La candidatura de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez para representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Corte de Constitucionalidad (CC) se sostiene en una narrativa de ética, independencia y rectitud institucional que, a la luz de los hechos conocidos, resulta cada vez más difícil de sostener. Lemus busca proyectarse como una figura ajena a los arreglos y presiones del poder, pero su entorno inmediato y la forma en que responde a cuestionamientos públicos revelan una preocupante falta de coherencia y de transparencia.
Desde su lanzamiento en fórmula con Luis Fernando Bermejo, la candidatura ha sido leída por diversos sectores del gremio como parte de un andamiaje político con respaldo indirecto del gobierno de Bernardo Arévalo, siguiendo patrones similares a los que impulsaron a Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. La insistencia de Lemus en negar alineamientos no resuelve la contradicción de fondo: su discurso anticorrupción se estrella contra los vínculos que rodean a su círculo cercano.
El señalamiento más contundente no está en su expediente profesional sino en su entorno familiar. Su hija, la abogada Sara Jeannette Conde Lemus, ha sido asesora del diputado César Augusto Rodas Cardona, integrante del partido Vamos, organización señalada por el oficialismo de Movimiento Semilla y por distintos actores cercanos al gobierno
como parte del llamado “pacto de corruptos”. La pregunta es simple y legítima: ¿cómo conciliar una candidatura que promete “limpieza” e independencia con un vínculo tan directo con estructuras políticas que han sido cuestionadas, por estos grupos, por prácticas contrarias a la transparencia?
La relevancia de ese vínculo se amplifica por el peso político del padre del diputado, el alcalde de Sanarate, César Augusto Rodas Álvarez, conocido como “Sonoro”, con más de dos décadas de incidencia regional, pasos por el FRG, la Gobernación Departamental de El Progreso durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y su retorno a la alcaldía (2024-2028) bajo la bandera de Vamos. Su cercanía con Miguel Martínez, una de las figuras más polémicas del periodo de Giammattei, consolidó la percepción de pertenencia a redes de poder muy alejadas de los estándares de probidad que Lemus dice defender.
Frente a estos señalamientos, la respuesta de Astrid Lemus distó de ser clara o responsable. Se negó a responder por llamada y refirió a la “mesa de coordinación”, alegando agenda copada. Desde ese equipo, la contestación fue que solo atenderían preguntas por escrito porque estaban “muy ocupados”. A la vez, se contactó al diputado Rodas Cardona para aclarar la contratación de Conde Lemus; ni respondió mensajes ni tomó llamadas. Remitir a terceros y esconderse detrás de filtros administrativos no despeja dudas: las agrava.
El desgaste de la candidatura de Lemus no proviene únicamente de sus críticos tradicionales. Incluso dentro de círculos afines y de intereses comunes han surgido cuestionamientos sobre su idoneidad. El abogado y activista Juan Francisco Solórzano Foppa, una de las voces más visibles de la izquierda y simpatizante del Movimiento Semilla, partido que llevó a Bernardo Arévalo al poder, expresó en redes sociales dudas sobre la conveniencia y coherencia de la postulación de Lemus. Que estas críticas surjan desde espacios cercanos al oficialismo y a sectores que supuestamente respaldan su proyecto es un indicio contundente de que el problema no es solo de “percepciones” o de “ataques”, sino de incongruencias reales.
La elección de magistrados constitucionales exige algo más que lemas: requiere coherencia verificable, rendición de cuentas y respuestas directas ante preguntas legítimas. Hasta ahora, la estrategia de Astrid Lemus Rodríguez ha sido evadir el fondo, tercerizar explicaciones y refugiarse en respuestas por escrito que no responden a lo esencial. Si la candidatura se propone como un baluarte ético, debe actuar como tal. De lo contrario, lo que queda es una fachada discursiva que no resiste el mínimo escrutinio público. Y en un proceso tan decisivo para la justicia constitucional, eso no debería ser aceptable.
La candidatura de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez para representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Corte de Constitucionalidad (CC) se sostiene en una narrativa de ética, independencia y rectitud institucional que, a la luz de los hechos conocidos, resulta cada vez más difícil de sostener. Lemus busca proyectarse como una figura ajena a los arreglos y presiones del poder, pero su entorno inmediato y la forma en que responde a cuestionamientos públicos revelan una preocupante falta de coherencia y de transparencia.
Desde su lanzamiento en fórmula con Luis Fernando Bermejo, la candidatura ha sido leída por diversos sectores del gremio como parte de un andamiaje político con respaldo indirecto del gobierno de Bernardo Arévalo, siguiendo patrones similares a los que impulsaron a Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. La insistencia de Lemus en negar alineamientos no resuelve la contradicción de fondo: su discurso anticorrupción se estrella contra los vínculos que rodean a su círculo cercano.
El señalamiento más contundente no está en su expediente profesional sino en su entorno familiar. Su hija, la abogada Sara Jeannette Conde Lemus, ha sido asesora del diputado César Augusto Rodas Cardona, integrante del partido Vamos, organización señalada por el oficialismo de Movimiento Semilla y por distintos actores cercanos al gobierno
como parte del llamado “pacto de corruptos”. La pregunta es simple y legítima: ¿cómo conciliar una candidatura que promete “limpieza” e independencia con un vínculo tan directo con estructuras políticas que han sido cuestionadas, por estos grupos, por prácticas contrarias a la transparencia?
La relevancia de ese vínculo se amplifica por el peso político del padre del diputado, el alcalde de Sanarate, César Augusto Rodas Álvarez, conocido como “Sonoro”, con más de dos décadas de incidencia regional, pasos por el FRG, la Gobernación Departamental de El Progreso durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y su retorno a la alcaldía (2024-2028) bajo la bandera de Vamos. Su cercanía con Miguel Martínez, una de las figuras más polémicas del periodo de Giammattei, consolidó la percepción de pertenencia a redes de poder muy alejadas de los estándares de probidad que Lemus dice defender.
Frente a estos señalamientos, la respuesta de Astrid Lemus distó de ser clara o responsable. Se negó a responder por llamada y refirió a la “mesa de coordinación”, alegando agenda copada. Desde ese equipo, la contestación fue que solo atenderían preguntas por escrito porque estaban “muy ocupados”. A la vez, se contactó al diputado Rodas Cardona para aclarar la contratación de Conde Lemus; ni respondió mensajes ni tomó llamadas. Remitir a terceros y esconderse detrás de filtros administrativos no despeja dudas: las agrava.
El desgaste de la candidatura de Lemus no proviene únicamente de sus críticos tradicionales. Incluso dentro de círculos afines y de intereses comunes han surgido cuestionamientos sobre su idoneidad. El abogado y activista Juan Francisco Solórzano Foppa, una de las voces más visibles de la izquierda y simpatizante del Movimiento Semilla, partido que llevó a Bernardo Arévalo al poder, expresó en redes sociales dudas sobre la conveniencia y coherencia de la postulación de Lemus. Que estas críticas surjan desde espacios cercanos al oficialismo y a sectores que supuestamente respaldan su proyecto es un indicio contundente de que el problema no es solo de “percepciones” o de “ataques”, sino de incongruencias reales.
La elección de magistrados constitucionales exige algo más que lemas: requiere coherencia verificable, rendición de cuentas y respuestas directas ante preguntas legítimas. Hasta ahora, la estrategia de Astrid Lemus Rodríguez ha sido evadir el fondo, tercerizar explicaciones y refugiarse en respuestas por escrito que no responden a lo esencial. Si la candidatura se propone como un baluarte ético, debe actuar como tal. De lo contrario, lo que queda es una fachada discursiva que no resiste el mínimo escrutinio público. Y en un proceso tan decisivo para la justicia constitucional, eso no debería ser aceptable.
