EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En los últimos días, ha habido un reacomodo político que refleja la dinámica del sistema republicano. Un grupo opositor, con astucia y estrategia, logró reunir una mayoría en el Congreso para revertir la hegemonía de la alianza oficialista, liderada por el diputado Luis Aguirre de Cabal, junto a Samuel Pérez y compañía. Este reacomodo, lejos de ser un acto desestabilizador, se inscribe plenamente en el marco jurídico y las reglas del juego político.
La oposición, mediante acuerdos y negociaciones, ha demostrado que el poder no es estático y que la alternancia es un pilar de la democracia. Además, las acciones en la Corte de Constitucionalidad —que han respaldado ciertas decisiones opositoras— confirman que estas maniobras operan dentro de la legalidad, garantizando el respeto al Estado de derecho.
Sin embargo, la reacción del oficialismo y sus aliados ante esta pérdida de control ha sido desproporcionada y, francamente, irresponsable. Tildar estas acciones de “golpe de Estado” es una maniobra retórica que busca deslegitimar a la oposición y sembrar temor en la ciudadanía. Un golpe de Estado implica la ruptura del orden constitucional, algo que no ha ocurrido. Por el contrario, lo que vemos es el ejercicio legítimo de las facultades legislativas y judiciales. Acusar a la oposición de golpismo no solo es una exageración, sino un intento de victimizarse —típico de la izquierda— para recuperar terreno político perdido. Esta narrativa, además, subestima la inteligencia de los guatemaltecos, quienes merecen un debate político basado en hechos, no en grandilocuencias ni hipérboles.
La lucha por el poder político es inherente a cualquier república democrática. El balance de fuerzas, con sus tensiones y negociaciones, fortalece las instituciones al someterlas a escrutinio y competencia. Lo que no es sano, y debe ser condenado enérgicamente, es la práctica del oficialismo de utilizar miles de millones de quetzales del presupuesto para comprar las voluntades de diputados. Esa estrategia, que ha sido documentada en el pasado, no solo corrompe la democracia, sino que desvía recursos que deberían destinarse a las necesidades urgentes de la población, como salud, educación e infraestructura.
Guatemala necesita un sistema político donde las mayorías se construyan mediante el diálogo y la persuasión, no a través de transacciones millonarias.
La reciente victoria opositora, amén de que no se concretó en la sesión del martes pasado, es un recordatorio de que el poder no es un feudo eterno, sino un mandato temporal sujeto al escrutinio ciudadano y a cambiantes dinámicas. En lugar de gritar “golpe”, el oficialismo y sus corifeos deberían reflexionar sobre sus prácticas y comprometerse con una política más transparente y ética. La democracia y la república guatemaltecas, con sus imperfecciones, siguen vivas, y eso es motivo de esperanza.
En los últimos días, ha habido un reacomodo político que refleja la dinámica del sistema republicano. Un grupo opositor, con astucia y estrategia, logró reunir una mayoría en el Congreso para revertir la hegemonía de la alianza oficialista, liderada por el diputado Luis Aguirre de Cabal, junto a Samuel Pérez y compañía. Este reacomodo, lejos de ser un acto desestabilizador, se inscribe plenamente en el marco jurídico y las reglas del juego político.
La oposición, mediante acuerdos y negociaciones, ha demostrado que el poder no es estático y que la alternancia es un pilar de la democracia. Además, las acciones en la Corte de Constitucionalidad —que han respaldado ciertas decisiones opositoras— confirman que estas maniobras operan dentro de la legalidad, garantizando el respeto al Estado de derecho.
Sin embargo, la reacción del oficialismo y sus aliados ante esta pérdida de control ha sido desproporcionada y, francamente, irresponsable. Tildar estas acciones de “golpe de Estado” es una maniobra retórica que busca deslegitimar a la oposición y sembrar temor en la ciudadanía. Un golpe de Estado implica la ruptura del orden constitucional, algo que no ha ocurrido. Por el contrario, lo que vemos es el ejercicio legítimo de las facultades legislativas y judiciales. Acusar a la oposición de golpismo no solo es una exageración, sino un intento de victimizarse —típico de la izquierda— para recuperar terreno político perdido. Esta narrativa, además, subestima la inteligencia de los guatemaltecos, quienes merecen un debate político basado en hechos, no en grandilocuencias ni hipérboles.
La lucha por el poder político es inherente a cualquier república democrática. El balance de fuerzas, con sus tensiones y negociaciones, fortalece las instituciones al someterlas a escrutinio y competencia. Lo que no es sano, y debe ser condenado enérgicamente, es la práctica del oficialismo de utilizar miles de millones de quetzales del presupuesto para comprar las voluntades de diputados. Esa estrategia, que ha sido documentada en el pasado, no solo corrompe la democracia, sino que desvía recursos que deberían destinarse a las necesidades urgentes de la población, como salud, educación e infraestructura.
Guatemala necesita un sistema político donde las mayorías se construyan mediante el diálogo y la persuasión, no a través de transacciones millonarias.
La reciente victoria opositora, amén de que no se concretó en la sesión del martes pasado, es un recordatorio de que el poder no es un feudo eterno, sino un mandato temporal sujeto al escrutinio ciudadano y a cambiantes dinámicas. En lugar de gritar “golpe”, el oficialismo y sus corifeos deberían reflexionar sobre sus prácticas y comprometerse con una política más transparente y ética. La democracia y la república guatemaltecas, con sus imperfecciones, siguen vivas, y eso es motivo de esperanza.
