De dirigir bloqueos, a funcionarios de Bernardo Arévalo

Se cumple un año de que finalizaron los bloqueos y “el paro nacional indefinido”, –así como a una posterior “resistencia” frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) por más de 100 días–, que fuera convocado los 48 Cantones de Totonicapán, junto con líderes de las diferentes alcaldías indígenas del país.  

• Entre las principales demandas se incluyó las renuncias de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
• Asimismo, los líderes clamaban por la “defensa de la democracia”, con el fin de que las autoridades, –MP y tribunales– respetaran los resultados electorales que le dieron la victoria a Bernardo Arévalo.
• Un año después, parece que estas movilizaciones rindieron frutos personales; se han transformado en cargos en la administración de Bernardo Arévalo para quienes encabezaron los bloqueos.  

Por qué importa. En esta tendencia de nombrar líderes indígenas en el gobierno destaca Luis Pacheco, quien, en el tiempo de los bloqueos, fungía como presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. 

• En agosto del presente año fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible para el ministerio de Energía y Minas. Pacheco también ha sido ponente sobre el tema de “movilizaciones pacíficas” en la Organización de Naciones Unidas.
• Otro nombramiento clave fue el de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), como representante de las organizaciones en el Consejo Consultivo de FONTIERRAS.
• Cabe destacar que Pascual, pese a no haber sido nombrado directamente por el presidente, sí ocupa un puesto clave dentro de la administración actual.  

Visto y no visto. Otros líderes de los bloqueos ahora figuran como gobernadores departamentales.  

• Este es el caso de Edgar Tuy, ex síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá y autoridad durante las movilizaciones; fue nombrado gobernador en este departamento. En este proceso también participó Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán.
• De igual forma, Angelina Aspuac Con, quien representó como lideresa maya kaqchikel al Movimiento Nacional de Tejedoras. Fue nombrada gobernadora departamental de Sacatepéquez.
• Por último, para la gobernación departamental de San Marcos fue designado Rolando López Crisóstomo, coordinador del Consejo del Pueblo Maya Mam en San Marcos, quien también participó en los bloqueos.  

Entre líneas. Otros personajes figuran en esta administración. Se trata de quienes se alinean con la agenda política que promueven las agrupaciones indígenas.  

• Por ejemplo, Helmer Leonel Velásquez Herrera, quien durante los bloqueos fue notificado de una orden de captura en su contra por su involucramiento en el Caso USAC; fue nombrado director del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP). Velásquez ha ejercido como abogado asesor de diversos movimientos sociales y campesinos. Participó como candidato a diputado por el partido Winaq en 2023.
• Alida Adelina Arana Vicente, quien encabezó el paro nacional e integró la alcaldía indígena de Palín, asumió la presidencia de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (COPRESAM).
• Como representante de la población maya k´iché, Edie Cux fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Previo a ser director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Cux mantuvo vínculos con el movimiento indígena como asesor legal de la organización Wajxaqib´ No´j; apoyó la "resistencia" indígena en 2023. 

En conclusión. A pesar de que algunos sí cuentan con estudios y capacidades técnicas, esa tendencia en los nombramientos sugiere que las designaciones –más que por meritocracia– se han hecho con la finalidad de saldar la deuda política de Arévalo.  

• Esta práctica podría ser perjudicial para el funcionamiento de las instituciones, dado que no se promueve la ineficiencia en la administración pública basada en méritos.
• En el gobierno no deberían existir privilegios por pertenecer a determinadas organizaciones sociales, de lo contrario, el Organismo Ejecutivo estaría incurriendo en violaciones a su propio Código de Ética.