CIDH condena el “desorden violento” en Bolivia en medio de bloqueos vinculados con Evo Morales

Tras más de siete semanas de bloqueos que sumieron a Bolivia en una crisis política, social y económica sin precedentes recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un mensaje contundente desde la Asamblea General de la OEA: la violencia no puede ser considerada protesta legítima y el Estado tiene la obligación de restablecer el orden democrático frente al “desorden violento”.

Es noticia. El pronunciamiento se produce luego de un conflicto que se extendió entre inicios de mayo y finales de junio de 2026, período en el que el país registró hasta cerca de 100 puntos de bloqueo simultáneos y el virtual aislamiento de ciudades clave como La Paz y El Alto.

• Durante ese lapso, la paralización de carreteras afectó la circulación de bienes esenciales, interrumpió servicios y agravó una ya delicada crisis económica, considerada la peor en cuatro décadas. 
• Aunque las protestas comenzaron como un reclamo social por la inflación, la escasez de combustibles y el rechazo a medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz, rápidamente escalaron hacia un intento político de forzar su renuncia, convirtiéndose en un abierto pulso de poder.
• En ese contexto, distintos sectores como sindicatos, organizaciones campesinas, mineros y cocaleros, articularon una estrategia de presión basada en el bloqueo de rutas, con fuerte impacto en el funcionamiento del país. 

Sí, pero. El elemento más polémico de la crisis ha sido el papel del expresidente Evo Morales.

• Diversos análisis coinciden en que, aunque no fue el único actor, sí actuó como un articulador clave de los bloqueos, respaldando públicamente las protestas y movilizando a su base social, especialmente en el Chapare.
• Además, sectores directamente afines a Morales protagonizaron los últimos focos de bloqueo y mantuvieron la presión incluso cuando otros grupos comenzaban a desmovilizarse. 
• El gobierno boliviano ha ido más allá y señala a Morales de haber orquestado una estrategia de desestabilización, incluso con fines de ruptura del orden constitucional.

Entre líneas. Aunque estos señalamientos no han sido plenamente probados, lo cierto es que el rol político del exmandatario en la radicalización del conflicto resulta innegable, en un escenario donde las protestas dejaron de ser reivindicaciones sectoriales para convertirse en una amenaza directa a la institucionalidad.

• Las consecuencias de esta ofensiva fueron profundas. Los bloqueos causaron pérdidas económicas estimadas en miles de millones de dólares, paralizaron el transporte y el comercio, y generaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos.
• Aún más grave, se reportaron muertes asociadas a la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna, así como situaciones humanitarias críticas derivadas del aislamiento de regiones enteras. 
• Ante este panorama, la reacción internacional no se hizo esperar. La OEA, la CIDH y una coalición de 15 países, incluyendo Guatemala, expresaron su respaldo al gobierno de Paz y advirtieron que los bloqueos violentos constituyeron una amenaza al orden democrático.

En el radar.  En una declaración conjunta, estos países señalaron que una “minoría violenta” intentó socavar la voluntad popular expresada en las urnas y vulneró derechos fundamentales al impedir el acceso a bienes esenciales. En este marco, el pronunciamiento del presidente de la CIDH, el guatemalteco Stuardo Ralón, marcó un punto de inflexión.

• Durante el foro “Bolivia: protección de la democracia representativa frente al desorden violento”, fue enfático: la protesta social es legítima, pero pierde esa protección cuando recurre a la violencia.
• “La violencia que pone en riesgo a las personas y a las instituciones democráticas no es protesta; es desorden que el Estado tiene el deber de enfrentar”, afirmó.
• Ralón subrayó que los bloqueos prolongados vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud y la subsistencia, al impedir el acceso a alimentos, hospitales y medicamentos. En ese sentido, justificó que, cuando el diálogo se agota, el Estado puede intervenir para restablecer el orden, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

En conclusión. El mensaje de la CIDH es claro: lo ocurrido en Bolivia no puede ser romantizado como mera movilización social.

• Se trató de una crisis donde la instrumentalización política de la protesta derivó en un “desorden violento” con consecuencias humanas y económicas graves.
• Y aunque diversos actores participaron, el peso del liderazgo político de Evo Morales y su entorno en la escalada del conflicto coloca nuevamente al exmandatario en el centro de la controversia regional.
• Con el levantamiento progresivo de los bloqueos tras el estado de excepción decretado el 20 de junio, Bolivia inicia una etapa de frágil normalización. Pero la advertencia de la CIDH y el respaldo hemisférico dejan claro que la comunidad internacional observa con preocupación cualquier intento de desestabilización que, bajo el pretexto de la protesta, termine poniendo en riesgo la democracia.