La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales hizo público un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la crisis de legitimidad que afecta al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Es noticia. Según el comunicado, la representación de los colegios profesionales ante el CSU es un componente esencial del modelo de cogobierno universitario, y debe ejercerse conforme a los principios de legalidad, legitimidad, temporalidad y representación democrática.
- La Asamblea enfatiza que estos cargos no son personales ni permanentes, sino funciones públicas temporales ligadas estrictamente a procesos electorales válidos y vigentes.
- El pronunciamiento destaca que varios colegios ya realizaron elecciones legítimas para designar a sus representantes ante el CSU y ante distintas facultades, pero esas autoridades electas no han podido asumir sus cargos.
- Señala también la omisión reiterada de convocar a procesos electorales obligatorios, incluida la elección de decanos y otras autoridades clave. Esta falta de renovación ha causado que más del 90 % de los integrantes del Consejo continúen ejerciendo con períodos vencidos, un hecho que compromete directamente la legalidad y certeza institucional.
Qué destacar. En medio de esta situación, la Asamblea cuestiona que el CSU haya conocido, discutido y aprobado modificaciones al Reglamento de Elecciones de la USAC, así como decisiones que inciden en las relaciones laborales del personal académico.
- La emisión de decisiones normativas, estructurales o laborales por parte de personas sin mandato vigente expone dichas resoluciones a riesgos de nulidad, ya que vulneran los principios de representación y temporalidad. El comunicado subraya que ninguna práctica prolongada o tolerada en el tiempo puede convalidar actuaciones realizadas sin legitimidad.
- Aunque el texto se centra en la posición institucional de la Asamblea, el contexto reciente agrava la preocupación. Durante 2025 y enero de 2026, la Corte de Constitucionalidad ordenó en repetidas resoluciones la convocatoria a elecciones para renovar a los miembros del CSU cuyos períodos habían vencido, señalando que la falta de elecciones vulnera la legitimidad y el funcionamiento democrático dentro de la universidad.
- A pesar de ello, el Consejo, bajo la conducción del rector Walter Mazariegos, mantuvo la negativa a ejecutar dichas convocatorias, incluso después de que los magistrados rechazaran sus apelaciones y confirmaran la obligación de renovar a los consejeros.
Entre líneas. La controversia aumentó luego de que el CSU impulsara reformas al Reglamento de Elecciones, reduciendo requisitos de mayoría y ampliando la continuidad de autoridades aun con mandatos vencidos, cambios que diversos medios han señalado como mecanismos que fortalecen la permanencia del rector y de los consejeros afines.
- En paralelo, Mazariegos ha sostenido públicamente que su elección es legítima y que la Corte de Constitucionalidad validó su designación, rechazando los señalamientos de fraude que han persistido desde 2022.
- En este contexto, la Asamblea de Presidentes presenta cuatro llamados principales. El primero es expresar su preocupación institucional por la falta de regularización de la representación ante el CSU y por la aprobación de decisiones de alto impacto en un escenario de ilegitimidad. El segundo es exhortar al Consejo Superior Universitario a proceder de inmediato con la toma de posesión de representantes legítimamente electos, convocar a los procesos electorales pendientes y restablecer el principio de temporalidad en los cargos, evitando la permanencia indebida de personas cuyos períodos ya concluyeron.
- En tercer lugar, solicita revisar y regularizar las decisiones normativas y laborales aprobadas en ausencia de legitimidad, con el fin de garantizar seguridad jurídica, estabilidad institucional y respeto a los derechos universitarios. Finalmente, advierte que la prolongación de estas omisiones compromete la validez de las actuaciones del CSU y expone a la universidad a una situación de vulnerabilidad jurídica.
En conclusión. El pronunciamiento reafirma el compromiso de la Asamblea con la autonomía universitaria.
- Además, el carácter público y democrático de la USAC y su servicio a la población. Sostiene que el respeto a la legalidad y a la legitimidad no debilita la autonomía, sino que la fortalece y protege.
- El texto concluye que este pronunciamiento se emite con carácter institucional, preventivo, correctivo y doctrinario, en defensa del orden jurídico universitario, de la representación legítima y del Estado de derecho.
La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales hizo público un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la crisis de legitimidad que afecta al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Es noticia. Según el comunicado, la representación de los colegios profesionales ante el CSU es un componente esencial del modelo de cogobierno universitario, y debe ejercerse conforme a los principios de legalidad, legitimidad, temporalidad y representación democrática.
- La Asamblea enfatiza que estos cargos no son personales ni permanentes, sino funciones públicas temporales ligadas estrictamente a procesos electorales válidos y vigentes.
- El pronunciamiento destaca que varios colegios ya realizaron elecciones legítimas para designar a sus representantes ante el CSU y ante distintas facultades, pero esas autoridades electas no han podido asumir sus cargos.
- Señala también la omisión reiterada de convocar a procesos electorales obligatorios, incluida la elección de decanos y otras autoridades clave. Esta falta de renovación ha causado que más del 90 % de los integrantes del Consejo continúen ejerciendo con períodos vencidos, un hecho que compromete directamente la legalidad y certeza institucional.
Qué destacar. En medio de esta situación, la Asamblea cuestiona que el CSU haya conocido, discutido y aprobado modificaciones al Reglamento de Elecciones de la USAC, así como decisiones que inciden en las relaciones laborales del personal académico.
- La emisión de decisiones normativas, estructurales o laborales por parte de personas sin mandato vigente expone dichas resoluciones a riesgos de nulidad, ya que vulneran los principios de representación y temporalidad. El comunicado subraya que ninguna práctica prolongada o tolerada en el tiempo puede convalidar actuaciones realizadas sin legitimidad.
- Aunque el texto se centra en la posición institucional de la Asamblea, el contexto reciente agrava la preocupación. Durante 2025 y enero de 2026, la Corte de Constitucionalidad ordenó en repetidas resoluciones la convocatoria a elecciones para renovar a los miembros del CSU cuyos períodos habían vencido, señalando que la falta de elecciones vulnera la legitimidad y el funcionamiento democrático dentro de la universidad.
- A pesar de ello, el Consejo, bajo la conducción del rector Walter Mazariegos, mantuvo la negativa a ejecutar dichas convocatorias, incluso después de que los magistrados rechazaran sus apelaciones y confirmaran la obligación de renovar a los consejeros.
Entre líneas. La controversia aumentó luego de que el CSU impulsara reformas al Reglamento de Elecciones, reduciendo requisitos de mayoría y ampliando la continuidad de autoridades aun con mandatos vencidos, cambios que diversos medios han señalado como mecanismos que fortalecen la permanencia del rector y de los consejeros afines.
- En paralelo, Mazariegos ha sostenido públicamente que su elección es legítima y que la Corte de Constitucionalidad validó su designación, rechazando los señalamientos de fraude que han persistido desde 2022.
- En este contexto, la Asamblea de Presidentes presenta cuatro llamados principales. El primero es expresar su preocupación institucional por la falta de regularización de la representación ante el CSU y por la aprobación de decisiones de alto impacto en un escenario de ilegitimidad. El segundo es exhortar al Consejo Superior Universitario a proceder de inmediato con la toma de posesión de representantes legítimamente electos, convocar a los procesos electorales pendientes y restablecer el principio de temporalidad en los cargos, evitando la permanencia indebida de personas cuyos períodos ya concluyeron.
- En tercer lugar, solicita revisar y regularizar las decisiones normativas y laborales aprobadas en ausencia de legitimidad, con el fin de garantizar seguridad jurídica, estabilidad institucional y respeto a los derechos universitarios. Finalmente, advierte que la prolongación de estas omisiones compromete la validez de las actuaciones del CSU y expone a la universidad a una situación de vulnerabilidad jurídica.
En conclusión. El pronunciamiento reafirma el compromiso de la Asamblea con la autonomía universitaria.
- Además, el carácter público y democrático de la USAC y su servicio a la población. Sostiene que el respeto a la legalidad y a la legitimidad no debilita la autonomía, sino que la fortalece y protege.
- El texto concluye que este pronunciamiento se emite con carácter institucional, preventivo, correctivo y doctrinario, en defensa del orden jurídico universitario, de la representación legítima y del Estado de derecho.
