EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En menos de veinte días, la nueva administración en Washington ha —más que cambiado—, corregido el rumbo en más de un sentido.
Notablemente, la política exterior de los EE. UU. para con Latinoamérica será muy distinta; si no, que lo diga Gustavo Petro. Las formas y formalismos quedan atrás y dan paso al pragmatismo y al relacionamiento transaccional. Y que la primera gira del secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido a Centroamérica no es casualidad. Frenar la migración ilegal y atajar el narcotráfico son prioridad, pero también se habla de cooperación, de comercio, y de inversión.
El gobierno de Biden, si bien no fue el primero ni el único, utilizó el abanico de sanciones a su disposición como ningún otro: lo hizo para castigar a los enemigos ideológicos del estamento Demócrata. Cuando a finales del 2023 se les retiró la visa a 108 diputados porque votaron en determinado sentido, fue el cenit de la desfachatez. Hoy se sabe que a varios —si bien no a todos— de los sancionados, se les ha devuelto la visa, así como a sus familias; otra muestra de que la administración Trump tiene claro el abuso cometido por los anteriores funcionarios.
Pero, sin duda, el mayor cambio de paradigma es y será el parón del flujo de miles de millones de dólares a través de la USAID que fueron a financiar oenegés y programas por demás abyectos y, como lo dijo el propio Secretario: muchas veces con efectos contraproducentes a los de la política exterior estadounidenses. En todo el mundo, casi cada hora se descubren nuevos “programas” que financiaban a organizaciones disidentes —o abiertamente subversivas— de gobiernos amigos, así como también a entidades y medios de izquierda.
En Guatemala, además de financiar con USD 2M operaciones de cambio de sexo y “activismo LGBT”, durante mucho tiempo, financiaron la infiltración de abogados activistas de izquierda en el sistema de justicia, notablemente durante el tristemente recordado paso de la CICIG. Como en muchos otros casos, con un lamentable efecto búmeran de proporciones insospechadas.
Apenas se está empezando a conocer la dimensión del despilfarro en la USAID, pero también se deberá identificar y perseguir a quienes lucraron con esa ingente cantidad de dinero. Con el Departamento de Justicia bajo la dirección de Pam Bondi y la posible confirmación de Kash Patel al frente del FBI, es muy probable que suceda justamente eso.
Por el bien del país, se espera que la cooperación e inversión en infraestructura portuaria anunciada se concrete en el cortísimo plazo. El aumento de las deportaciones conlleva un reto que se debe enfrentar con más oportunidades que el Gobierno no puede enfrentar solo, sino de la mano con el sector privado, como lo manifestó el secretario Rubio.
En todo ello, es importante tener claro los errores tácticos —y estratégicos— de la administración pasada y, para beneficio de ambos países y de su relación, no se repitan. Lo que se necesita es cooperación, de comercio, y de inversión. Ya no tanto de ayuda: trade not aid.
En menos de veinte días, la nueva administración en Washington ha —más que cambiado—, corregido el rumbo en más de un sentido.
Notablemente, la política exterior de los EE. UU. para con Latinoamérica será muy distinta; si no, que lo diga Gustavo Petro. Las formas y formalismos quedan atrás y dan paso al pragmatismo y al relacionamiento transaccional. Y que la primera gira del secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido a Centroamérica no es casualidad. Frenar la migración ilegal y atajar el narcotráfico son prioridad, pero también se habla de cooperación, de comercio, y de inversión.
El gobierno de Biden, si bien no fue el primero ni el único, utilizó el abanico de sanciones a su disposición como ningún otro: lo hizo para castigar a los enemigos ideológicos del estamento Demócrata. Cuando a finales del 2023 se les retiró la visa a 108 diputados porque votaron en determinado sentido, fue el cenit de la desfachatez. Hoy se sabe que a varios —si bien no a todos— de los sancionados, se les ha devuelto la visa, así como a sus familias; otra muestra de que la administración Trump tiene claro el abuso cometido por los anteriores funcionarios.
Pero, sin duda, el mayor cambio de paradigma es y será el parón del flujo de miles de millones de dólares a través de la USAID que fueron a financiar oenegés y programas por demás abyectos y, como lo dijo el propio Secretario: muchas veces con efectos contraproducentes a los de la política exterior estadounidenses. En todo el mundo, casi cada hora se descubren nuevos “programas” que financiaban a organizaciones disidentes —o abiertamente subversivas— de gobiernos amigos, así como también a entidades y medios de izquierda.
En Guatemala, además de financiar con USD 2M operaciones de cambio de sexo y “activismo LGBT”, durante mucho tiempo, financiaron la infiltración de abogados activistas de izquierda en el sistema de justicia, notablemente durante el tristemente recordado paso de la CICIG. Como en muchos otros casos, con un lamentable efecto búmeran de proporciones insospechadas.
Apenas se está empezando a conocer la dimensión del despilfarro en la USAID, pero también se deberá identificar y perseguir a quienes lucraron con esa ingente cantidad de dinero. Con el Departamento de Justicia bajo la dirección de Pam Bondi y la posible confirmación de Kash Patel al frente del FBI, es muy probable que suceda justamente eso.
Por el bien del país, se espera que la cooperación e inversión en infraestructura portuaria anunciada se concrete en el cortísimo plazo. El aumento de las deportaciones conlleva un reto que se debe enfrentar con más oportunidades que el Gobierno no puede enfrentar solo, sino de la mano con el sector privado, como lo manifestó el secretario Rubio.
En todo ello, es importante tener claro los errores tácticos —y estratégicos— de la administración pasada y, para beneficio de ambos países y de su relación, no se repitan. Lo que se necesita es cooperación, de comercio, y de inversión. Ya no tanto de ayuda: trade not aid.
