EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, prevista para este 18 de noviembre, fue cancelada. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia argumentó que la decisión se tomó luego de que el mandatario, Bernardo Arévalo, determinara adelantarla para la noche del 17. La resolución tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como a la población en general.
El gobernante se pronunció respecto a los allanamientos realizados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero en la residencia del ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, y evidenció, una vez más, la incomodidad que le provocan las acciones del Ministerio Público (MP), afirmando que la justicia en Guatemala está en crisis. También aprovechó la ocasión para manifestarle su apoyo incondicional al exfuncionario y agradecerle el haber servido a la patria durante los meses que estuvo al frente del CIV.
De manera contundente calificó esas diligencias de “deleznables” y dijo que este tipo de hechos solo demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia, haciendo referencia a casos como el de José Rubén Zamora. Pero lo más relevante fue cuando aseguró que no permitirá que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecute órdenes "ilegales" del ente investigador y que citará de manera urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, pues, en su opinión, ella está vulnerando la independencia del MP; declaraciones desafortunadas con las que hizo evidente su desconocimiento por las leyes de Guatemala.
En estos diez meses al frente del Ejecutivo, Arévalo no ha dado tregua a su batalla en contra de Porras; es indiscutible su intención de destituirla del cargo y, por lo visto, no hay deseos de colaborar de manera interinstitucional. El MP respondió a los señalamientos del presidente por medio de un comunicado.
Para la Fiscalía, las acciones de todo funcionario deben estar orientadas a reforzar el Estado Constitucional de Derecho, al respeto a la Constitución y la protección de la democracia, garantizando siempre un equilibrio entre los distintos poderes y funciones del Estado. Asimismo, advierte al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y a la PNC que están obligados a colaborar con las investigaciones que se les requieran y que, en caso de incumplimiento o negligencia, los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales.
Para la diputada de VALOR, Sandra Jovel, Arévalo da a entender que no conoce cómo funciona la independencia de poderes. Por otro lado, deja a deshonra el papel que está jugando; para bien o para mal, es el presidente de la República y debería conocer, como mínimo, el ejercicio de los tres organismos.
La opinión la comparte el diputado de VAMOS, Héctor Aldana, quien agrega que es lamentable que el mandatario se empeñe en enfocarse en temas legales, cuando descuida por completo las necesidades de los guatemaltecos. “Hoy está colapsada la economía, las carreteras […] estamos al borde del precipicio y en 10 meses lo único que hemos encontrado son excusas”, expresó.
La fiscal general Consuelo Porras, designada por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, ha sido la más coherente en este juego de palabras y acciones entre el Ejecutivo y el MP.
La conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, prevista para este 18 de noviembre, fue cancelada. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia argumentó que la decisión se tomó luego de que el mandatario, Bernardo Arévalo, determinara adelantarla para la noche del 17. La resolución tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como a la población en general.
El gobernante se pronunció respecto a los allanamientos realizados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero en la residencia del ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, y evidenció, una vez más, la incomodidad que le provocan las acciones del Ministerio Público (MP), afirmando que la justicia en Guatemala está en crisis. También aprovechó la ocasión para manifestarle su apoyo incondicional al exfuncionario y agradecerle el haber servido a la patria durante los meses que estuvo al frente del CIV.
De manera contundente calificó esas diligencias de “deleznables” y dijo que este tipo de hechos solo demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia, haciendo referencia a casos como el de José Rubén Zamora. Pero lo más relevante fue cuando aseguró que no permitirá que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecute órdenes "ilegales" del ente investigador y que citará de manera urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, pues, en su opinión, ella está vulnerando la independencia del MP; declaraciones desafortunadas con las que hizo evidente su desconocimiento por las leyes de Guatemala.
En estos diez meses al frente del Ejecutivo, Arévalo no ha dado tregua a su batalla en contra de Porras; es indiscutible su intención de destituirla del cargo y, por lo visto, no hay deseos de colaborar de manera interinstitucional. El MP respondió a los señalamientos del presidente por medio de un comunicado.
Para la Fiscalía, las acciones de todo funcionario deben estar orientadas a reforzar el Estado Constitucional de Derecho, al respeto a la Constitución y la protección de la democracia, garantizando siempre un equilibrio entre los distintos poderes y funciones del Estado. Asimismo, advierte al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y a la PNC que están obligados a colaborar con las investigaciones que se les requieran y que, en caso de incumplimiento o negligencia, los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales.
Para la diputada de VALOR, Sandra Jovel, Arévalo da a entender que no conoce cómo funciona la independencia de poderes. Por otro lado, deja a deshonra el papel que está jugando; para bien o para mal, es el presidente de la República y debería conocer, como mínimo, el ejercicio de los tres organismos.
La opinión la comparte el diputado de VAMOS, Héctor Aldana, quien agrega que es lamentable que el mandatario se empeñe en enfocarse en temas legales, cuando descuida por completo las necesidades de los guatemaltecos. “Hoy está colapsada la economía, las carreteras […] estamos al borde del precipicio y en 10 meses lo único que hemos encontrado son excusas”, expresó.
La fiscal general Consuelo Porras, designada por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, ha sido la más coherente en este juego de palabras y acciones entre el Ejecutivo y el MP.
