EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este martes la Corte Suprema de Costa Rica solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que pueda ser juzgado por presunta concusión. La acusación se relaciona con contratos financiados por el BCIE. La decisión quedará ahora en manos de la Asamblea Legislativa.
Es noticia. Con 15 votos favorables y siete en contra, la Corte Plena aprobó la solicitud del Ministerio Público para levantar la inmunidad al presidente costarricense. El proceso está vinculado a supuestas anomalías en contrataciones impulsadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- La Fiscalía señala que Chaves intervino para beneficiar a su estratega de campaña, Federico “Choreco” Cruz, y al empresario Christian Bulgarelli con contratos por USD 32 000.
- Los magistrados concluyeron que existen fundamentos suficientes para permitir el trámite, descartando que se trate de una acusación “temeraria o maliciosa”.
- La Asamblea deberá definir, si el caso avanza, mediante una votación con mayoría calificada. La Presidencia aún no ha hecho declaraciones.
Qué destacar. Nunca antes un presidente en funciones había enfrentado un proceso de levantamiento de inmunidad en Costa Rica. Este hecho podría alterar la forma en que se entiende la inviolabilidad del cargo presidencial.
- El delito de concusión implica el uso del poder para obtener beneficios indebidos; en este contexto, se investiga si Chaves intervino para beneficiar a allegados en contrataciones públicas.
- En 2023 se filtraron grabaciones hechas por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en las que Chaves consulta sobre la inclusión de Cruz en los contratos.
- Para aprobar el retiro de inmunidad, la Asamblea requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión correspondiente.
Punto de fricción. El presidente enfrenta otra imputación reciente por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña de 2022. Las denuncias han reavivado tensiones entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y sectores de oposición.
- Según la Fiscalía, se empleó una red de financiamiento privado no supervisada por el Tribunal Supremo de Elecciones para costear la campaña que llevó a Chaves al poder.
- El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también figura en la causa por supuestamente haber coordinado la asignación de un contrato a Bulgarelli, quien fue designado “testigo de la corona”.
- Estas denuncias han polarizado a la opinión pública: mientras simpatizantes del Gobierno acusan persecución política, organizaciones civiles exigen un proceso transparente.
Lo que sigue. Con la petición de la Corte sobre la mesa, la Asamblea Legislativa deberá resolver si permite la apertura de un proceso judicial. La decisión podría sentar un precedente institucional y afectar el balance de poder en el país.
- Si se aprueba el levantamiento de la inmunidad, Chaves podría enfrentar un juicio penal por concusión, además de cargos por financiamiento ilícito de campaña.
- El seguimiento que organismos internacionales están dando al caso podría repercutir en la percepción externa sobre la estabilidad democrática costarricense.
- El curso del proceso dependerá del comportamiento del Congreso y del ambiente político que se configure en las próximas semanas.
Este martes la Corte Suprema de Costa Rica solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que pueda ser juzgado por presunta concusión. La acusación se relaciona con contratos financiados por el BCIE. La decisión quedará ahora en manos de la Asamblea Legislativa.
Es noticia. Con 15 votos favorables y siete en contra, la Corte Plena aprobó la solicitud del Ministerio Público para levantar la inmunidad al presidente costarricense. El proceso está vinculado a supuestas anomalías en contrataciones impulsadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- La Fiscalía señala que Chaves intervino para beneficiar a su estratega de campaña, Federico “Choreco” Cruz, y al empresario Christian Bulgarelli con contratos por USD 32 000.
- Los magistrados concluyeron que existen fundamentos suficientes para permitir el trámite, descartando que se trate de una acusación “temeraria o maliciosa”.
- La Asamblea deberá definir, si el caso avanza, mediante una votación con mayoría calificada. La Presidencia aún no ha hecho declaraciones.
Qué destacar. Nunca antes un presidente en funciones había enfrentado un proceso de levantamiento de inmunidad en Costa Rica. Este hecho podría alterar la forma en que se entiende la inviolabilidad del cargo presidencial.
- El delito de concusión implica el uso del poder para obtener beneficios indebidos; en este contexto, se investiga si Chaves intervino para beneficiar a allegados en contrataciones públicas.
- En 2023 se filtraron grabaciones hechas por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, en las que Chaves consulta sobre la inclusión de Cruz en los contratos.
- Para aprobar el retiro de inmunidad, la Asamblea requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión correspondiente.
Punto de fricción. El presidente enfrenta otra imputación reciente por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña de 2022. Las denuncias han reavivado tensiones entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y sectores de oposición.
- Según la Fiscalía, se empleó una red de financiamiento privado no supervisada por el Tribunal Supremo de Elecciones para costear la campaña que llevó a Chaves al poder.
- El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también figura en la causa por supuestamente haber coordinado la asignación de un contrato a Bulgarelli, quien fue designado “testigo de la corona”.
- Estas denuncias han polarizado a la opinión pública: mientras simpatizantes del Gobierno acusan persecución política, organizaciones civiles exigen un proceso transparente.
Lo que sigue. Con la petición de la Corte sobre la mesa, la Asamblea Legislativa deberá resolver si permite la apertura de un proceso judicial. La decisión podría sentar un precedente institucional y afectar el balance de poder en el país.
- Si se aprueba el levantamiento de la inmunidad, Chaves podría enfrentar un juicio penal por concusión, además de cargos por financiamiento ilícito de campaña.
- El seguimiento que organismos internacionales están dando al caso podría repercutir en la percepción externa sobre la estabilidad democrática costarricense.
- El curso del proceso dependerá del comportamiento del Congreso y del ambiente político que se configure en las próximas semanas.
