EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) no registra un buen porcentaje de ejecución presupuestaria. Lo poco que ha logrado ejecutar, —como en de mayo, por ejemplo—, ha recaído, en varios casos, en constructoras señaladas por vínculos con figuras políticas o por antecedentes de incumplimiento en la ejecución de obras públicas.
Por qué importa. La sombra de la corrupción en los proyectos de infraestructura ha sido una constante en todas las administraciones, principalmente por los millonarios recursos que maneja esa cartera.
- Aunque la actual gestión prometió transparentar los procesos y depurar a los actores involucrados, la falta de experiencia en la ejecución comienza a pasar factura, reflejada en una baja ejecución y erráticas decisiones.
- La baja ejecución perjudica directamente a un país como Guatemala que necesita con urgencia mejorar su infraestructura para elevar la competitividad.
- A ello se suma que las adjudicaciones continúan beneficiando a constructoras con antecedentes cuestionables. En mayo de este año, COVIAL adjudicó 12 proyectos con un monto total de GTQ 30.8M. De estos proyectos, GTQ 12M fueron asignados a las empresas Proyectos Viales Yacky y Construcciones y Servicios Champel, ambas vinculadas con Alma Lucrecia González, ex socia del diputado Allan Rodríguez.
En el radar. Otros proyectos recientes también despiertan preocupación. El mantenimiento de la red vial pavimentada de Jutiapa fue adjudicado a Construvías, por un monto de GTQ 2. 5M.
- El propietario es Gerardo Gustavo Galdámez Orantes, procesado en 2020 por su presunta participación en el caso Asalto al Ministerio de Salud, relacionado con sobornos por la construcción de un hospital.
- En otro caso, el mantenimiento a la red vial pavimentada en Petén fue adjudicado por GTQ 3.4M a Tecnisol, una empresa con un historial de más de GTQ 815M en los últimos 16 años. Solo entre 2022 y 2023, le adjudicaron más de GTQ 710 M.
- A pesar de tener altas calificaciones técnicas y financieras, según el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), del Ministerio de Finanzas Públicas, Tecnisol ha mostrado un patrón de incumplimiento, con avances físicos que no corresponden al nivel de desembolsos recibidos.
En conclusión. El problema no radica —únicamente— en que las adjudicaciones recaigan en empresas que han sido contratistas del Estado, sino en que, pese al compromiso asumido por Bernardo Arévalo, de transparentar y sanear los procesos, el Gobierno ha terminado beneficiando a constructoras con antecedentes cuestionables, ya sea por vínculos políticos o por incumplimientos.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) no registra un buen porcentaje de ejecución presupuestaria. Lo poco que ha logrado ejecutar, —como en de mayo, por ejemplo—, ha recaído, en varios casos, en constructoras señaladas por vínculos con figuras políticas o por antecedentes de incumplimiento en la ejecución de obras públicas.
Por qué importa. La sombra de la corrupción en los proyectos de infraestructura ha sido una constante en todas las administraciones, principalmente por los millonarios recursos que maneja esa cartera.
- Aunque la actual gestión prometió transparentar los procesos y depurar a los actores involucrados, la falta de experiencia en la ejecución comienza a pasar factura, reflejada en una baja ejecución y erráticas decisiones.
- La baja ejecución perjudica directamente a un país como Guatemala que necesita con urgencia mejorar su infraestructura para elevar la competitividad.
- A ello se suma que las adjudicaciones continúan beneficiando a constructoras con antecedentes cuestionables. En mayo de este año, COVIAL adjudicó 12 proyectos con un monto total de GTQ 30.8M. De estos proyectos, GTQ 12M fueron asignados a las empresas Proyectos Viales Yacky y Construcciones y Servicios Champel, ambas vinculadas con Alma Lucrecia González, ex socia del diputado Allan Rodríguez.
En el radar. Otros proyectos recientes también despiertan preocupación. El mantenimiento de la red vial pavimentada de Jutiapa fue adjudicado a Construvías, por un monto de GTQ 2. 5M.
- El propietario es Gerardo Gustavo Galdámez Orantes, procesado en 2020 por su presunta participación en el caso Asalto al Ministerio de Salud, relacionado con sobornos por la construcción de un hospital.
- En otro caso, el mantenimiento a la red vial pavimentada en Petén fue adjudicado por GTQ 3.4M a Tecnisol, una empresa con un historial de más de GTQ 815M en los últimos 16 años. Solo entre 2022 y 2023, le adjudicaron más de GTQ 710 M.
- A pesar de tener altas calificaciones técnicas y financieras, según el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), del Ministerio de Finanzas Públicas, Tecnisol ha mostrado un patrón de incumplimiento, con avances físicos que no corresponden al nivel de desembolsos recibidos.
En conclusión. El problema no radica —únicamente— en que las adjudicaciones recaigan en empresas que han sido contratistas del Estado, sino en que, pese al compromiso asumido por Bernardo Arévalo, de transparentar y sanear los procesos, el Gobierno ha terminado beneficiando a constructoras con antecedentes cuestionables, ya sea por vínculos políticos o por incumplimientos.
