EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El reciente incremento salarial de los diputados en Guatemala ha generado indignación generalizada. A pesar de acciones legales y críticas, el aumento se mantiene vigente, evidenciando tensiones entre las instituciones y la ciudadanía. Este debate podría tener implicaciones políticas y sociales en el futuro cercano.
Por qué importa. La controversia salarial de los diputados refleja el descontento ciudadano hacia la clase política.
- En noviembre de 2024, los diputados aprobaron un aumento que duplicó sus salarios, pasando de GTQ 29,150 a GTQ 66,300.
- La Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó amparo provisional solicitado por el partido Visión con Valores (VIVA) para revertir esta decisión.
- La medida incrementó las críticas hacia el Congreso, considerado desconectado de las necesidades de la población guatemalteca.
En el radar. Las iniciativas legislativas para revertir el aumento han sido insuficientes y tardías.
- El 25 de marzo, los diputados del partido Movimiento Semilla anunciaron propuestas para revertir el incremento. Sin embargo, la acción llegó dos meses después de haberlo recibido.
- Legisladores de oficialistas como Samuel Pérez intentaron mitigar las críticas prometiendo donar el aumento a obras sociales.
- Mientras tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, dejó sin efecto el acta 21 que oficializaba el incremento, aunque no se ha revertido el pago realizado.
Datos clave. Las acciones legales y la falta de transparencia alimentan la polémica.
- VIVA presentó amparos señalando que la Junta Directiva se excedió en sus atribuciones al aprobar el aumento sin la aprobación del pleno.
- Acción Ciudadana y otros actores han solicitado suspender el incremento, basándose en irregularidades detectadas en los procedimientos.
- La CC había indicado que cualquier aumento debía ser aprobado por el pleno y cumplir con estudios de viabilidad, lo que aparentemente no sucedió. Ahora la Corte no concedió el amparo provisional solicitado. El magistrado Roberto Molina indicó que no procede el amparo porque el análisis legal indica que la Directiva del Congreso actuó con apego en la ley.
Lo que sigue. El impacto político de este debate podría extenderse más allá de 2025.
- Aunque las críticas son fuertes, pocos legisladores han actuado para revertir el aumento, confiando en que la indignación ciudadana disminuya.
- En las elecciones de 2027, este tema podría influir en las decisiones de los votantes si la población no olvida el manejo cuestionable de los recursos públicos.
- La presión social y mediática continuará siendo clave para determinar si el Congreso finalmente toma medidas concretas o el tema queda archivado.
Qué destacar. La magistrada Leyla Lemus emitió voto disidente en relación con este amparo.
- Según Lemus, la Junta Directiva no cumplió con las directrices previas de la Corte de Constitucionalidad, que requerían un análisis presupuestario y la aprobación del Pleno para ejecutar la readecuación salarial.
- El acto cuestionado, según el voto disidente, vulneró el principio de legalidad al exceder las atribuciones delegadas por el Pleno, omitiendo los dictámenes necesarios para justificar la viabilidad financiera y técnica del aumento.
- Además, señala que la equiparación salarial con magistrados judiciales resulta incompatible debido a las diferencias entre ambos poderes.
El reciente incremento salarial de los diputados en Guatemala ha generado indignación generalizada. A pesar de acciones legales y críticas, el aumento se mantiene vigente, evidenciando tensiones entre las instituciones y la ciudadanía. Este debate podría tener implicaciones políticas y sociales en el futuro cercano.
Por qué importa. La controversia salarial de los diputados refleja el descontento ciudadano hacia la clase política.
- En noviembre de 2024, los diputados aprobaron un aumento que duplicó sus salarios, pasando de GTQ 29,150 a GTQ 66,300.
- La Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó amparo provisional solicitado por el partido Visión con Valores (VIVA) para revertir esta decisión.
- La medida incrementó las críticas hacia el Congreso, considerado desconectado de las necesidades de la población guatemalteca.
En el radar. Las iniciativas legislativas para revertir el aumento han sido insuficientes y tardías.
- El 25 de marzo, los diputados del partido Movimiento Semilla anunciaron propuestas para revertir el incremento. Sin embargo, la acción llegó dos meses después de haberlo recibido.
- Legisladores de oficialistas como Samuel Pérez intentaron mitigar las críticas prometiendo donar el aumento a obras sociales.
- Mientras tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, dejó sin efecto el acta 21 que oficializaba el incremento, aunque no se ha revertido el pago realizado.
Datos clave. Las acciones legales y la falta de transparencia alimentan la polémica.
- VIVA presentó amparos señalando que la Junta Directiva se excedió en sus atribuciones al aprobar el aumento sin la aprobación del pleno.
- Acción Ciudadana y otros actores han solicitado suspender el incremento, basándose en irregularidades detectadas en los procedimientos.
- La CC había indicado que cualquier aumento debía ser aprobado por el pleno y cumplir con estudios de viabilidad, lo que aparentemente no sucedió. Ahora la Corte no concedió el amparo provisional solicitado. El magistrado Roberto Molina indicó que no procede el amparo porque el análisis legal indica que la Directiva del Congreso actuó con apego en la ley.
Lo que sigue. El impacto político de este debate podría extenderse más allá de 2025.
- Aunque las críticas son fuertes, pocos legisladores han actuado para revertir el aumento, confiando en que la indignación ciudadana disminuya.
- En las elecciones de 2027, este tema podría influir en las decisiones de los votantes si la población no olvida el manejo cuestionable de los recursos públicos.
- La presión social y mediática continuará siendo clave para determinar si el Congreso finalmente toma medidas concretas o el tema queda archivado.
Qué destacar. La magistrada Leyla Lemus emitió voto disidente en relación con este amparo.
- Según Lemus, la Junta Directiva no cumplió con las directrices previas de la Corte de Constitucionalidad, que requerían un análisis presupuestario y la aprobación del Pleno para ejecutar la readecuación salarial.
- El acto cuestionado, según el voto disidente, vulneró el principio de legalidad al exceder las atribuciones delegadas por el Pleno, omitiendo los dictámenes necesarios para justificar la viabilidad financiera y técnica del aumento.
- Además, señala que la equiparación salarial con magistrados judiciales resulta incompatible debido a las diferencias entre ambos poderes.
