EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Han pasado ocho años desde que la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, montaron un show mediático de persecución política con el apoyo de la CICIG. Era las siete de la mañana de un día de julio de 2017 cuando fiscales de la FECI, con un contingente policial, allanaron la residencia del exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría.
Él no estaba en Guatemala, pero ordenó a sus empleados que dieran acceso sin restricciones a los fiscales. Lo curioso es que las autoridades se quedaron en la sala; no revisaron nada. Eso sí, cuando les avisaron que la prensa había llegado a la puerta, salieron declarando que Ligorría no se encontraba. Ese mismo día, pocas horas después, Aldana, junto al excomisionado Iván Velázquez, declararon a Ligorría prófugo de la justicia. Bastaba con revisar los reportes de migración para confirmar que, no era “prófugo”, sino que simplemente no estaba en el país.
Desde Madrid, España, Ligorría envió un mensaje televisado. Manifestó que estaba en la capital madrileña por un viaje de trabajo, se puso a disposición del Ministerio Público (MP) y aclaró que no huía, sino que trabajaba. Las autoridades nunca lo contactaron. Días después, ordenaron una alerta de Interpol para detenerlo en España y extraditarlo a Guatemala, usando un delito que no figura en la lista de crímenes por los que Interpol actúa.
En 2018, al final de un proceso judicial —que, por ser ciudadano español, se llevó a cabo en aquel país—, un tribunal de la Audiencia Nacional lo declaró inocente y, por consiguiente, negó su extradición. El MP nunca apeló la sentencia española, que se archivó definitivamente. Sin embargo, la FECI en Guatemala se negó a cerrar el caso y mantuvo ilegalmente la alerta de Interpol activa, para impedir que Ligorría saliera de España. Es hasta mayo de 2022, que el MP reconoció aquella ilegalidad y levantó la alerta de Interpol.
A raíz de ello, los abogados de Ligorría solicitaron al tribunal que levantara la orden de captura en Guatemala, con la intención de presentarse ante la justicia para aclarar lo que los fiscales Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides nunca le permitieron.
En agosto de 2024 se presentó voluntariamente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Grupo D.
A finales de enero de 2025, en una nueva audiencia, la fiscal Sofía Castillo, en representación del MP, concluyó que después de ocho años de investigaciones no se identificó ningún indicio de que Ligorría hubiera cometido delitos de financiamiento electoral ilícito o lavado de dinero; lo que la defensa siempre sostuvo.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), representando al Estado de Guatemala, apeló la decisión en febrero de este año. Esto mostró un nuevo acto de politización de la justicia, que debería avergonzar al sistema judicial, ya que la inocencia de Ligorría estaba más que probada en un caso montado para persecución política.
Resulta importante el anterior relato de la sucesión de hechos para tener una idea de la terrible injusticia contra un guatemalteco productivo, reconocido consultor internacional.
En agosto de este año, luego de varias acciones procesales en el tribunal, las partes atendieron una audiencia donde el MP presentó el desistimiento del caso. Reiteró lo dicho en enero: tras ocho años de investigaciones, no se encontraron indicios de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Así, como lo había resuelto la Audiencia Nacional de España en 2018, se probó su inocencia. Ligorría ha sido declarado inocente dos veces: una en España y otra en Guatemala.
Una importante reflexión es que, si esto le pasó a alguien como Julio Ligorría, con amplia trayectoria profesional, recursos y red de contactos internacionales, ¿qué se puede esperar de la justicia para ciudadanos comunes y de escasos recursos?
Con el cierre definitivo del caso, queda en evidencia, una vez más, el enorme daño causado por el experimento de la CICIG. El lawfare es, en definitiva, el legado de aquella comisión.
Han pasado ocho años desde que la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, montaron un show mediático de persecución política con el apoyo de la CICIG. Era las siete de la mañana de un día de julio de 2017 cuando fiscales de la FECI, con un contingente policial, allanaron la residencia del exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría.
Él no estaba en Guatemala, pero ordenó a sus empleados que dieran acceso sin restricciones a los fiscales. Lo curioso es que las autoridades se quedaron en la sala; no revisaron nada. Eso sí, cuando les avisaron que la prensa había llegado a la puerta, salieron declarando que Ligorría no se encontraba. Ese mismo día, pocas horas después, Aldana, junto al excomisionado Iván Velázquez, declararon a Ligorría prófugo de la justicia. Bastaba con revisar los reportes de migración para confirmar que, no era “prófugo”, sino que simplemente no estaba en el país.
Desde Madrid, España, Ligorría envió un mensaje televisado. Manifestó que estaba en la capital madrileña por un viaje de trabajo, se puso a disposición del Ministerio Público (MP) y aclaró que no huía, sino que trabajaba. Las autoridades nunca lo contactaron. Días después, ordenaron una alerta de Interpol para detenerlo en España y extraditarlo a Guatemala, usando un delito que no figura en la lista de crímenes por los que Interpol actúa.
En 2018, al final de un proceso judicial —que, por ser ciudadano español, se llevó a cabo en aquel país—, un tribunal de la Audiencia Nacional lo declaró inocente y, por consiguiente, negó su extradición. El MP nunca apeló la sentencia española, que se archivó definitivamente. Sin embargo, la FECI en Guatemala se negó a cerrar el caso y mantuvo ilegalmente la alerta de Interpol activa, para impedir que Ligorría saliera de España. Es hasta mayo de 2022, que el MP reconoció aquella ilegalidad y levantó la alerta de Interpol.
A raíz de ello, los abogados de Ligorría solicitaron al tribunal que levantara la orden de captura en Guatemala, con la intención de presentarse ante la justicia para aclarar lo que los fiscales Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides nunca le permitieron.
En agosto de 2024 se presentó voluntariamente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Grupo D.
A finales de enero de 2025, en una nueva audiencia, la fiscal Sofía Castillo, en representación del MP, concluyó que después de ocho años de investigaciones no se identificó ningún indicio de que Ligorría hubiera cometido delitos de financiamiento electoral ilícito o lavado de dinero; lo que la defensa siempre sostuvo.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), representando al Estado de Guatemala, apeló la decisión en febrero de este año. Esto mostró un nuevo acto de politización de la justicia, que debería avergonzar al sistema judicial, ya que la inocencia de Ligorría estaba más que probada en un caso montado para persecución política.
Resulta importante el anterior relato de la sucesión de hechos para tener una idea de la terrible injusticia contra un guatemalteco productivo, reconocido consultor internacional.
En agosto de este año, luego de varias acciones procesales en el tribunal, las partes atendieron una audiencia donde el MP presentó el desistimiento del caso. Reiteró lo dicho en enero: tras ocho años de investigaciones, no se encontraron indicios de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Así, como lo había resuelto la Audiencia Nacional de España en 2018, se probó su inocencia. Ligorría ha sido declarado inocente dos veces: una en España y otra en Guatemala.
Una importante reflexión es que, si esto le pasó a alguien como Julio Ligorría, con amplia trayectoria profesional, recursos y red de contactos internacionales, ¿qué se puede esperar de la justicia para ciudadanos comunes y de escasos recursos?
Con el cierre definitivo del caso, queda en evidencia, una vez más, el enorme daño causado por el experimento de la CICIG. El lawfare es, en definitiva, el legado de aquella comisión.
