EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presidente Bernardo Arévalo enfrenta una decisión política crucial: vetar o sancionar el decreto 7-2025, aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, sin discusión y de urgencia nacional. La normativa asegura que los fondos no ejecutados pasen automáticamente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), lo que ha desatado críticas desde el gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Es noticia. El Congreso aprobó con 107 votos el decreto 7-2025 que permite trasladar saldos no ejecutados a los CODEDES, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión se registró el mismo día en que la iniciativa fue leída en el pleno y remitida a la comisión para que iniciara el proceso legislativo.
- La votación de urgencia se produjo con un bloque opositor, liderado por Luis Aguirre y Nadia de León, que sumó 107 votos.
- El decreto plantea que los saldos por devengar queden disponibles en una cuenta única para continuidad de obras en 2026, aun si faltan los convenios firmados.
- El hecho desató llamados públicos al veto presidencial por parte del Ministerio de Finanzas, cámaras empresariales y tanques de pensamiento.
Punto de fricción. La controversia política se concentra en dos riesgos: el debilitamiento de controles y el uso clientelar de recursos en un año preelectoral. Distintos sectores ven en el decreto incentivos para relaciones opaques entre alcaldes y diputados.
- El titular de la cartera del tesoro, Jonathan Menkos, anunció que recomendará al mandatario vetar el decreto por riesgos fiscales y procedimentales.
- Cámaras empresariales pidieron públicamente el veto, alegando violación del principio de anualidad.
- Críticos sostienen que la norma reduce requisitos de preparación técnica y de control para proyectos multianuales.
Lo que sigue. El ejecutivo debe calibrar costos políticos: vetar, arriesga una reacción legislativa que podría intentar superar el veto; sancionarlo expone al gobierno a críticas por falta de control fiscal y presunta connivencia con prácticas clientelares.
- Si Arévalo veta, la oposición necesitaría 107 votos en el Congreso para aprobar nuevamente y revocar el veto; ese número ya se mostró suficiente para la urgencia.
- Sancionarlo reduce la capacidad del Ejecutivo para reasignar recursos en rubros prioritarios.
- Se espera que el Ejecutivo fije postura sobre el marco legal en los próximos días.
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta una decisión política crucial: vetar o sancionar el decreto 7-2025, aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, sin discusión y de urgencia nacional. La normativa asegura que los fondos no ejecutados pasen automáticamente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), lo que ha desatado críticas desde el gobierno, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Es noticia. El Congreso aprobó con 107 votos el decreto 7-2025 que permite trasladar saldos no ejecutados a los CODEDES, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión se registró el mismo día en que la iniciativa fue leída en el pleno y remitida a la comisión para que iniciara el proceso legislativo.
- La votación de urgencia se produjo con un bloque opositor, liderado por Luis Aguirre y Nadia de León, que sumó 107 votos.
- El decreto plantea que los saldos por devengar queden disponibles en una cuenta única para continuidad de obras en 2026, aun si faltan los convenios firmados.
- El hecho desató llamados públicos al veto presidencial por parte del Ministerio de Finanzas, cámaras empresariales y tanques de pensamiento.
Punto de fricción. La controversia política se concentra en dos riesgos: el debilitamiento de controles y el uso clientelar de recursos en un año preelectoral. Distintos sectores ven en el decreto incentivos para relaciones opaques entre alcaldes y diputados.
- El titular de la cartera del tesoro, Jonathan Menkos, anunció que recomendará al mandatario vetar el decreto por riesgos fiscales y procedimentales.
- Cámaras empresariales pidieron públicamente el veto, alegando violación del principio de anualidad.
- Críticos sostienen que la norma reduce requisitos de preparación técnica y de control para proyectos multianuales.
Lo que sigue. El ejecutivo debe calibrar costos políticos: vetar, arriesga una reacción legislativa que podría intentar superar el veto; sancionarlo expone al gobierno a críticas por falta de control fiscal y presunta connivencia con prácticas clientelares.
- Si Arévalo veta, la oposición necesitaría 107 votos en el Congreso para aprobar nuevamente y revocar el veto; ese número ya se mostró suficiente para la urgencia.
- Sancionarlo reduce la capacidad del Ejecutivo para reasignar recursos en rubros prioritarios.
- Se espera que el Ejecutivo fije postura sobre el marco legal en los próximos días.
