El diputado Cristian Álvarez denunció “sobreprecios y anomalías” en las compras de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante 2025. Sin embargo, en sus fiscalizaciones no solo expone irregularidades, sino que también recomienda a determinados proveedores. Esto plantea dudas sobre posibles intereses detrás de las acusaciones.
Por qué importa. Las compras de medicamentos del IGSS concentran millones de quetzales y afectan a miles de pacientes. En este sentido, el diputado asegura que existe sobreprecio y fraccionamiento en las últimas adquisiciones que realizó el instituto.
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Sin embargo, algunos de los fármacos y distribuidores que sugiere como alternativas están vinculados al operador político de Gustavo Alejos.
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En mayo pasado, una investigación periodística evidenció que Álvarez usaba una camioneta blindada, propiedad de una de las farmacéuticas de Alejos.
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Todas las fiscalizaciones y recomendaciones que realiza el congresista las publica en sus redes sociales. Él argumenta que es una de sus “prioridades” y que “se enamoró de la causa”.
Entre líneas. Aunque Álvarez revela irregularidades, también visibiliza a proveedores específicos como: Aviv Farmacéutica, CORPOFA, Corporación BAYCO y Reus Pharma, creada por su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa.
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Isradipina es uno de los medicamentos fiscalizados. Un genérico que se utiliza para tratar la presión arterial alta, con un costo de GTQ 12 por unidad.
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Sin embargo, en EE. UU. fue retirado del mercado para incorporar versiones más modernas del fármaco, como la felodipina, que cuesta menos de GTQ 3.
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Álvarez ha enfatizado que el IGSS debe suprimir las compras de isradipina y adquirir felodipina. La razón: mejorar el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, el cambio beneficiaría de forma directa a los cuatro distribuidores recomendados.
Sí, pero. En el caso de Aviv Farmacéutica, en lo que va del 2025 ha recibido GTQ 132.98M en adjudicaciones entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el IGSS. Esta ha sido una de las recomendaciones realizadas por el diputado Álvarez.
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Reus Pharma es otra de las propuestas. En este año les ha vendido a las mismas instituciones GTQ 222M, según detalla el portal de Guatecompras.
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Respecto a los fraccionamientos y sobreprecios, Álvarez criticó fuertemente este modus operandi en uno de sus videos. Afirmó que existe “amistad perversa con proveedores”.
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En la actualidad, Álvarez preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social. Además, integra la de Salud y Asistencia Social.
En conclusión. Las denuncias realizadas por el diputado Cristian Álvarez colocan al IGSS en un dilema mayor: la defensa de los pacientes frente a las prácticas irregulares y, al mismo tiempo, la sospecha de que las fiscalizaciones también se utilizan para favorecer a ciertos proveedores.
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Las alternativas sugeridas son farmacéuticas ligadas a operadores políticos, lo que erosiona la credibilidad de sus denuncias.
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El trasfondo muestra cómo la fiscalización puede convertirse en un tablero donde se mezclan intereses políticos, empresariales y, de último, la salud de los afiliados.
El diputado Cristian Álvarez denunció “sobreprecios y anomalías” en las compras de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante 2025. Sin embargo, en sus fiscalizaciones no solo expone irregularidades, sino que también recomienda a determinados proveedores. Esto plantea dudas sobre posibles intereses detrás de las acusaciones.
Por qué importa. Las compras de medicamentos del IGSS concentran millones de quetzales y afectan a miles de pacientes. En este sentido, el diputado asegura que existe sobreprecio y fraccionamiento en las últimas adquisiciones que realizó el instituto.
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Sin embargo, algunos de los fármacos y distribuidores que sugiere como alternativas están vinculados al operador político de Gustavo Alejos.
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En mayo pasado, una investigación periodística evidenció que Álvarez usaba una camioneta blindada, propiedad de una de las farmacéuticas de Alejos.
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Todas las fiscalizaciones y recomendaciones que realiza el congresista las publica en sus redes sociales. Él argumenta que es una de sus “prioridades” y que “se enamoró de la causa”.
Entre líneas. Aunque Álvarez revela irregularidades, también visibiliza a proveedores específicos como: Aviv Farmacéutica, CORPOFA, Corporación BAYCO y Reus Pharma, creada por su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa.
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Isradipina es uno de los medicamentos fiscalizados. Un genérico que se utiliza para tratar la presión arterial alta, con un costo de GTQ 12 por unidad.
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Sin embargo, en EE. UU. fue retirado del mercado para incorporar versiones más modernas del fármaco, como la felodipina, que cuesta menos de GTQ 3.
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Álvarez ha enfatizado que el IGSS debe suprimir las compras de isradipina y adquirir felodipina. La razón: mejorar el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, el cambio beneficiaría de forma directa a los cuatro distribuidores recomendados.
Sí, pero. En el caso de Aviv Farmacéutica, en lo que va del 2025 ha recibido GTQ 132.98M en adjudicaciones entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el IGSS. Esta ha sido una de las recomendaciones realizadas por el diputado Álvarez.
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Reus Pharma es otra de las propuestas. En este año les ha vendido a las mismas instituciones GTQ 222M, según detalla el portal de Guatecompras.
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Respecto a los fraccionamientos y sobreprecios, Álvarez criticó fuertemente este modus operandi en uno de sus videos. Afirmó que existe “amistad perversa con proveedores”.
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En la actualidad, Álvarez preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social. Además, integra la de Salud y Asistencia Social.
En conclusión. Las denuncias realizadas por el diputado Cristian Álvarez colocan al IGSS en un dilema mayor: la defensa de los pacientes frente a las prácticas irregulares y, al mismo tiempo, la sospecha de que las fiscalizaciones también se utilizan para favorecer a ciertos proveedores.
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Las alternativas sugeridas son farmacéuticas ligadas a operadores políticos, lo que erosiona la credibilidad de sus denuncias.
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El trasfondo muestra cómo la fiscalización puede convertirse en un tablero donde se mezclan intereses políticos, empresariales y, de último, la salud de los afiliados.