EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló irregularidades en Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), donde durante 2021 se contrataron a 157 personas que habrían recibido pagos por adelantado por un total de GTQ4.7M sin que exista documentación que respalde su trabajo.
Es noticia. La investigación inició en enero de 2022 tras una denuncia recibida en la Dirección de Atención a Denuncias de la CGC. Como parte del proceso, se realizaron tres exámenes especiales de auditoría, los cuales detectaron pagos sin contratos firmados, sin facturas y sin informes de actividades de los supuestos trabajadores.
- Según el informe, los anticipos individuales iban desde GTQ 3000 hasta GTQ 100 000, por conceptos de “servicios técnicos y profesionales”. Sin embargo, los auditores no encontraron evidencia de que estos servicios hayan sido prestados.
- “Se pagó sin respaldo documental. No hubo contratos administrativos, no hubo facturas, ni siquiera informes de labores”, detalla uno de los hallazgos citados en el informe oficial.
- Uno de los puntos señalados por la CGC es que FEGUA no tenía presupuesto aprobado para realizar dichas contrataciones. Aun así, la institución recurrió a un sobregiro bancario con una entidad bancaria del sistema nacional para cubrir los pagos, lo cual generó otro hallazgo dentro del proceso de fiscalización, esta vez a cargo de la Sección de Telecomunicaciones.
Qué destacar. Los auditores no lograron ubicar a la mayoría de las 157 personas contratadas, ya que no existían registros actualizados de su ubicación ni datos de contacto. Al momento de la auditoría, ya ninguno de ellos laboraba en FEGUA.
- La Contraloría interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue si estas personas efectivamente existían, si llegaron a prestar servicios contratados y para determinar su se incurrió en delitos como peculado o malversación.
- También se busca establecer posibles responsabilidades dentro de la administración de FEGUA, incluyendo quién autorizó los pagos y por qué se utilizaron recursos fuera del presupuesto.
- Aunque los auditores ya cerraron su informe, será el Ministerio Público el encargado de continuar con la investigación penal y determinar si existen implicaciones legales contra los funcionarios involucrados o los beneficiarios de los pagos.
Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló irregularidades en Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), donde durante 2021 se contrataron a 157 personas que habrían recibido pagos por adelantado por un total de GTQ4.7M sin que exista documentación que respalde su trabajo.
Es noticia. La investigación inició en enero de 2022 tras una denuncia recibida en la Dirección de Atención a Denuncias de la CGC. Como parte del proceso, se realizaron tres exámenes especiales de auditoría, los cuales detectaron pagos sin contratos firmados, sin facturas y sin informes de actividades de los supuestos trabajadores.
- Según el informe, los anticipos individuales iban desde GTQ 3000 hasta GTQ 100 000, por conceptos de “servicios técnicos y profesionales”. Sin embargo, los auditores no encontraron evidencia de que estos servicios hayan sido prestados.
- “Se pagó sin respaldo documental. No hubo contratos administrativos, no hubo facturas, ni siquiera informes de labores”, detalla uno de los hallazgos citados en el informe oficial.
- Uno de los puntos señalados por la CGC es que FEGUA no tenía presupuesto aprobado para realizar dichas contrataciones. Aun así, la institución recurrió a un sobregiro bancario con una entidad bancaria del sistema nacional para cubrir los pagos, lo cual generó otro hallazgo dentro del proceso de fiscalización, esta vez a cargo de la Sección de Telecomunicaciones.
Qué destacar. Los auditores no lograron ubicar a la mayoría de las 157 personas contratadas, ya que no existían registros actualizados de su ubicación ni datos de contacto. Al momento de la auditoría, ya ninguno de ellos laboraba en FEGUA.
- La Contraloría interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue si estas personas efectivamente existían, si llegaron a prestar servicios contratados y para determinar su se incurrió en delitos como peculado o malversación.
- También se busca establecer posibles responsabilidades dentro de la administración de FEGUA, incluyendo quién autorizó los pagos y por qué se utilizaron recursos fuera del presupuesto.
- Aunque los auditores ya cerraron su informe, será el Ministerio Público el encargado de continuar con la investigación penal y determinar si existen implicaciones legales contra los funcionarios involucrados o los beneficiarios de los pagos.
