EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Anillo Regional es parte de la infraestructura estratégica que tiene como objetivo incrementar la competitividad del área metropolitana del país.
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Esta obra evitaría el congestionamiento derivado del tránsito de transporte pesado y liviano, y al mismo tiempo, en el municipio de Guatemala.
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Debido a que este proyecto está dividido en ocho tramos –para que este pueda generar externalidades positivas en la economía– es necesario que todos lleven un avance físico similar, de manera que no existan asimetrías en la construcción, ya que podría traducirse en más retrasos.
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Pese a que algunas adjudicaciones ya se han concretado, los dos obstáculos principales –a nivel logístico– que han atrasado el proyecto son la adquisición de derechos de vía y la disponibilidad presupuestaria.
Lo indispensable. De acuerdo con el reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos, éste es el que tiene el “Estado o las Municipalidades […] sobre la faja de terreno en que se construyen los caminos”.
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Sin embargo, también dispone que, si las construcciones afectan terrenos de propiedad privada, la entidad competente deberá adquirir la extensión que sea necesaria, “ya sea por donación […], por compensación con el tramo de caminos que se abandone, por venta, o por expropiación forzosa”.
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A pesar de que la norma contempla la posibilidad de una donación o una compensación con el tramo construido –que son objetivos alcanzados mediante la negociación–, la mayoría de las veces se adquiere por medio de la venta del derecho.
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Consecuentemente, incluso antes de iniciar la construcción, el proyecto debe contar con presupuesto suficiente para poder adquirir esta extensión.
Los datos. Hasta el momento, la Dirección General de Caminos únicamente ha adjudicado cuatro de los ocho tramos planificados.
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De estos tramos que ya fueron adjudicados, únicamente el tramo VIII: (Guanagazapa – bifurcación CA-02 Oriente – Escuintla) cuenta con avances físicos, 55 % para ser concretos. Sin embargo, los expertos señalan que aún no se cuenta con suficiente presupuesto para avanzar a mayor velocidad.
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El tramo I: (bifurcación CA-09 Norte – Sanarate – Sansare, El Progreso), el tramo VI: (bifurcación CA-01 Oriente – El Jocotillo – El Obrajuelo, Villa Canales) y el tramo VII: (El Obrajuelo, Guatemala – Guanagazapa, Escuintla), pese a que ya fueron adjudicados, no registran ningún avance físico; supuestamente, por falta de presupuesto.
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Cabe destacar que, entre enero y julio del presente año, se ha prescindido de tres concursos debido a la falta de recursos.
Visto y no visto. Otro obstáculo –aunque menos visible– también afecta la velocidad a la que se está ejecutando la obra es la adquisición de los derechos de vía.
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Los reportes más actualizados indican que el tramo II: (Sansare, El Progreso – La Laguna, Sansayo, Jalapa) todavía no ha concluido con los estudios de ingeniería y no cuenta con el derecho de vía.
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Este es también el caso del tramo IV: (Mataquescuintla – El Salitre, Santa Rosa de Lima) y el tramo V: (El Salitre – laguna El Pino – bifurcación CA-01 Oriente), los cuales, por cambios en el trazo, requieren una ampliación del derecho de vía.
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Además, de acuerdo con el exdirector de Caminos, Álvaro Cuéllar, el tramo VI no solo no presenta avances por falta de presupuesto, sino que también se suspendió por problemas en el derecho de vía, debido a la falta de disposición a negociar por parte de los propietarios de las tierras.
El Balance. Estos datos confirman que la disponibilidad presupuestaria ha sido la principal limitante en la construcción del Anillo Regional.
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No obstante, a pesar de que esta obra es crucial para el crecimiento económico del país, el presupuesto que actualmente está siendo ejecutado no cuenta con una asignación específica para agilizar los avances.
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Es crucial que, en la redacción del presupuesto para el 2025, esta sea una de las obras que se priorice en el destino de los recursos.
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De lo contrario, podría llegar a ser otro monumento del abandono de la infraestructura por parte de la administración central.
El Anillo Regional es parte de la infraestructura estratégica que tiene como objetivo incrementar la competitividad del área metropolitana del país.
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Esta obra evitaría el congestionamiento derivado del tránsito de transporte pesado y liviano, y al mismo tiempo, en el municipio de Guatemala.
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Debido a que este proyecto está dividido en ocho tramos –para que este pueda generar externalidades positivas en la economía– es necesario que todos lleven un avance físico similar, de manera que no existan asimetrías en la construcción, ya que podría traducirse en más retrasos.
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Pese a que algunas adjudicaciones ya se han concretado, los dos obstáculos principales –a nivel logístico– que han atrasado el proyecto son la adquisición de derechos de vía y la disponibilidad presupuestaria.
Lo indispensable. De acuerdo con el reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos, éste es el que tiene el “Estado o las Municipalidades […] sobre la faja de terreno en que se construyen los caminos”.
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Sin embargo, también dispone que, si las construcciones afectan terrenos de propiedad privada, la entidad competente deberá adquirir la extensión que sea necesaria, “ya sea por donación […], por compensación con el tramo de caminos que se abandone, por venta, o por expropiación forzosa”.
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A pesar de que la norma contempla la posibilidad de una donación o una compensación con el tramo construido –que son objetivos alcanzados mediante la negociación–, la mayoría de las veces se adquiere por medio de la venta del derecho.
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Consecuentemente, incluso antes de iniciar la construcción, el proyecto debe contar con presupuesto suficiente para poder adquirir esta extensión.
Los datos. Hasta el momento, la Dirección General de Caminos únicamente ha adjudicado cuatro de los ocho tramos planificados.
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De estos tramos que ya fueron adjudicados, únicamente el tramo VIII: (Guanagazapa – bifurcación CA-02 Oriente – Escuintla) cuenta con avances físicos, 55 % para ser concretos. Sin embargo, los expertos señalan que aún no se cuenta con suficiente presupuesto para avanzar a mayor velocidad.
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El tramo I: (bifurcación CA-09 Norte – Sanarate – Sansare, El Progreso), el tramo VI: (bifurcación CA-01 Oriente – El Jocotillo – El Obrajuelo, Villa Canales) y el tramo VII: (El Obrajuelo, Guatemala – Guanagazapa, Escuintla), pese a que ya fueron adjudicados, no registran ningún avance físico; supuestamente, por falta de presupuesto.
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Cabe destacar que, entre enero y julio del presente año, se ha prescindido de tres concursos debido a la falta de recursos.
Visto y no visto. Otro obstáculo –aunque menos visible– también afecta la velocidad a la que se está ejecutando la obra es la adquisición de los derechos de vía.
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Los reportes más actualizados indican que el tramo II: (Sansare, El Progreso – La Laguna, Sansayo, Jalapa) todavía no ha concluido con los estudios de ingeniería y no cuenta con el derecho de vía.
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Este es también el caso del tramo IV: (Mataquescuintla – El Salitre, Santa Rosa de Lima) y el tramo V: (El Salitre – laguna El Pino – bifurcación CA-01 Oriente), los cuales, por cambios en el trazo, requieren una ampliación del derecho de vía.
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Además, de acuerdo con el exdirector de Caminos, Álvaro Cuéllar, el tramo VI no solo no presenta avances por falta de presupuesto, sino que también se suspendió por problemas en el derecho de vía, debido a la falta de disposición a negociar por parte de los propietarios de las tierras.
El Balance. Estos datos confirman que la disponibilidad presupuestaria ha sido la principal limitante en la construcción del Anillo Regional.
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No obstante, a pesar de que esta obra es crucial para el crecimiento económico del país, el presupuesto que actualmente está siendo ejecutado no cuenta con una asignación específica para agilizar los avances.
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Es crucial que, en la redacción del presupuesto para el 2025, esta sea una de las obras que se priorice en el destino de los recursos.
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De lo contrario, podría llegar a ser otro monumento del abandono de la infraestructura por parte de la administración central.
