EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A pocos meses de que comience el proceso de elección para el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), se despiertan tensiones entre viejos operadores y actores del sistema de justicia: el oficialismo, las universidades, sociedad civil y actores externos.
- Las negociaciones están activas, mientras crecen las denuncias por posibles injerencias.
Por qué importa. La elección está rodeada de una serie de actores con intereses, en algunos casos, nefarios. Esto puede incluir a grupos académicos, organizaciones sociales, operadores políticos tradicionales y emergentes. Todos buscan influir de alguna manera en el proceso.
- La elección toma relevancia porque se definirá quién controlará el MP y qué dirección tomará la justicia penal en los próximos cuatro años (2026-2030).
- Expertos consideran que existe una regresión en la “democratización” del sistema de justicia, en especial, de este proceso.
- En años anteriores, se dieron vicios en la elección, como la ambigüedad de las tablas de gradación y la ponderación de las entrevistas de los aspirantes.
Visto y no visto. Existen antecedentes que advierten sobre la posible “falta de legitimidad” en la próxima elección. Hasta la fecha, no ha existido un procedimiento objetivo y técnico que permita llevar a cabo una evaluación certera.
- Los actores y operadores trabajan a tiempo completo para tener peso y decisión. Los más dinámicos giran alrededor de la USAC, instituciones del sector justicia y, sorprendentemente, diplomáticas.
- En la última elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se evidenció la participación del oficialismo; movieron mucho para asegurar actores “en la jugada”.
- Entre las actividades que realizan, están talleres, capacitaciones diplomadas a nivel gremial y profesional. Pero también hay reuniones para negociar.
Voces. Se observa una influencia política muy dinámica para elegir al sustituto de Consuelo Porras. Ese trabajo se intensificará después de la convocatoria para que se integre la Comisión de Postulación responsable de la nómina de candidatos.
- El oficialismo, las universidades y los grupos gremiales son parte de la dinámica. “El oficialismo será más activo, a pesar de su falta de experiencia en negociación. Es un actor nuevo en todas esas influencias”.
- “Estarán esos grupos tradicionales de clase política, serán más de dos bandos. Se sumarán todos los actores del oficialismo”, explica Francisco Quezada, analista del CIEN.
- El Movimiento ProJusticia asegura que el interés se vuelve mayúsculo y que las presiones como tal suelen surgir cuando ya el proceso está en marcha. “En este momento lo que hay son negociaciones, son alianzas”.
En conclusión. La elección del próximo fiscal general será un proceso convulso. Varios actores ya se mueven con intensidad para influir y asegurar determinadas cuotas de poder.
- Mientras crecen las señales de opacidad, se debilita la legitimidad de un sistema que debería garantizar justicia, no disputarla.
- Voces, casi al unísono, insisten en que la fiscalización ciudadana resulta esencial para evitar opacidad en el proceso de elección del fiscal general. La transparencia debiese garantizar una nómina legítima para entregar al presidente Bernardo Arévalo.
A pocos meses de que comience el proceso de elección para el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), se despiertan tensiones entre viejos operadores y actores del sistema de justicia: el oficialismo, las universidades, sociedad civil y actores externos.
- Las negociaciones están activas, mientras crecen las denuncias por posibles injerencias.
Por qué importa. La elección está rodeada de una serie de actores con intereses, en algunos casos, nefarios. Esto puede incluir a grupos académicos, organizaciones sociales, operadores políticos tradicionales y emergentes. Todos buscan influir de alguna manera en el proceso.
- La elección toma relevancia porque se definirá quién controlará el MP y qué dirección tomará la justicia penal en los próximos cuatro años (2026-2030).
- Expertos consideran que existe una regresión en la “democratización” del sistema de justicia, en especial, de este proceso.
- En años anteriores, se dieron vicios en la elección, como la ambigüedad de las tablas de gradación y la ponderación de las entrevistas de los aspirantes.
Visto y no visto. Existen antecedentes que advierten sobre la posible “falta de legitimidad” en la próxima elección. Hasta la fecha, no ha existido un procedimiento objetivo y técnico que permita llevar a cabo una evaluación certera.
- Los actores y operadores trabajan a tiempo completo para tener peso y decisión. Los más dinámicos giran alrededor de la USAC, instituciones del sector justicia y, sorprendentemente, diplomáticas.
- En la última elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se evidenció la participación del oficialismo; movieron mucho para asegurar actores “en la jugada”.
- Entre las actividades que realizan, están talleres, capacitaciones diplomadas a nivel gremial y profesional. Pero también hay reuniones para negociar.
Voces. Se observa una influencia política muy dinámica para elegir al sustituto de Consuelo Porras. Ese trabajo se intensificará después de la convocatoria para que se integre la Comisión de Postulación responsable de la nómina de candidatos.
- El oficialismo, las universidades y los grupos gremiales son parte de la dinámica. “El oficialismo será más activo, a pesar de su falta de experiencia en negociación. Es un actor nuevo en todas esas influencias”.
- “Estarán esos grupos tradicionales de clase política, serán más de dos bandos. Se sumarán todos los actores del oficialismo”, explica Francisco Quezada, analista del CIEN.
- El Movimiento ProJusticia asegura que el interés se vuelve mayúsculo y que las presiones como tal suelen surgir cuando ya el proceso está en marcha. “En este momento lo que hay son negociaciones, son alianzas”.
En conclusión. La elección del próximo fiscal general será un proceso convulso. Varios actores ya se mueven con intensidad para influir y asegurar determinadas cuotas de poder.
- Mientras crecen las señales de opacidad, se debilita la legitimidad de un sistema que debería garantizar justicia, no disputarla.
- Voces, casi al unísono, insisten en que la fiscalización ciudadana resulta esencial para evitar opacidad en el proceso de elección del fiscal general. La transparencia debiese garantizar una nómina legítima para entregar al presidente Bernardo Arévalo.
