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Debate y desacuerdos marcan el inicio de la revisión de expedientes para fiscal general

Fotografía: Guatemala Visible.
Luis Gonzalez
23 de febrero, 2026

La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público inició una de las etapas más determinantes del proceso: la evaluación y calificación de los 59 aspirantes que buscan formar parte de la nómina final de seis candidatos que será remitida al presidente en abril.

Es noticia. Para ello empleará la tabla de gradación previamente aprobada, un instrumento técnico que asigna un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación académica, experiencia profesional y proyección humana.

  • Según los documentos oficiales de la Comisión y publicaciones recientes, la formación académica comprende 28 puntos, la experiencia profesional 70 puntos y la proyección humana 2 puntos.
  • Esta estructura coincide con la tabla que la postuladora hizo pública el 11 de febrero y con los criterios detallados en los anexos compartidos a los comisionados.
  • Dentro de la formación académica se califican doctorados, maestrías, especializaciones y licenciaturas en áreas como derecho penal, constitucional, administración pública y otras ramas afines.

Qué destacar. Según la tabla, un doctorado vale 10 puntos, las maestrías 6 o 4 puntos dependiendo de la afinidad con el área penal, y los posgrados o especializaciones suman puntajes adicionales.

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  • También se asignan hasta 8 puntos por docencia universitaria, 4 puntos por participación en eventos académicos, 4 puntos por publicaciones y 2 puntos por distinciones o reconocimientos académicos.
  • Todos estos elementos deben estar respaldados por documentación legalizada como constancias, certificados, copias autenticadas y registros de ISBN en el caso de libros.
  • En cuanto a la experiencia profesional, que representa la parte más pesada de la evaluación, la tabla otorga hasta 50 puntos por ejercicio profesional en áreas constitucionales, penales o de investigación criminal y forense. Se valoran tanto cargos públicos relacionados con el sector justicia como el ejercicio liberal en ramas vinculadas al ámbito penal.

Datos clave. Adicionalmente, se suman hasta 10 puntos por experiencia en cargos de dirección en instituciones públicas o privadas. La proyección humana, el tercer componente de la tabla, asigna solo 2 puntos. Se califica la participación en actividades de servicio social, liderazgo y vocación de servicio durante al menos dos años.

  • Uno de los aspectos más discutidos en esta categoría es que la tabla empieza a otorgar puntaje a partir del año once de ejercicio profesional, sumando dos puntos por cada año adicional.
  • Este detalle generó desacuerdos en la primera sesión dedicada a la revisión de expedientes el 23 de febrero. Durante esa sesión, varios comisionados expresaron preocupación porque la forma en que se mide la experiencia profesional podría dejar en desventaja a postulantes más jóvenes, ya que los primeros diez años de ejercicio no reciben ningún puntaje.
  • El comisionado Luis Felipe Lepe propuso modificar la tabla para corregir esa situación, argumentando que la redacción actual favorece a los aspirantes mayores de 60 años. La propuesta, sin embargo, no logró los votos necesarios: primero obtuvo solo 3 votos y luego 8, lejos de los 10 requeridos para modificar instrumentos internos. Por lo tanto, la tabla quedó intacta y será utilizada tal como fue aprobada el 11 de febrero.

En el radar. La sesión del 23 de febrero comenzó con retraso y estuvo presidida por la magistrada Claudia Paredes.

  • Se inició formalmente la revisión de los 59 expedientes, proceso en el que se verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de pasar a la fase de calificación.
  • Parte del programa incluyó la lectura del oficio del diputado José Chic, quien pidió que la comisión priorizara la idoneidad en la evaluación.
  • A pesar de las tensiones, la evaluación continúa bajo la observación de la ciudadanía y de la OEA, que acompaña el proceso. La Comisión debe ahora aplicar la tabla de gradación para ordenar a los aspirantes según sus méritos académicos, profesionales y sociales, garantizando un proceso transparente y basado en criterios verificables.

 

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Debate y desacuerdos marcan el inicio de la revisión de expedientes para fiscal general

Fotografía: Guatemala Visible.
Luis Gonzalez
23 de febrero, 2026

La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público inició una de las etapas más determinantes del proceso: la evaluación y calificación de los 59 aspirantes que buscan formar parte de la nómina final de seis candidatos que será remitida al presidente en abril.

Es noticia. Para ello empleará la tabla de gradación previamente aprobada, un instrumento técnico que asigna un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación académica, experiencia profesional y proyección humana.

  • Según los documentos oficiales de la Comisión y publicaciones recientes, la formación académica comprende 28 puntos, la experiencia profesional 70 puntos y la proyección humana 2 puntos.
  • Esta estructura coincide con la tabla que la postuladora hizo pública el 11 de febrero y con los criterios detallados en los anexos compartidos a los comisionados.
  • Dentro de la formación académica se califican doctorados, maestrías, especializaciones y licenciaturas en áreas como derecho penal, constitucional, administración pública y otras ramas afines.

Qué destacar. Según la tabla, un doctorado vale 10 puntos, las maestrías 6 o 4 puntos dependiendo de la afinidad con el área penal, y los posgrados o especializaciones suman puntajes adicionales.

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  • También se asignan hasta 8 puntos por docencia universitaria, 4 puntos por participación en eventos académicos, 4 puntos por publicaciones y 2 puntos por distinciones o reconocimientos académicos.
  • Todos estos elementos deben estar respaldados por documentación legalizada como constancias, certificados, copias autenticadas y registros de ISBN en el caso de libros.
  • En cuanto a la experiencia profesional, que representa la parte más pesada de la evaluación, la tabla otorga hasta 50 puntos por ejercicio profesional en áreas constitucionales, penales o de investigación criminal y forense. Se valoran tanto cargos públicos relacionados con el sector justicia como el ejercicio liberal en ramas vinculadas al ámbito penal.

Datos clave. Adicionalmente, se suman hasta 10 puntos por experiencia en cargos de dirección en instituciones públicas o privadas. La proyección humana, el tercer componente de la tabla, asigna solo 2 puntos. Se califica la participación en actividades de servicio social, liderazgo y vocación de servicio durante al menos dos años.

  • Uno de los aspectos más discutidos en esta categoría es que la tabla empieza a otorgar puntaje a partir del año once de ejercicio profesional, sumando dos puntos por cada año adicional.
  • Este detalle generó desacuerdos en la primera sesión dedicada a la revisión de expedientes el 23 de febrero. Durante esa sesión, varios comisionados expresaron preocupación porque la forma en que se mide la experiencia profesional podría dejar en desventaja a postulantes más jóvenes, ya que los primeros diez años de ejercicio no reciben ningún puntaje.
  • El comisionado Luis Felipe Lepe propuso modificar la tabla para corregir esa situación, argumentando que la redacción actual favorece a los aspirantes mayores de 60 años. La propuesta, sin embargo, no logró los votos necesarios: primero obtuvo solo 3 votos y luego 8, lejos de los 10 requeridos para modificar instrumentos internos. Por lo tanto, la tabla quedó intacta y será utilizada tal como fue aprobada el 11 de febrero.

En el radar. La sesión del 23 de febrero comenzó con retraso y estuvo presidida por la magistrada Claudia Paredes.

  • Se inició formalmente la revisión de los 59 expedientes, proceso en el que se verificará el cumplimiento de los requisitos legales antes de pasar a la fase de calificación.
  • Parte del programa incluyó la lectura del oficio del diputado José Chic, quien pidió que la comisión priorizara la idoneidad en la evaluación.
  • A pesar de las tensiones, la evaluación continúa bajo la observación de la ciudadanía y de la OEA, que acompaña el proceso. La Comisión debe ahora aplicar la tabla de gradación para ordenar a los aspirantes según sus méritos académicos, profesionales y sociales, garantizando un proceso transparente y basado en criterios verificables.

 

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