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Ilustración Miltón
Glenda Sanchez
20 de junio, 2024

Fiestas, convenciones, conciertos, actividades recreativas y artísticas, son los eventos que realizan los grupos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), interesados en integrar las Comisiones de Postulación para presentar la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).   

  • Todo parece normal, lo inquietante es quiénes o cómo se financian los eventos. Desde que entró en vigor la normativa de las comisiones no se han fiscalizado los fondos.  

En perspectiva. Hace un mes empezó la campaña para que las diez agrupaciones promuevan a sus candidatos (tanto para CSJ como para la CA). El 21 de junio se tiene programada la elección en las sedes habilitadas en el país.     

  • Las planillas son: UNIÓN, Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP), Justicia por el Derecho, Movimiento de Renovación Gremial, Alternativa Renovadora de Abogados y Notarios (ARAN), Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho. Además, Vanguardia Profesional, Coalición Gremial, Alianza de Profesionales por la Justicia (APJ) y Agrupación de Solidaridad de Profesionales Afines (ASPA).   
  • Sin embargo, “la competencia no es pareja por la ausencia de mecanismos que regulen las actividades de las agrupaciones. Se ha evidenciado campaña anticipada o negra, proselitismo y competencia desleal. Lo más preocupante es la inexistencia de una unidad que fiscalice los recursos”, señalan las fuentes consultadas.  
  • Coinciden que siendo un evento democrático el proceso requiere de transparencia, porque los profesionales tienen la responsabilidad de seleccionar los mejores perfiles para las altas cortes y entregarlos al Congreso.   

Entre líneas. Actualmente, se desconoce quiénes desembolsan los fondos. Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de algunas planillas y en redes sociales se denuncia que son los mismos operadores los que apoyan, es decir, Gustavo Alejos, –exsecretario Privado de la Presidencia–, Roberto López Villatoro, Estuardo Gálvez, exrector de USAC, entre otros.  

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  • También mencionan a Alfonso Portillo; Nester Vásquez Pimentel –presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC)–; Manuel Baldizón, Freddy Cabrera; Armando Escribá, entre otros. Sospechan que usan dinero de la USAC, el Organismo Judicial, del Registro de Información Catastral (RIC). De la CC y del mismo CANG para pagar los eventos.  Disfrazan de foros, talleres o actividades recreativas para las promociones.   
  • Vinculan a “Portillo y Alejos con la planilla Coalición Gremial, al exrector y Henry Arreaga, actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC con el grupo Plataforma de Profesionales por la Justicia. Además, ASPA con Vásquez y Escribá, la planilla UGAP –también– con Alejos, y Unión por la Justicia con oenegés”.   
  • Afirman que la táctica es financiar a varios grupos para asegurar los escaños (en la elección se utiliza el método D’Hont de reparto por minorías) y lograr mayor peso para nominar a los postulantes en las comisiones.  

Voces. Las agrupaciones desmienten los señalamientos. Algunas afirman que sus actividades son autofinanciadas por los agremiados, amigos y familiares. Otras aprovechan las redes sociales, aplicaciones para divulgar los eventos y ganar adeptos.   

  • A la planilla (8) (Unidad por la Justicia) se le identifica como “la del Gobierno”, misma que apoya el ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, condenado en tres procesos penales. “Se ha financiado [la planilla] con aportes de los integrantes y grupos de abogados. Los eventos han sido públicos y la convocatoria siempre es por redes sociales”, indica Gregorio Saavedra, quien la encabeza.  
  • Mynor Berganza de ARAN explica que “son los propios candidatos los que hacen colectas para los eventos. La carencia de fondos los limita a cubrir todos los departamentos; sin embargo, se niegan a recibir dinero de personas extrañas. “No dudo que los gastos de varias planillas son millonarios y de organizaciones poco confiables”, manifiesta.   
  • Mercedes Sandoval, representante de la planilla (10) Vanguardia de Profesionales, asevera que la independencia es parte de su esencia. Y desembolsar recursos propios (dinero de nuestro trabajo, familia, amigos) los hace distintos a las otras agrupaciones. “No tenemos atrás a ningún político, magistrado, rector como otras planillas”, agrega Sandoval. Se vincula a una abogada conocida como “La mandataria” a esta planilla. 

El balance. Los entrevistados coinciden en que es necesario crear una unidad fiscalizadora en el CANG para transparentar los procesos; sin embargo, el actual proceso dista mucho de ello y, por el contrario, se ve ensombrecido por la interferencia de quienes buscan impunidad y control indebido de las cortes. 

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Comisiones de Postulación Comisiones de Postulación
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Glenda SanchezGlenda Sanchez
Glenda Sanchez
20 de junio, 2024

Fiestas, convenciones, conciertos, actividades recreativas y artísticas, son los eventos que realizan los grupos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), interesados en integrar las Comisiones de Postulación para presentar la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).   

  • Todo parece normal, lo inquietante es quiénes o cómo se financian los eventos. Desde que entró en vigor la normativa de las comisiones no se han fiscalizado los fondos.  

En perspectiva. Hace un mes empezó la campaña para que las diez agrupaciones promuevan a sus candidatos (tanto para CSJ como para la CA). El 21 de junio se tiene programada la elección en las sedes habilitadas en el país.     

  • Las planillas son: UNIÓN, Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP), Justicia por el Derecho, Movimiento de Renovación Gremial, Alternativa Renovadora de Abogados y Notarios (ARAN), Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho. Además, Vanguardia Profesional, Coalición Gremial, Alianza de Profesionales por la Justicia (APJ) y Agrupación de Solidaridad de Profesionales Afines (ASPA).   
  • Sin embargo, “la competencia no es pareja por la ausencia de mecanismos que regulen las actividades de las agrupaciones. Se ha evidenciado campaña anticipada o negra, proselitismo y competencia desleal. Lo más preocupante es la inexistencia de una unidad que fiscalice los recursos”, señalan las fuentes consultadas.  
  • Coinciden que siendo un evento democrático el proceso requiere de transparencia, porque los profesionales tienen la responsabilidad de seleccionar los mejores perfiles para las altas cortes y entregarlos al Congreso.   

Entre líneas. Actualmente, se desconoce quiénes desembolsan los fondos. Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de algunas planillas y en redes sociales se denuncia que son los mismos operadores los que apoyan, es decir, Gustavo Alejos, –exsecretario Privado de la Presidencia–, Roberto López Villatoro, Estuardo Gálvez, exrector de USAC, entre otros.  

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  • También mencionan a Alfonso Portillo; Nester Vásquez Pimentel –presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC)–; Manuel Baldizón, Freddy Cabrera; Armando Escribá, entre otros. Sospechan que usan dinero de la USAC, el Organismo Judicial, del Registro de Información Catastral (RIC). De la CC y del mismo CANG para pagar los eventos.  Disfrazan de foros, talleres o actividades recreativas para las promociones.   
  • Vinculan a “Portillo y Alejos con la planilla Coalición Gremial, al exrector y Henry Arreaga, actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC con el grupo Plataforma de Profesionales por la Justicia. Además, ASPA con Vásquez y Escribá, la planilla UGAP –también– con Alejos, y Unión por la Justicia con oenegés”.   
  • Afirman que la táctica es financiar a varios grupos para asegurar los escaños (en la elección se utiliza el método D’Hont de reparto por minorías) y lograr mayor peso para nominar a los postulantes en las comisiones.  

Voces. Las agrupaciones desmienten los señalamientos. Algunas afirman que sus actividades son autofinanciadas por los agremiados, amigos y familiares. Otras aprovechan las redes sociales, aplicaciones para divulgar los eventos y ganar adeptos.   

  • A la planilla (8) (Unidad por la Justicia) se le identifica como “la del Gobierno”, misma que apoya el ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, condenado en tres procesos penales. “Se ha financiado [la planilla] con aportes de los integrantes y grupos de abogados. Los eventos han sido públicos y la convocatoria siempre es por redes sociales”, indica Gregorio Saavedra, quien la encabeza.  
  • Mynor Berganza de ARAN explica que “son los propios candidatos los que hacen colectas para los eventos. La carencia de fondos los limita a cubrir todos los departamentos; sin embargo, se niegan a recibir dinero de personas extrañas. “No dudo que los gastos de varias planillas son millonarios y de organizaciones poco confiables”, manifiesta.   
  • Mercedes Sandoval, representante de la planilla (10) Vanguardia de Profesionales, asevera que la independencia es parte de su esencia. Y desembolsar recursos propios (dinero de nuestro trabajo, familia, amigos) los hace distintos a las otras agrupaciones. “No tenemos atrás a ningún político, magistrado, rector como otras planillas”, agrega Sandoval. Se vincula a una abogada conocida como “La mandataria” a esta planilla. 

El balance. Los entrevistados coinciden en que es necesario crear una unidad fiscalizadora en el CANG para transparentar los procesos; sin embargo, el actual proceso dista mucho de ello y, por el contrario, se ve ensombrecido por la interferencia de quienes buscan impunidad y control indebido de las cortes. 

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