Arévalo desacredita amparo mientras la CC señala fallas legales en la Comisión de Postulación para fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo cuestionó públicamente el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena a la Comisión de Postulación para Fiscal General rehacer la calificación de los aspirantes.

• En consecuencia, se debe integrar una nueva nómina de seis candidatos para dirigir el Ministerio Público.

Es noticia. La resolución, emitida el 23 de abril de 2026 dentro del expediente 1926-2026, revirtió el envío de la lista que ya había sido remitida al Ejecutivo, llevando a una nueva fase de tensión institucional en un proceso clave para el país.

• Arévalo interpretó el fallo como una reacción de sectores que, según su lectura, buscan prolongar un modelo de poder marcado por la impunidad. “El régimen de abuso y miedo está por terminar”, escribió el mandatario, al tiempo que reafirmó su decisión de nombrar próximamente a un nuevo fiscal general.
• Para el presidente, el amparo evidencia que “algunos se resisten a perder”, aunque sostuvo que el país se encuentra ante “un cambio de tiempo” y un relevo inevitable de autoridades. Instó a los comisionados de postulación a no ceder ante presiones.
• “Aliento a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala, no se dejen doblegar”, expresó. Además, fijó una línea política clara sobre el perfil que espera de la nueva nómina: profesionales “íntegros, éticos e independientes”, excluyendo a quienes hayan servido a la “impunidad, a intereses oscuros o hayan traicionado el mandato de justicia del pueblo”.

Sí, pero. La Corte de Constitucionalidad justificó su decisión en la necesidad de garantizar que todos los aspirantes cumplieran estrictamente los requisitos constitucionales.

• En su comunicado oficial, la CC explicó que otorgó el amparo “a prevención” para asegurar que la elección del fiscal general se apegue a la legalidad, particularmente en lo relativo a la verificación del requisito de experiencia profesional establecido en la Constitución.
• El tribunal señaló que la Comisión de Postulación no habría cumplido adecuadamente con esta verificación, en especial al computar como ejercicio de la abogacía períodos desempeñados como juez.
• El fallo otorgado por mayoría, obtuvo los votos favorables concurrentes de Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. Annabella Morfín y Astrid Lemus emitieron voto razonado disidente.

Qué destacar. El magistrado Molina en su exposición sostuvo que el artículo 216 constitucional establece supuestos alternativos y no acumulables para cumplir el requisito de experiencia: el ejercicio de la judicatura o el ejercicio de la abogacía.

• Según su razonamiento, la función judicial y la práctica profesional liberal responden a lógicas institucionales distintas, por lo que no pueden mezclarse para satisfacer un mismo requisito. Mientras la abogacía implica representación, asesoría y defensa de intereses, la judicatura se funda en la potestad estatal de juzgar.
• Molina fue enfático en aclarar que no todo ejercicio profesional en el sector público queda excluido del concepto de abogacía. Por el contrario, afirmó que los fiscales del Ministerio Público sí ejercen la profesión de abogado, incluso desde una institución estatal, ya que litigan, dirigen investigaciones y formulan imputaciones ante los tribunales. La exclusión, precisó, aplica únicamente a la función judicial.
• El voto concurrente también incorpora una crítica institucional al señalar que el amparo fue planteado cuando la Comisión aún verificaba requisitos, pero la CC resolvió hasta después de que la nómina ya había sido remitida al Ejecutivo. Para Molina, este retardo desnaturalizó la función preventiva del amparo y trasladó las consecuencias institucionales del fallo. Aun así, sostuvo que la Corte tenía el deber insoslayable de pronunciarse para preservar el orden constitucional.

En conclusión. Así, mientras el presidente Arévalo interpreta la resolución como una resistencia al cambio, la CC y el magistrado Molina enmarcan la decisión en una defensa estricta de los requisitos constitucionales.

• El choque de narrativas refleja no solo una disputa jurídica, sino una confrontación más amplia sobre el rumbo institucional del Ministerio Público y el equilibrio entre legalidad, oportunidad y transformación política en Guatemala.