La discusión sobre el salario mínimo en Guatemala se encalló de nuevo en la Comisión Nacional del Salario.
Qué destacar. Como ocurre cada año, no hubo consenso: el Gobierno propuso un 12 % de aumento y los sindicatos pidieron casi el 100 %.
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El sector privado insistió en aplicar la fórmula técnica de la Organización Internacional del Trabajo, que considera inflación, productividad y capacidad de pago.
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Ante el desacuerdo, la decisión queda en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien debe resolver antes de fin de año.
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Se repite la película con diferentes actores y el salario se sigue fijando sin tomar en cuenta aspectos técnicos; se convierte en una decisión política.
Datos clave. El contexto no es menor: en 2024 el salario mínimo subió un 10 %, y si se aprueba otro incremento, el acumulado rondaría el 22 % en un año, algo que empresarios califican como excesivo y nunca visto.
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Según el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo actual es de GTQ 3973.05 para actividades no agrícolas y GTQ 3843.55 para agrícolas, con bonificación incluida.
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Cualquier alza golpea la competitividad en un país con infraestructura deficiente.
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Automatización, subida de precios y reestructuración de puestos son la opción inmediata para que las empresas sigan operando.
Voces. “No son despidos masivos, pero sí selectivos”, explica un industrial. El dato más preocupante: el salario promedio está por debajo del mínimo, reflejo de la alta informalidad.
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“Subidas drásticas alejan la posibilidad de que esa gente cotice al IGSS”, añade. El impacto ya se siente: el sector privado ofrecía crear 100 000 empleos formales al año, pero este año cerrará en 60 000, es decir, 40 000 menos.
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¿Qué espera del anuncio presidencial? “En la mesa se discutió aumentos técnicos entre un 2 % y un 3 %; entendemos que el Gobierno piensa en un 5 % a un 7 %, pero al final es una decisión política”, señala.
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¿Beneficios del incremento? “No vemos muchos. La mayoría gana menos del mínimo. Lo que deberíamos buscar es competitividad y eficiencia laboral para competir internacionalmente”. Y agrega: “Al final del día, los que pueden lo aumentan y normalmente aumentan y sacan gente para mantener su sostenibilidad y su utilidad”.
Sí, pero. El sector agrícola es el más golpeado. Por ejemplo, en el corte del café, el 70 % del costo de producción es mano de obra.
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Nils Leporowski lo resume así: “Cuando sube el mínimo, hay dos efectos inmediatos: despidos y migración a la informalidad”.
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En su empresa redujeron entre un 10 % y un 15 % la plantilla en la última cosecha y, si hay otro aumento, “nos tendremos que ajustar sacando más gente”.
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Para pequeños productores, la salida es informalizarse: dejan de pagar IGSS y pagan salarios por debajo del mínimo. “Eso explica la caída en las contribuciones al IGSS”, afirma.
Lo indispensable. Leporowski incluso cuestiona la existencia del salario mínimo: “Pone un techo al trabajador y mata la productividad. En Guatemala, el salario mínimo se convierte en salario máximo”.
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Además, advierte que tras el aumento anterior varias maquilas se mudaron a Honduras y Nicaragua, donde los costos son más bajos. “El producto no vale un 22 % más, no hay de dónde sacar para pagar”, insiste.
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Guatemala ya tiene entre un 71 % y un 83 % de ocupados en la informalidad, según datos del INE y organismos regionales.
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Subidas sin mejoras en productividad solo agrandan esa brecha. El IGSS esperaba que el incremento ampliara la base de cotizantes, pero los empresarios ven lo contrario: menos afiliación y más presión para esquemas informales.
En conclusión. Industria y agro coinciden: la decisión debe basarse en productividad, gradualidad y realidades territoriales, con metodología OIT y una agenda paralela de competitividad en puertos, carreteras y energía.
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De lo contrario, el nuevo ajuste se traducirá en más despidos y más informalidad desde enero.
La discusión sobre el salario mínimo en Guatemala se encalló de nuevo en la Comisión Nacional del Salario.
Qué destacar. Como ocurre cada año, no hubo consenso: el Gobierno propuso un 12 % de aumento y los sindicatos pidieron casi el 100 %.
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El sector privado insistió en aplicar la fórmula técnica de la Organización Internacional del Trabajo, que considera inflación, productividad y capacidad de pago.
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Ante el desacuerdo, la decisión queda en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien debe resolver antes de fin de año.
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Se repite la película con diferentes actores y el salario se sigue fijando sin tomar en cuenta aspectos técnicos; se convierte en una decisión política.
Datos clave. El contexto no es menor: en 2024 el salario mínimo subió un 10 %, y si se aprueba otro incremento, el acumulado rondaría el 22 % en un año, algo que empresarios califican como excesivo y nunca visto.
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Según el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo actual es de GTQ 3973.05 para actividades no agrícolas y GTQ 3843.55 para agrícolas, con bonificación incluida.
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Cualquier alza golpea la competitividad en un país con infraestructura deficiente.
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Automatización, subida de precios y reestructuración de puestos son la opción inmediata para que las empresas sigan operando.
Voces. “No son despidos masivos, pero sí selectivos”, explica un industrial. El dato más preocupante: el salario promedio está por debajo del mínimo, reflejo de la alta informalidad.
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“Subidas drásticas alejan la posibilidad de que esa gente cotice al IGSS”, añade. El impacto ya se siente: el sector privado ofrecía crear 100 000 empleos formales al año, pero este año cerrará en 60 000, es decir, 40 000 menos.
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¿Qué espera del anuncio presidencial? “En la mesa se discutió aumentos técnicos entre un 2 % y un 3 %; entendemos que el Gobierno piensa en un 5 % a un 7 %, pero al final es una decisión política”, señala.
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¿Beneficios del incremento? “No vemos muchos. La mayoría gana menos del mínimo. Lo que deberíamos buscar es competitividad y eficiencia laboral para competir internacionalmente”. Y agrega: “Al final del día, los que pueden lo aumentan y normalmente aumentan y sacan gente para mantener su sostenibilidad y su utilidad”.
Sí, pero. El sector agrícola es el más golpeado. Por ejemplo, en el corte del café, el 70 % del costo de producción es mano de obra.
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Nils Leporowski lo resume así: “Cuando sube el mínimo, hay dos efectos inmediatos: despidos y migración a la informalidad”.
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En su empresa redujeron entre un 10 % y un 15 % la plantilla en la última cosecha y, si hay otro aumento, “nos tendremos que ajustar sacando más gente”.
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Para pequeños productores, la salida es informalizarse: dejan de pagar IGSS y pagan salarios por debajo del mínimo. “Eso explica la caída en las contribuciones al IGSS”, afirma.
Lo indispensable. Leporowski incluso cuestiona la existencia del salario mínimo: “Pone un techo al trabajador y mata la productividad. En Guatemala, el salario mínimo se convierte en salario máximo”.
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Además, advierte que tras el aumento anterior varias maquilas se mudaron a Honduras y Nicaragua, donde los costos son más bajos. “El producto no vale un 22 % más, no hay de dónde sacar para pagar”, insiste.
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Guatemala ya tiene entre un 71 % y un 83 % de ocupados en la informalidad, según datos del INE y organismos regionales.
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Subidas sin mejoras en productividad solo agrandan esa brecha. El IGSS esperaba que el incremento ampliara la base de cotizantes, pero los empresarios ven lo contrario: menos afiliación y más presión para esquemas informales.
En conclusión. Industria y agro coinciden: la decisión debe basarse en productividad, gradualidad y realidades territoriales, con metodología OIT y una agenda paralela de competitividad en puertos, carreteras y energía.
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De lo contrario, el nuevo ajuste se traducirá en más despidos y más informalidad desde enero.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: