias para actividades comerciales, excluyendo obras públicas, proyectos educativos y entidades sin fines de lucro.
- El Ejecutivo argumentó que la reforma violaba el principio constitucional de protección ambiental y restaba facultades al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
- Según la diputada Paz, entre los sectores que no avalaban el decreto figuran la Gremial de Empresas de Reciclaje, la Facultad de Biología de la USAC y el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON).
Punto de fricción. El debate en el pleno evidenció posturas enfrentadas. Mientras algunos bloques consideraron legítima la decisión presidencial, otros reprocharon la falta de criterios técnicos y acusaron al Ejecutivo de invadir competencias del Congreso.
- Lucrecia Marroquín, del bloque Unionista, afirmó que “las inconstitucionalidades deben ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad”, cuestionando que el veto no detallara los artículos objetados.
- Diputados de oposición señalaron que el Gobierno prioriza un enfoque ambientalista “restrictivo” que podría frenar la inversión y aumentar la burocracia.
- No obstante, la mayoría legislativa respaldó mantener el veto, reafirmando la estabilidad de la alianza que controla la Junta Directiva.
Lo que sigue. Con el veto aceptado, el Congreso deberá archivar el Decreto 9-2025 y podrá presentar nuevas propuestas que armonicen la protección ambiental con la actividad económica. La discusión se traslada ahora al plano técnico y político.
- El MARN anunció que trabaja en una iniciativa alternativa para modernizar la evaluación de impacto ambiental sin debilitar el marco regulatorio.
El pleno del Congreso de la República avaló este martes, con 100 votos a favor, el veto del presidente Bernardo Arévalo al decreto que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 9-2025). El resultado no solo confirmó el rechazo a la iniciativa, sino que evidenció que la alianza que eligió a la Junta Directiva 2026-2027 mantiene cohesión en las votaciones del Legislativo.
Es noticia. El Congreso respaldó el veto presidencial al considerar que las reformas ambientales aprobadas el mes pasado podían debilitar la fiscalización estatal sobre proyectos con impacto ecológico.
- El veto fue remitido por el Ejecutivo mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, que calificó la iniciativa como un “retroceso ambiental” y advirtió inconsistencias con la Constitución.
- La diputada independiente Karina Paz celebró el resultado y lo describió como “una gran victoria para nuestros recursos naturales”, recordando que varios expertos y cámaras empresariales habían pedido rechazar el decreto.
- En total, 100 diputados votaron por aceptar el veto, 40 se abstuvieron y 18 votaron en contra, con lo cual el decreto queda sin efecto.
Qué destacar. La propuesta, impulsada por legisladores de oposición al Ejecutivo, pretendía simplificar los trámites para proyectos de inversión, pero fue cuestionada por académicos y organizaciones ambientales por limitar los alcances de los estudios de impacto.
- Según el texto vetado, las evaluaciones ambientales sólo serían obligatorias para actividades comerciales, excluyendo obras públicas, proyectos educativos y entidades sin fines de lucro.
- El Ejecutivo argumentó que la reforma violaba el principio constitucional de protección ambiental y restaba facultades al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
- Según la diputada Paz, entre los sectores que no avalaban el decreto figuran la Gremial de Empresas de Reciclaje, la Facultad de Biología de la USAC y el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON).
Punto de fricción. El debate en el pleno evidenció posturas enfrentadas. Mientras algunos bloques consideraron legítima la decisión presidencial, otros reprocharon la falta de criterios técnicos y acusaron al Ejecutivo de invadir competencias del Congreso.
- Lucrecia Marroquín, del bloque Unionista, afirmó que “las inconstitucionalidades deben ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad”, cuestionando que el veto no detallara los artículos objetados.
- Diputados de oposición señalaron que el Gobierno prioriza un enfoque ambientalista “restrictivo” que podría frenar la inversión y aumentar la burocracia.
- No obstante, la mayoría legislativa respaldó mantener el veto, reafirmando la estabilidad de la alianza que controla la Junta Directiva.
Lo que sigue. Con el veto aceptado, el Congreso deberá archivar el Decreto 9-2025 y podrá presentar nuevas propuestas que armonicen la protección ambiental con la actividad económica. La discusión se traslada ahora al plano técnico y político.
- El MARN anunció que trabaja en una iniciativa alternativa para modernizar la evaluación de impacto ambiental sin debilitar el marco regulatorio.
