EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los bloqueos en el municipio de Lívingston han encendido las alarmas entre autoridades y sectores productivos, no solo por su impacto en la libre locomoción y la economía local, sino por la posibilidad de que detrás de estas acciones se oculten intereses vinculados al narcotráfico.
Qué destacar. Aunque la versión más difundida entre los manifestantes es que los bloqueos responden a una oposición a proyectos mineros, esta narrativa ha sido cuestionada.
- El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que actualmente no existen licencias de explotación minera activas en la zona.
- Los proyectos señalados, como el de Río Níquel de la empresa Central American Nickel, únicamente cuentan con licencias ambientales, pero no con autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para operar.
- El MARN informó que ha escuchado las preocupaciones de 53 comunidades de Lívingston sobre el posible impacto ambiental de 10 proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz. En respuesta, realizó inspecciones de campo y compartió los informes finales con las partes interesadas el pasado 16 de junio. “Instamos a los grupos comunitarios a deponer las medidas de hecho y liberar el paso para que la población pueda transitar con libertad”, indicó la institución.
Sí, pero. Sin embargo, una segunda versión ha comenzado a tomar fuerza: la posible manipulación de algunos grupos comunitarios por parte de estructuras del narcotráfico que operan en la región.
- Estas organizaciones criminales verían en la llegada de empresas formales una amenaza a sus operaciones, debido al aumento de presencia institucional y controles en el territorio.
- Este patrón no es nuevo. En el Valle del Polochic, también en Izabal, se ha documentado cómo grupos criminales, en alianza con invasores de tierras y bajo la protección de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos, han promovido conflictos sociales para mantener zonas liberadas de control estatal.
- En esa región, las usurpaciones de tierras han servido como fachada para facilitar el aterrizaje de narcoavionetas procedentes de Sudamérica. Las autoridades identificaron -en años recientes- al menos 49 pistas clandestinas en el área.
En el radar. La situación de seguridad es crítica. Las comunidades cuentan con poca o nula presencia de las fuerzas de seguridad.
- En El Estor, uno de los municipios más grandes, la ausencia del Estado ha permitido que algunas comunidades impongan su propia ley, bloqueen carreteras, destruyan propiedad privada y expulsen a las autoridades, como ocurrió en el pasado reciente.
- A esta crisis se suma la incertidumbre para las pocas empresas que durante años han generado empleo y prosperidad económica. Tanto en El Estor como en Panzós, la inversión quedo paralizada. Miles de empleos se perdieron con el cierre de los dos proyectos mineros.
En conclusión. En este contexto, se han decretado estados de sitio que fueron un alivio temporal frente a la permanente ingobernabilidad.
- Sin embargo, expertos advierten que sin una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo y presencia institucional sostenida, el vacío de poder seguirá siendo aprovechado por estructuras criminales, como parece suceder ahora.
- La situación en Lívingston no puede analizarse de forma aislada. Es parte de un patrón más amplio de conflictividad social, manipulación ideológica y crimen organizado que se ha arraigado en regiones donde el Estado ha estado ausente por décadas.
- La minería puede ser el pretexto, pero el verdadero conflicto parece estar en quién controla el territorio.
Los bloqueos en el municipio de Lívingston han encendido las alarmas entre autoridades y sectores productivos, no solo por su impacto en la libre locomoción y la economía local, sino por la posibilidad de que detrás de estas acciones se oculten intereses vinculados al narcotráfico.
Qué destacar. Aunque la versión más difundida entre los manifestantes es que los bloqueos responden a una oposición a proyectos mineros, esta narrativa ha sido cuestionada.
- El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que actualmente no existen licencias de explotación minera activas en la zona.
- Los proyectos señalados, como el de Río Níquel de la empresa Central American Nickel, únicamente cuentan con licencias ambientales, pero no con autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para operar.
- El MARN informó que ha escuchado las preocupaciones de 53 comunidades de Lívingston sobre el posible impacto ambiental de 10 proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz. En respuesta, realizó inspecciones de campo y compartió los informes finales con las partes interesadas el pasado 16 de junio. “Instamos a los grupos comunitarios a deponer las medidas de hecho y liberar el paso para que la población pueda transitar con libertad”, indicó la institución.
Sí, pero. Sin embargo, una segunda versión ha comenzado a tomar fuerza: la posible manipulación de algunos grupos comunitarios por parte de estructuras del narcotráfico que operan en la región.
- Estas organizaciones criminales verían en la llegada de empresas formales una amenaza a sus operaciones, debido al aumento de presencia institucional y controles en el territorio.
- Este patrón no es nuevo. En el Valle del Polochic, también en Izabal, se ha documentado cómo grupos criminales, en alianza con invasores de tierras y bajo la protección de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos, han promovido conflictos sociales para mantener zonas liberadas de control estatal.
- En esa región, las usurpaciones de tierras han servido como fachada para facilitar el aterrizaje de narcoavionetas procedentes de Sudamérica. Las autoridades identificaron -en años recientes- al menos 49 pistas clandestinas en el área.
En el radar. La situación de seguridad es crítica. Las comunidades cuentan con poca o nula presencia de las fuerzas de seguridad.
- En El Estor, uno de los municipios más grandes, la ausencia del Estado ha permitido que algunas comunidades impongan su propia ley, bloqueen carreteras, destruyan propiedad privada y expulsen a las autoridades, como ocurrió en el pasado reciente.
- A esta crisis se suma la incertidumbre para las pocas empresas que durante años han generado empleo y prosperidad económica. Tanto en El Estor como en Panzós, la inversión quedo paralizada. Miles de empleos se perdieron con el cierre de los dos proyectos mineros.
En conclusión. En este contexto, se han decretado estados de sitio que fueron un alivio temporal frente a la permanente ingobernabilidad.
- Sin embargo, expertos advierten que sin una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo y presencia institucional sostenida, el vacío de poder seguirá siendo aprovechado por estructuras criminales, como parece suceder ahora.
- La situación en Lívingston no puede analizarse de forma aislada. Es parte de un patrón más amplio de conflictividad social, manipulación ideológica y crimen organizado que se ha arraigado en regiones donde el Estado ha estado ausente por décadas.
- La minería puede ser el pretexto, pero el verdadero conflicto parece estar en quién controla el territorio.
