Los diputados medirán fuerzas este martes al discutir las nueve objeciones al decreto 7-2025, aprobado la semana pasada de urgencia nacional y sin mayor debate, que garantiza recursos para los consejos departamentales de desarrollo (CODEDE).
Para algunos legisladores, las objeciones planteadas por el oficialismo fueron un intento de retrasar el envío del decreto al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron abordarlas en la agenda de hoy, con lo que se avanza en el proceso legislativo y se abre la vía para remitirlo al presidente.
Álvaro Arzú, del Partido Unionista, impulsó la inclusión del punto en la agenda. Recordó que el artículo 177 de la Constitución Política establece que un decreto debe enviarse al Ejecutivo en un plazo máximo de diez días. La mayoría de los legisladores respaldó su propuesta y quedó entre los primeros asuntos a discutir.
Las nueve objeciones fueron presentadas por diputados afines al mandatario: José Carlos Sanabria, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Duvalier Castañón, Victoria Godoy, Raúl Barrera y Olga Villalta.
Para frenar el envío del decreto necesitarían 81 votos, apoyo que se considera poco probable. Todo apunta a que la decisión final recaerá en el presidente Arévalo, quien ayer evitó fijar postura. “El decreto todavía no ha llegado al Ejecutivo. El Congreso está cumpliendo con los procesos de ley. Nosotros ya lo estamos estudiando. No podemos permitir mecanismos que, por cualquier razón, abran la puerta a la corrupción. Lo revisaremos en cuanto lo recibamos”, indicó Arévalo.
Algo improbable sería que el Congreso “archive” el decreto; la última vez en que sucedió —tras aprobar objeciones— fue en agosto de 2022, cuando 112 diputados votaron en contra de la ley contra la ciberdelincuencia, que ya no fue remitida al entonces presidente, Alejandro Giammattei.
Otros temas de agenda
Además de las objeciones al decreto 7-2025, los legisladores incluyeron en la agenda avanzar en primer debate con la ley de ciberseguridad (pendiente desde aquella fecha), la reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, la ley que crea el sistema de búsqueda Ángel-Domingo.
También se programó conocer la ley de portabilidad numérica, la ley para prevenir el abuso sexual infantil, así como la ley de mediación y una reforma al Código de Trabajo que establece la inembargabilidad del salario mínimo. Como último punto, vuelve a figurar la elección del primer secretario de la Junta Directiva, lo que refleja que su resolución sigue sin despertar mayor interés entre los diputados.
Sesión solemne
El jueves 11 de septiembre, el Congreso celebrará una sesión solemne por el Día de la Independencia. Al concluir, se continuará con la plenaria destinada a las interpelaciones a ministros de Estado. Ese mismo día por la tarde, los jefes de bloque volverán a reunirse para definir la agenda de la próxima semana, ya que el lunes es asueto y las actividades se reanudarán el martes 16 de septiembre.
Los diputados medirán fuerzas este martes al discutir las nueve objeciones al decreto 7-2025, aprobado la semana pasada de urgencia nacional y sin mayor debate, que garantiza recursos para los consejos departamentales de desarrollo (CODEDE).
Para algunos legisladores, las objeciones planteadas por el oficialismo fueron un intento de retrasar el envío del decreto al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron abordarlas en la agenda de hoy, con lo que se avanza en el proceso legislativo y se abre la vía para remitirlo al presidente.
Álvaro Arzú, del Partido Unionista, impulsó la inclusión del punto en la agenda. Recordó que el artículo 177 de la Constitución Política establece que un decreto debe enviarse al Ejecutivo en un plazo máximo de diez días. La mayoría de los legisladores respaldó su propuesta y quedó entre los primeros asuntos a discutir.
Las nueve objeciones fueron presentadas por diputados afines al mandatario: José Carlos Sanabria, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Duvalier Castañón, Victoria Godoy, Raúl Barrera y Olga Villalta.
Para frenar el envío del decreto necesitarían 81 votos, apoyo que se considera poco probable. Todo apunta a que la decisión final recaerá en el presidente Arévalo, quien ayer evitó fijar postura. “El decreto todavía no ha llegado al Ejecutivo. El Congreso está cumpliendo con los procesos de ley. Nosotros ya lo estamos estudiando. No podemos permitir mecanismos que, por cualquier razón, abran la puerta a la corrupción. Lo revisaremos en cuanto lo recibamos”, indicó Arévalo.
Algo improbable sería que el Congreso “archive” el decreto; la última vez en que sucedió —tras aprobar objeciones— fue en agosto de 2022, cuando 112 diputados votaron en contra de la ley contra la ciberdelincuencia, que ya no fue remitida al entonces presidente, Alejandro Giammattei.
Otros temas de agenda
Además de las objeciones al decreto 7-2025, los legisladores incluyeron en la agenda avanzar en primer debate con la ley de ciberseguridad (pendiente desde aquella fecha), la reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, la ley que crea el sistema de búsqueda Ángel-Domingo.
También se programó conocer la ley de portabilidad numérica, la ley para prevenir el abuso sexual infantil, así como la ley de mediación y una reforma al Código de Trabajo que establece la inembargabilidad del salario mínimo. Como último punto, vuelve a figurar la elección del primer secretario de la Junta Directiva, lo que refleja que su resolución sigue sin despertar mayor interés entre los diputados.
Sesión solemne
El jueves 11 de septiembre, el Congreso celebrará una sesión solemne por el Día de la Independencia. Al concluir, se continuará con la plenaria destinada a las interpelaciones a ministros de Estado. Ese mismo día por la tarde, los jefes de bloque volverán a reunirse para definir la agenda de la próxima semana, ya que el lunes es asueto y las actividades se reanudarán el martes 16 de septiembre.