CGC: auditoría debilitada y disputas políticas

La Contraloría General de Cuentas (CGC) con el paso de los años debilitó su función de fiscalizar el gasto público; se ha vuelto complaciente y ha provocado baja calidad del gasto. Otro aspecto criticable ha sido el proceso de entrega del finiquito, documento clave para participar en elecciones; su función se ha politizado.

Por qué importa. El control del gasto público es necesario para verificar el uso correcto de las asignaciones. Asimismo, que las compras, remodelaciones y remozamientos sean de calidad, eficientes y no sobrevaloradas. El objetivo es incrementar la transparencia en todos los procesos.

• En 2016 hubo reformas a la ley electoral; ese año el finiquito se convirtió en un requisito obligatorio para inscribir candidaturas. Con ello, la CGC puede excluir a aspirantes e incidir en el desarrollo del proceso electoral.

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• Con esos cambios, la institución ya no solo administra y controla el gasto público. También incide en la inscripción de postulaciones a cargos de elección popular; tiene un peso político decisivo.

• La academia y grupos gremiales buscaron reducir la intervención política en la elección [de contralor], no obstante, estructuras y actores de poder ejercen presión sobre la Contraloría.

En el radar. La CGC ha fortalecido los programas para la fiscalización, contratando más personal para agilizar los procesos de auditoría y verificación de campo. Y también fortaleciendo los sistemas de transparencia electrónicos.

• Denuncias públicas en redes sociales revelan que las instituciones preparan las mejores oficinas para albergar a los auditores. Les dan la mejor bienvenida y ofrecen almuerzos, comodidades con el fin de contrarrestar alguna denuncia.

• Durante la segunda administración de Carlos Mencos (2015-2018), se contrató un grupo de profesionales para reforzar las auditorías. No obstante, eran frecuentes las quejas por la falta de viáticos para las visitas de campo.

• A pesar de renovar el edificio central de la CGC, ubicado en la zona 13, los espacios son reducidos para albergar a todos los equipos de trabajo. El problema es mayor cuando se debe concentrar el trabajo para la entrega de informes. 

Punto de fricción. La elección del contralor expone cómo los intereses políticos pesan más que la fiscalización del gasto público. La nómina de seis candidatos se convierte en un tablero de ajedrez que responde a alianzas de grupos de poder. Su influencia también se ha infiltrado en la comisión de postulación a través de las universidades aliadas. 

• Uno de los riesgos inminentes en este proceso es que el próximo contralor responda a los intereses del oficialismo, sobre todo en el contexto del año electoral, donde es más necesario evitar que el dinero público se utilice en prebendas políticas.

• Además, condiciona la fiscalización y el seguimiento de las auditorías realizadas en 2025. Según el último informe, están señalados los Ministerios de Salud, Trabajo, Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social.

• La elección politizada de las autoridades ha debilitado la función de la Contraloría. En lugar de fortalecer la fiscalización y combatir la corrupción, la institución queda expuesta a intereses partidarios y oficiales.

En conclusión. La elección del contralor pone sobre la mesa el peso político que tiene la institución. Más allá de fiscalizar del dinero público, sus decisiones impactan procesos electorales, auditorías y el control sobre el uso de los recursos del Estado.

• La elección del contralor se convirtió en una lucha de intereses políticos y alianzas de poder. Los acuerdos pesan más que la experiencia técnica y la capacidad para fiscalizar con independencia.

• Aunque la CGC fortaleció algunos sistemas y amplió el personal de auditoría, persisten prácticas que debilitan la fiscalización. Sin controles y sanciones efectivas, la transparencia seguirá expuesta a presiones políticas.