Los diputados regresan al hemiciclo tras un prolongado receso parlamentario, período durante el cual recibieron pagos sustanciosos —correspondientes al salario de diciembre y al aguinaldo— que representaron ingresos superiores a los GTQ 100 000 para cada uno.
El retorno al pleno se da en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la productividad legislativa y el uso de los recursos públicos, especialmente luego de varias semanas sin actividad. Aunque fue convocada para hoy una sesión extraordinaria donde se conocerían temas relevantes, como la convocatoria a la comisión postuladora para la elección del titular del Ministerio Público y la juramentación de los integrantes de la comisión encargada de elaborar la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el período ordinario del Congreso iniciará formalmente el 14 de enero.
Será a partir de mañana cuando comience la actividad legislativa regular, con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, presidida por Luis Contreras, quien, tras 22 años de ocupar una curul, asumirá por primera vez la presidencia del Legislativo.
Otro de los temas que concentrará la atención en las primeras semanas del período ordinario será la distribución de las comisiones de trabajo. Aunque la ley establece que su integración debe responder al número de diputados por bloque, las divisiones internas y los reacomodos políticos han generado dudas sobre quiénes controlarán comisiones estratégicas como Finanzas, Energía y Minas, Economía, Gobernación, Ambiente y Legislación, espacios clave para la agenda política y presupuestaria del país.
El inicio del período ordinario también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para avanzar en una agenda cargada de pendientes. Entre los principales desafíos figuran la discusión de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, así como la ley de ciberseguridad, iniciativas que han permanecido estancadas pese a su impacto en la seguridad jurídica, el sistema financiero y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Todo esto ocurre en un año preelectoral. De cara a 2027, los diputados deberán demostrar si aún son capaces de recuperar credibilidad y priorizar el interés público.
La tarea no será sencilla, sobre todo cuando es evidente que una parte importante de los legisladores buscará la reelección, lo que podría desviar la atención del trabajo legislativo hacia una campaña disfrazada de fiscalización.
Los diputados regresan al hemiciclo tras un prolongado receso parlamentario, período durante el cual recibieron pagos sustanciosos —correspondientes al salario de diciembre y al aguinaldo— que representaron ingresos superiores a los GTQ 100 000 para cada uno.
El retorno al pleno se da en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la productividad legislativa y el uso de los recursos públicos, especialmente luego de varias semanas sin actividad. Aunque fue convocada para hoy una sesión extraordinaria donde se conocerían temas relevantes, como la convocatoria a la comisión postuladora para la elección del titular del Ministerio Público y la juramentación de los integrantes de la comisión encargada de elaborar la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el período ordinario del Congreso iniciará formalmente el 14 de enero.
Será a partir de mañana cuando comience la actividad legislativa regular, con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, presidida por Luis Contreras, quien, tras 22 años de ocupar una curul, asumirá por primera vez la presidencia del Legislativo.
Otro de los temas que concentrará la atención en las primeras semanas del período ordinario será la distribución de las comisiones de trabajo. Aunque la ley establece que su integración debe responder al número de diputados por bloque, las divisiones internas y los reacomodos políticos han generado dudas sobre quiénes controlarán comisiones estratégicas como Finanzas, Energía y Minas, Economía, Gobernación, Ambiente y Legislación, espacios clave para la agenda política y presupuestaria del país.
El inicio del período ordinario también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para avanzar en una agenda cargada de pendientes. Entre los principales desafíos figuran la discusión de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, así como la ley de ciberseguridad, iniciativas que han permanecido estancadas pese a su impacto en la seguridad jurídica, el sistema financiero y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Todo esto ocurre en un año preelectoral. De cara a 2027, los diputados deberán demostrar si aún son capaces de recuperar credibilidad y priorizar el interés público.
La tarea no será sencilla, sobre todo cuando es evidente que una parte importante de los legisladores buscará la reelección, lo que podría desviar la atención del trabajo legislativo hacia una campaña disfrazada de fiscalización.
