EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En un país como Guatemala, donde son muchos los rezagos y las soluciones son urgentes —desde la reparación de carreteras hasta la lucha contra la corrupción—, el Congreso de la República debería ser el bastión de la democracia y servicio público.
Sin embargo, el panorama es desolador: una mayoría de congresistas están sumidos en la inactividad, la impertinencia y una alarmante falta de calidad profesional y ética. Esta realidad no solo frustra las expectativas de los ciudadanos, sino que evidencia una profunda desconexión entre los diputados y sus electores, donde los legisladores parecen llegar al poder no para servir, sino para servirse.
A lo largo de este año, las sesiones parlamentarias —cuando las hay— se prolongan en discusiones estériles, mientras iniciativas de ley vitales, languidecen en los cajones. La mayoría de los diputados han priorizado intereses políticos, sobre avances concretos.
Esa parálisis no es casual; es el resultado de un cuerpo legislativo más enfocado en aumentarse desmedidamente el sueldo, que en legislar para el bien común. ¿Cuántas iniciativas han sido aprobadas en beneficio real del pueblo? Muy pocas, si es que alguna.
Pero la inactividad palidece ante la impertinencia que exhiben algunos diputados en sus funciones, particularmente en las fiscalizaciones y citaciones a funcionarios públicos. Un ejemplo escandaloso ocurrió esta semana, durante una citación al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, no encontró mejor forma de expresar su “protesta” por el estado de las carreteras que lanzando una llanta sobre la mesa, rebotando y golpeando objetos cercanos al ministro. Este incidente no es una anécdota aislada, sino un síntoma de la vulgaridad que ha invadido el Legislativo. ¿Es esta la forma en que un representante del pueblo debe conducirse? Esos comportamientos no solo degradan la institución, sino que distraen de los problemas reales, convirtiendo al Congreso en un circo.
Existe un Código de Ética del Organismo Legislativo que exige decoro, honradez y responsabilidad; letra muerta. La Junta Directiva (JD) debe velar por la conducta de los diputados; sin embargo, la realidad muestra un patrón de incumplimientos, desde insultos mutuos hasta conflictos de interés.
Pero si algo resume la desconexión aludida, es el descarado aumento salarial que los diputados se autorrecetaron a inicios de este año, pese a las críticas generalizadas de la ciudadanía. En febrero, elevaron su sueldo hasta GT Q66 000 mensuales, y montos más altos para miembros de JD. El incremento provocó un rechazo masivo, con protestas y llamados a derogarlo desde diversos sectores. Los diputados han puesto oídos sordos.
Todo ello es el resultado de un sistema que permite que el parlamento se llene de escoria, de individuos motivados por privilegios y negocios personales en lugar de por el servicio público. Un cambio es urgente. Se insta a los mejores de la sociedad —profesionales íntegros, líderes comunitarios, intelectuales comprometidos— a participar activamente en la política. Solo así se evitará que el Congreso siga siendo un refugio para oportunistas.
En un país como Guatemala, donde son muchos los rezagos y las soluciones son urgentes —desde la reparación de carreteras hasta la lucha contra la corrupción—, el Congreso de la República debería ser el bastión de la democracia y servicio público.
Sin embargo, el panorama es desolador: una mayoría de congresistas están sumidos en la inactividad, la impertinencia y una alarmante falta de calidad profesional y ética. Esta realidad no solo frustra las expectativas de los ciudadanos, sino que evidencia una profunda desconexión entre los diputados y sus electores, donde los legisladores parecen llegar al poder no para servir, sino para servirse.
A lo largo de este año, las sesiones parlamentarias —cuando las hay— se prolongan en discusiones estériles, mientras iniciativas de ley vitales, languidecen en los cajones. La mayoría de los diputados han priorizado intereses políticos, sobre avances concretos.
Esa parálisis no es casual; es el resultado de un cuerpo legislativo más enfocado en aumentarse desmedidamente el sueldo, que en legislar para el bien común. ¿Cuántas iniciativas han sido aprobadas en beneficio real del pueblo? Muy pocas, si es que alguna.
Pero la inactividad palidece ante la impertinencia que exhiben algunos diputados en sus funciones, particularmente en las fiscalizaciones y citaciones a funcionarios públicos. Un ejemplo escandaloso ocurrió esta semana, durante una citación al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, no encontró mejor forma de expresar su “protesta” por el estado de las carreteras que lanzando una llanta sobre la mesa, rebotando y golpeando objetos cercanos al ministro. Este incidente no es una anécdota aislada, sino un síntoma de la vulgaridad que ha invadido el Legislativo. ¿Es esta la forma en que un representante del pueblo debe conducirse? Esos comportamientos no solo degradan la institución, sino que distraen de los problemas reales, convirtiendo al Congreso en un circo.
Existe un Código de Ética del Organismo Legislativo que exige decoro, honradez y responsabilidad; letra muerta. La Junta Directiva (JD) debe velar por la conducta de los diputados; sin embargo, la realidad muestra un patrón de incumplimientos, desde insultos mutuos hasta conflictos de interés.
Pero si algo resume la desconexión aludida, es el descarado aumento salarial que los diputados se autorrecetaron a inicios de este año, pese a las críticas generalizadas de la ciudadanía. En febrero, elevaron su sueldo hasta GT Q66 000 mensuales, y montos más altos para miembros de JD. El incremento provocó un rechazo masivo, con protestas y llamados a derogarlo desde diversos sectores. Los diputados han puesto oídos sordos.
Todo ello es el resultado de un sistema que permite que el parlamento se llene de escoria, de individuos motivados por privilegios y negocios personales en lugar de por el servicio público. Un cambio es urgente. Se insta a los mejores de la sociedad —profesionales íntegros, líderes comunitarios, intelectuales comprometidos— a participar activamente en la política. Solo así se evitará que el Congreso siga siendo un refugio para oportunistas.
