Caso Odebrecht: Fiscalía de Guatemala solicita captura de Iván Velásquez, la fiscal de Colombia y Alfonso Carrillo

En un nuevo giro dentro del escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó la captura internacional contra varios exfuncionarios y abogados vinculados al caso.

Es noticia. Entre los señalados se encuentran Iván Velásquez, exjefe de la extinta CICIG; Luz Adriana Camargo, mano derecha de Velásquez en la CICIG y actual fiscal de Colombia; así como los abogados Alfonso Carrillo y Juan Pablo Carrasco, y los exfuncionarios del Ministerio Público, Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Francisco Sandoval.

• Además, se ha ordenado la detención de varios personeros de la empresa constructora brasileña.
• Las órdenes fueron emitidas a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que acusa a los implicados de delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, colusión y conspiración.
• Según la investigación, el grupo habría participado en la defraudación de casi GTQ3 000M, obtenidos mediante préstamos internacionales destinados a la construcción de una carretera que nunca se ejecutó.

En perspectiva. Este movimiento judicial representa una ampliación de una orden de captura emitida en enero de 2023 contra algunos de los mencionados, pero ahora adquiere carácter internacional.

• También se han agregado nuevos nombres a la lista de procesados.
• El Juzgado de Mayor Riesgo “D” había decretado previamente la rebeldía y la captura de los brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, quienes no se presentaron a una audiencia de primera declaración.
• Los dos extranjeros, vinculados a Odebrecht, habían negociado acuerdos de colaboración con el Ministerio Público (MP) bajo el liderazgo de Thelma Aldana y la FECI, entonces dirigida por Sandoval. Estos acuerdos les permitieron evitar la persecución penal a cambio de información sobre el caso.

Qué destacar. Los préstamos aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ascendieron a USD399.4M (GtQ3 075M), de los cuales Odebrecht recibió USD254M (GtQ1 959M). Sin embargo, la carretera que debía conectar Cocales, Suchitepéquez, con Tecún Umán, San Marcos, no fue construida.

• Las órdenes de captura incluyen figuras clave como David Gaitán, exmandatario de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como abogados y exfuncionarios que fueron parte de los acuerdos con Odebrecht. La FECI señala que los implicados favorecieron a la constructora brasileña a cambio de sobornos y negociaciones irregulares.
• Además, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, presentó pruebas que incluyen correos electrónicos y comunicaciones que muestran cómo se establecieron los acuerdos de colaboración eficaz con los empresarios brasileños, permitiendo que evadieran la justicia guatemalteca.
• Uno de los señalados, Velásquez, quien lideró la CICIG en Guatemala, era ministro de Defensa de Colombia y ahora es embajador en el Vaticano. Debido a su posición y el acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU, cuenta con cierta protección diplomática, lo que podría dificultar su extradición.

En conclusión. Pese a la inmunidad que pudieran protegerlo, las autoridades guatemaltecas han manifestado su intención de continuar con acciones legales contra Velásquez y contra Camargo, quien también formó parte de la CICIG y participó en la firma de los acuerdos con Odebrecht.

• Este escándalo marca un nuevo capítulo en el complejo entramado de corrupción alrededor del caso Odebrecht. La captura de los involucrados podría generar tensiones a nivel internacional, especialmente con Colombia y Estados Unidos, donde algunos de los acusados residen actualmente.
• Las investigaciones continúan, y se espera que en los próximos meses se definan nuevas medidas judiciales contra otros implicados.
• Mientras tanto, la sociedad guatemalteca sigue atenta a un proceso que ha expuesto las irregularidades en el manejo de fondos públicos y la colusión entre actores políticos y exfuncionarios.