La Corte de Constitucionalidad (CC) fijo un plazo de 48 horas para que se corrijan los errores de redacción en el amparo interpuesto por Samuel Pérez, que busca que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso de la República no se sientan obligados a acatar la orden de cancelación emitida por el juez Fredy Orellana.
Es noticia. Horas después de que el congresista interpusiera el amparo, la presidenta en funciones, Leyla Lemus, estableció un plazo para subsanar los errores de redacción. De no corregirse dentro del tiempo indicado, el amparo será considerado como abandonado.
- La acción presentada por el congresista busca evitar la cancelación del partido, a pesar de que este viernes se dio a conocer que el Registro de Ciudadanos del TSE ya había procedido con la cancelación de la agrupación.
- En respuesta, los diputados ofrecieron una conferencia de prensa donde informaron que habían apelado la decisión del Registro de Ciudadanos.
- Asimismo, advirtieron que tomarían otras acciones legales para impedir que el partido sea cancelado.
Los datos. La cancelación de la agrupación, dictada por Orellana, se realizó a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche. Esta solicitud se basó en las sentencias condenatorias derivadas del procedimiento de aceptación de cargos.
- El documento, enviado al Congreso y al TSE, se refiere a las condenas emitidas por esa vía contra la exdiputada y directora del Instituto de Atención a la Víctima, Ligia Hernández, por los delitos de financiamiento electoral no registrado y de la fiscalización electoral de fondos.
- También se menciona la condena de José Alejandro Rueda por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
- Además, se incluyen a Jennyfer Estrada Escobar y Katherine Johana Quezada Villatoro por el delito de incumplimiento de deberes.
La Corte de Constitucionalidad (CC) fijo un plazo de 48 horas para que se corrijan los errores de redacción en el amparo interpuesto por Samuel Pérez, que busca que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso de la República no se sientan obligados a acatar la orden de cancelación emitida por el juez Fredy Orellana.
Es noticia. Horas después de que el congresista interpusiera el amparo, la presidenta en funciones, Leyla Lemus, estableció un plazo para subsanar los errores de redacción. De no corregirse dentro del tiempo indicado, el amparo será considerado como abandonado.
- La acción presentada por el congresista busca evitar la cancelación del partido, a pesar de que este viernes se dio a conocer que el Registro de Ciudadanos del TSE ya había procedido con la cancelación de la agrupación.
- En respuesta, los diputados ofrecieron una conferencia de prensa donde informaron que habían apelado la decisión del Registro de Ciudadanos.
- Asimismo, advirtieron que tomarían otras acciones legales para impedir que el partido sea cancelado.
Los datos. La cancelación de la agrupación, dictada por Orellana, se realizó a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche. Esta solicitud se basó en las sentencias condenatorias derivadas del procedimiento de aceptación de cargos.
- El documento, enviado al Congreso y al TSE, se refiere a las condenas emitidas por esa vía contra la exdiputada y directora del Instituto de Atención a la Víctima, Ligia Hernández, por los delitos de financiamiento electoral no registrado y de la fiscalización electoral de fondos.
- También se menciona la condena de José Alejandro Rueda por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
- Además, se incluyen a Jennyfer Estrada Escobar y Katherine Johana Quezada Villatoro por el delito de incumplimiento de deberes.