El diputado Cristian Álvarez denunció “sobreprecios y anomalías” en las compras de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante 2025. Sin embargo, en sus fiscalizaciones no solo expone irregularidades, sino que también recomienda a determinados proveedores. Esto plantea dudas sobre posibles intereses detrás de las acusaciones.
Por qué importa. Las compras de medicamentos del IGSS concentran millones de quetzales y afectan a miles de pacientes. En este sentido, el diputado asegura que existe sobreprecio y fraccionamiento en las últimas adquisiciones que realizó el instituto.
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Sin embargo, algunos de los fármacos y distribuidores que sugiere como alternativas están vinculados al operador político de Gustavo Alejos.
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En mayo pasado, una investigación periodística evidenció que Álvarez usaba una camioneta blindada, propiedad de una de las farmacéuticas de Alejos.
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Todas las fiscalizaciones y recomendaciones que realiza el congresista las publica en sus redes sociales. Él argumenta que es una de sus “prioridades” y que “se enamoró de la causa”.
Entre líneas. Aunque Álvarez revela irregularidades, también visibiliza a proveedores específicos como: Aviv Farmacéutica, CORPOFA, Corporación BAYCO y Reus Pharma, creada por su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa.
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Isradipina es uno de los medicamentos fiscalizados. Un genérico que se utiliza para tratar la presión arterial alta, con un costo de GTQ 12 por unidad.
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Sin embargo, en EE. UU. fue retirado del mercado para incorporar versiones más modernas del fármaco, como la felodipina, que cuesta menos de GTQ 3.
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Álvarez ha enfatizado que el IGSS debe suprimir las compras de isradipina y adquirir felodipina. La razón: mejorar el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, el cambio beneficiaría de forma directa a los cuatro distribuidores recomendados.
Sí, pero. En el caso de Aviv Farmacéutica, en lo que va del 2025 ha recibido GTQ 132.98M en adjudicaciones entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el IGSS. Esta ha sido una de las recomendaciones realizadas por el diputado Álvarez.
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Reus Pharma es otra de las propuestas. En este año les ha vendido a las mismas instituciones GTQ 222M, según detalla el portal de Guatecompras.
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Respecto a los fraccionamientos y sobreprecios, Álvarez criticó fuertemente este modus operandi en uno de sus videos. Afirmó que existe “amistad perversa con proveedores”.
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En la actualidad, Álvarez preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social. Además, integra la de Salud y Asistencia Social.
En conclusión. Las denuncias realizadas por el diputado Cristian Álvarez colocan al IGSS en un dilema mayor: la defensa de los pacientes frente a las prácticas irregulares y, al mismo tiempo, la sospecha de que las fiscalizaciones también se utilizan para favorecer a ciertos proveedores.
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Las alternativas sugeridas son farmacéuticas ligadas a operadores políticos, lo que erosiona la credibilidad de sus denuncias.
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El trasfondo muestra cómo la fiscalización puede convertirse en un tablero donde se mezclan intereses políticos, empresariales y, de último, la salud de los afiliados.
El diputado Cristian Álvarez denunció “sobreprecios y anomalías” en las compras de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante 2025. Sin embargo, en sus fiscalizaciones no solo expone irregularidades, sino que también recomienda a determinados proveedores. Esto plantea dudas sobre posibles intereses detrás de las acusaciones.
Por qué importa. Las compras de medicamentos del IGSS concentran millones de quetzales y afectan a miles de pacientes. En este sentido, el diputado asegura que existe sobreprecio y fraccionamiento en las últimas adquisiciones que realizó el instituto.
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Sin embargo, algunos de los fármacos y distribuidores que sugiere como alternativas están vinculados al operador político de Gustavo Alejos.
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En mayo pasado, una investigación periodística evidenció que Álvarez usaba una camioneta blindada, propiedad de una de las farmacéuticas de Alejos.
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Todas las fiscalizaciones y recomendaciones que realiza el congresista las publica en sus redes sociales. Él argumenta que es una de sus “prioridades” y que “se enamoró de la causa”.
Entre líneas. Aunque Álvarez revela irregularidades, también visibiliza a proveedores específicos como: Aviv Farmacéutica, CORPOFA, Corporación BAYCO y Reus Pharma, creada por su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa.
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Isradipina es uno de los medicamentos fiscalizados. Un genérico que se utiliza para tratar la presión arterial alta, con un costo de GTQ 12 por unidad.
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Sin embargo, en EE. UU. fue retirado del mercado para incorporar versiones más modernas del fármaco, como la felodipina, que cuesta menos de GTQ 3.
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Álvarez ha enfatizado que el IGSS debe suprimir las compras de isradipina y adquirir felodipina. La razón: mejorar el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, el cambio beneficiaría de forma directa a los cuatro distribuidores recomendados.
Sí, pero. En el caso de Aviv Farmacéutica, en lo que va del 2025 ha recibido GTQ 132.98M en adjudicaciones entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el IGSS. Esta ha sido una de las recomendaciones realizadas por el diputado Álvarez.
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Reus Pharma es otra de las propuestas. En este año les ha vendido a las mismas instituciones GTQ 222M, según detalla el portal de Guatecompras.
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Respecto a los fraccionamientos y sobreprecios, Álvarez criticó fuertemente este modus operandi en uno de sus videos. Afirmó que existe “amistad perversa con proveedores”.
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En la actualidad, Álvarez preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social. Además, integra la de Salud y Asistencia Social.
En conclusión. Las denuncias realizadas por el diputado Cristian Álvarez colocan al IGSS en un dilema mayor: la defensa de los pacientes frente a las prácticas irregulares y, al mismo tiempo, la sospecha de que las fiscalizaciones también se utilizan para favorecer a ciertos proveedores.
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Las alternativas sugeridas son farmacéuticas ligadas a operadores políticos, lo que erosiona la credibilidad de sus denuncias.
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El trasfondo muestra cómo la fiscalización puede convertirse en un tablero donde se mezclan intereses políticos, empresariales y, de último, la salud de los afiliados.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: