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19 de enero, 2026
Las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la delincuencia vuelven a cobrar fuerza fuera de El Salvador. Su advertencia —que un Estado incapaz de combatir el crimen se convierte en un Estado fallido— encuentra eco en Guatemala, donde ataques armados contra la Policía reabrieron el debate sobre control territorial, cárceles y capacidad institucional.
Es noticia. Guatemala enfrenta una escalada de violencia tras recuperar el control del penal Renovación I, en Escuintla. La ofensiva estatal fue seguida por ataques armados casi simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), atribuidos a represalias de estructuras criminales vinculadas al sistema penitenciario.
- El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la muerte de nueve agentes de la PNC y nueve heridos durante las agresiones, registradas en distintos puntos urbanos contra patrullas y personal en servicio.
- El Ministerio de Gobernación activó protocolos de emergencia y solicitó apoyo del Ejército para resguardar instalaciones estratégicas y a la población civil, tras disturbios en al menos tres centros penitenciarios.
- Las autoridades reiteraron que no existen negociaciones con pandillas y que cualquier eventual estado de excepción dependerá de una decisión presidencial, mientras continúan capturas y decomisos de armas.
Qué destacar. En este contexto, reaparece con fuerza un video del presidente Nayib Bukele donde describe a la criminalidad como un “gobierno paralelo” que sustituye al Estado cuando este pierde el monopolio de la fuerza y el control del territorio.
- Bukele sostiene que la delincuencia impone una “dictadura del crimen” sin legitimidad democrática, donde nadie puede elegir ni remover a quienes ejercen la violencia, y donde la extorsión funciona como un impuesto obligatorio.
- En su diagnóstico, cuando el Estado no logra enfrentar a estos grupos y estos controlan territorios y coerción, se configura un Estado fallido, incapaz de proteger vida y propiedad.
- El mensaje conecta con la experiencia salvadoreña previa a 2022, cuando las pandillas tenían más control territorial que el gobierno formal y condicionaban la acción policial mediante represalias.
Ecos regionales. El discurso de Bukele se proyecta en Centroamérica a partir del llamado “Modelo Bukele”, basado en estados de excepción y encarcelamiento masivo, promovido como respuesta eficaz frente a la violencia criminal.
- Desde marzo de 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción renovado mensualmente, con más de 110 mil personas en prisión y una reducción de homicidios superior al 80 %, según la Policía salvadoreña.
- El gobierno salvadoreño argumenta que recuperó el control territorial y quebró la capacidad operativa interna de las pandillas, aunque organismos internacionales alertan sobre debilitamiento institucional.
- Para países como Guatemala, donde las maras operan de forma transnacional, el debate se centra en si la contención por la fuerza puede sostenerse sin afectar democracia, justicia y derechos fundamentales.
Hemeroteca. Antes del régimen de excepción, El Salvador fue considerado la “capital mundial del asesinato”, con tasas de homicidio que alcanzaron 106 por cada 100 mil habitantes en 2015, tras años de treguas fallidas y negociaciones opacas.
- Investigaciones estadounidenses documentaron contactos entre funcionarios y líderes pandilleros para reducir violencia, lo que derivó en sanciones financieras contra asesores de seguridad de Bukele.
- En tres años, el régimen pasó de medida temporal a política permanente, con reformas penales que permiten juicios masivos y detenciones grupales, cuestionadas por contravenir estándares internacionales.
- Organismos como la CIDH reportan muertes bajo custodia estatal, denuncias de tortura y falta de acceso a información, mientras el Ejecutivo prioriza inversión en seguridad sobre otras áreas sociales críticas.
Ahora qué. En Guatemala, el desafío inmediato es sostener el control penitenciario y limitar la capacidad de reacción externa de las pandillas sin romper el marco legal ni erosionar contrapesos democráticos.
- El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó respaldo total del Ejército a Gobernación, mientras la PNC, dirigida por David Custodio Boteo, afirma actuar con apego a derechos humanos.
- Analistas advierten que la respuesta estatal debe fortalecer inteligencia criminal y justicia, no solo la fuerza, para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operación del crimen organizado.
- El debate regional queda abierto: cómo garantizar seguridad, vida y propiedad sin normalizar estados de excepción permanentes ni ceder espacio a un poder paralelo armado.
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19 de enero, 2026
Las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la delincuencia vuelven a cobrar fuerza fuera de El Salvador. Su advertencia —que un Estado incapaz de combatir el crimen se convierte en un Estado fallido— encuentra eco en Guatemala, donde ataques armados contra la Policía reabrieron el debate sobre control territorial, cárceles y capacidad institucional.
Es noticia. Guatemala enfrenta una escalada de violencia tras recuperar el control del penal Renovación I, en Escuintla. La ofensiva estatal fue seguida por ataques armados casi simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), atribuidos a represalias de estructuras criminales vinculadas al sistema penitenciario.
- El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la muerte de nueve agentes de la PNC y nueve heridos durante las agresiones, registradas en distintos puntos urbanos contra patrullas y personal en servicio.
- El Ministerio de Gobernación activó protocolos de emergencia y solicitó apoyo del Ejército para resguardar instalaciones estratégicas y a la población civil, tras disturbios en al menos tres centros penitenciarios.
- Las autoridades reiteraron que no existen negociaciones con pandillas y que cualquier eventual estado de excepción dependerá de una decisión presidencial, mientras continúan capturas y decomisos de armas.
Qué destacar. En este contexto, reaparece con fuerza un video del presidente Nayib Bukele donde describe a la criminalidad como un “gobierno paralelo” que sustituye al Estado cuando este pierde el monopolio de la fuerza y el control del territorio.
- Bukele sostiene que la delincuencia impone una “dictadura del crimen” sin legitimidad democrática, donde nadie puede elegir ni remover a quienes ejercen la violencia, y donde la extorsión funciona como un impuesto obligatorio.
- En su diagnóstico, cuando el Estado no logra enfrentar a estos grupos y estos controlan territorios y coerción, se configura un Estado fallido, incapaz de proteger vida y propiedad.
- El mensaje conecta con la experiencia salvadoreña previa a 2022, cuando las pandillas tenían más control territorial que el gobierno formal y condicionaban la acción policial mediante represalias.
Ecos regionales. El discurso de Bukele se proyecta en Centroamérica a partir del llamado “Modelo Bukele”, basado en estados de excepción y encarcelamiento masivo, promovido como respuesta eficaz frente a la violencia criminal.
- Desde marzo de 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción renovado mensualmente, con más de 110 mil personas en prisión y una reducción de homicidios superior al 80 %, según la Policía salvadoreña.
- El gobierno salvadoreño argumenta que recuperó el control territorial y quebró la capacidad operativa interna de las pandillas, aunque organismos internacionales alertan sobre debilitamiento institucional.
- Para países como Guatemala, donde las maras operan de forma transnacional, el debate se centra en si la contención por la fuerza puede sostenerse sin afectar democracia, justicia y derechos fundamentales.
Hemeroteca. Antes del régimen de excepción, El Salvador fue considerado la “capital mundial del asesinato”, con tasas de homicidio que alcanzaron 106 por cada 100 mil habitantes en 2015, tras años de treguas fallidas y negociaciones opacas.
- Investigaciones estadounidenses documentaron contactos entre funcionarios y líderes pandilleros para reducir violencia, lo que derivó en sanciones financieras contra asesores de seguridad de Bukele.
- En tres años, el régimen pasó de medida temporal a política permanente, con reformas penales que permiten juicios masivos y detenciones grupales, cuestionadas por contravenir estándares internacionales.
- Organismos como la CIDH reportan muertes bajo custodia estatal, denuncias de tortura y falta de acceso a información, mientras el Ejecutivo prioriza inversión en seguridad sobre otras áreas sociales críticas.
Ahora qué. En Guatemala, el desafío inmediato es sostener el control penitenciario y limitar la capacidad de reacción externa de las pandillas sin romper el marco legal ni erosionar contrapesos democráticos.
- El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó respaldo total del Ejército a Gobernación, mientras la PNC, dirigida por David Custodio Boteo, afirma actuar con apego a derechos humanos.
- Analistas advierten que la respuesta estatal debe fortalecer inteligencia criminal y justicia, no solo la fuerza, para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operación del crimen organizado.
- El debate regional queda abierto: cómo garantizar seguridad, vida y propiedad sin normalizar estados de excepción permanentes ni ceder espacio a un poder paralelo armado.
