EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Asociación La Familia Importa (AFI), presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerio 214-2024 del Ministerio de Gobernación. La normativa está vigente desde el 29 de agosto.
Es noticia. El acuerdo creó la "Instancia de Análisis de Ataques contra el Derechos de Personas, Organizaciones y Comunidades a defender Derechos Humanos".
- La finalidad de la entidad es "proponer recomendaciones para la investigación y protección de personas, organizaciones, comunidades y autoridades de pueblos originarios que ven conculcado su derecho a defender derechos humanos de forma independiente o a través del ejercicio de otros derechos humanos",
- Para esta instancia se considera a defensores de derechos humanos a periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos de la mujer, defensores y defensoras de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex (LGBTI), activistas sociales y comunidades y autoridades de los pueblos originarios.
- La integración se hará con representantes de diversas instituciones públicas, delegados de organizaciones de la sociedad civil, incluso, representantes de cooperantes internacionales de Guatemala, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "en calidad de observador y asistencia técnica".
Por qué importa. AFI subraya que el acuerdo "vulnera los principios fundamentales" de la Constitución, específicamente los artículos 2, 4, 152 y 154.
- El acuerdo "vulnera las garantías que supone la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia". La instancia se crea "bajo el pretexto de defender causas y organizaciones relacionadas con los Derechos Humanos", pero "podría transformarse en un mecanismo de censura para callar voces críticas de la sociedad que cuestionen ideologías al proteger únicamente a ciertos grupo con intereses específicos, como los que se mencionan", destaca la AFI.
- "El Ministerio de Gobernación no puede legalmente constituir una instancia participativa sin que exista una norma establecida en la ley que le faculte para ello, y tampoco puede delegar funciones sustantivas", argumentan los abogados que plantearon el recurso.
En conclusión. La instancia establece la creación de mesas de trabajo permanentes y extraordinarias. Por ejemplo, establece las mesas de ataques contra periodistas, ambientalistas, defensores del territorio y pueblos indígenas, así como de ataques de criminalización.
- En el caso de los periodistas existen iniciativas para crear un mecanismo de protección que atienda agresiones, amenazas o cualquier riesgo en el ejercicio de su profesión. Pero se ha solicitado que no se confunda su labor con la de activistas de cualquier índole.
- Esta instancia replica de algún modo el mecanismo vigente en México, que incluye a periodistas y activistas.
La Asociación La Familia Importa (AFI), presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerio 214-2024 del Ministerio de Gobernación. La normativa está vigente desde el 29 de agosto.
Es noticia. El acuerdo creó la "Instancia de Análisis de Ataques contra el Derechos de Personas, Organizaciones y Comunidades a defender Derechos Humanos".
- La finalidad de la entidad es "proponer recomendaciones para la investigación y protección de personas, organizaciones, comunidades y autoridades de pueblos originarios que ven conculcado su derecho a defender derechos humanos de forma independiente o a través del ejercicio de otros derechos humanos",
- Para esta instancia se considera a defensores de derechos humanos a periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos de la mujer, defensores y defensoras de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex (LGBTI), activistas sociales y comunidades y autoridades de los pueblos originarios.
- La integración se hará con representantes de diversas instituciones públicas, delegados de organizaciones de la sociedad civil, incluso, representantes de cooperantes internacionales de Guatemala, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "en calidad de observador y asistencia técnica".
Por qué importa. AFI subraya que el acuerdo "vulnera los principios fundamentales" de la Constitución, específicamente los artículos 2, 4, 152 y 154.
- El acuerdo "vulnera las garantías que supone la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia". La instancia se crea "bajo el pretexto de defender causas y organizaciones relacionadas con los Derechos Humanos", pero "podría transformarse en un mecanismo de censura para callar voces críticas de la sociedad que cuestionen ideologías al proteger únicamente a ciertos grupo con intereses específicos, como los que se mencionan", destaca la AFI.
- "El Ministerio de Gobernación no puede legalmente constituir una instancia participativa sin que exista una norma establecida en la ley que le faculte para ello, y tampoco puede delegar funciones sustantivas", argumentan los abogados que plantearon el recurso.
En conclusión. La instancia establece la creación de mesas de trabajo permanentes y extraordinarias. Por ejemplo, establece las mesas de ataques contra periodistas, ambientalistas, defensores del territorio y pueblos indígenas, así como de ataques de criminalización.
- En el caso de los periodistas existen iniciativas para crear un mecanismo de protección que atienda agresiones, amenazas o cualquier riesgo en el ejercicio de su profesión. Pero se ha solicitado que no se confunda su labor con la de activistas de cualquier índole.
- Esta instancia replica de algún modo el mecanismo vigente en México, que incluye a periodistas y activistas.
