EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cuatro postulantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener la elección legislativa prevista para los próximos días. Señalan irregularidades graves en la integración de la nómina de 20 candidatos y advierten una amenaza directa al orden constitucional y a la transparencia electoral rumbo a 2027.
Es noticia. Las abogadas Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y el abogado Carlos Arsenio Pérez Cheguen cuestionan la votación final del 17 de febrero de 2026 por carecer de motivación individual y pública.
- Denuncian sustitución de razonamientos personales por una declaración general previa, votación binaria sin fundamentación y alteración del orden descendente obligatorio, además de omisiones y repetición de conteos durante el escrutinio.
- Solicitan amparo provisional para suspender la elección, repetir la votación conforme a parámetros constitucionales y, en definitiva, dejar sin efecto la nómina por vulnerar derechos como el acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones.
Qué destacar. El recurso sostiene que la Comisión de Postulación ignoró estándares fijados por la propia CC, especialmente el expediente 2143-2014, que exige votaciones públicas, motivadas e individualizadas en procesos de alta relevancia institucional. Para los accionantes, la legitimidad del árbitro electoral está en juego.
- Argumentan que la Comisión se disolvió tras entregar la nómina, lo que deja sin recurso ordinario eficaz para corregir posibles anomalías antes de que el Congreso elija a los nuevos magistrados para el período 2026–2032.
- Señalan que el artículo 113 constitucional garantiza optar a cargos públicos por capacidad, idoneidad y honradez, principios que —afirman— se debilitan cuando no existe justificación clara y verificable en cada voto emitido.
- Advierten que un TSE cuestionado comprometería la confianza en los comicios de 2027, afectando la certeza jurídica que requieren ciudadanos, partidos políticos e inversionistas para ejercer sus derechos con libertad y seguridad.
Voces. La controversia escaló al plano internacional y empresarial. Diversos actores han fijado postura sobre la nómina enviada al Legislativo y el impacto que podría tener en la estabilidad democrática y económica del país.
- El encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó que autoridades universitarias “abrieron las puertas a organizaciones criminales”, cuestionando la idoneidad de algunos perfiles incluidos en la lista.
- El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió al Congreso una “depuración rigurosa” de la nómina, enfatizando que la certeza jurídica es clave para proteger inversión, empleo y propiedad privada.
Lo que sigue. El Congreso enfrenta ahora la presión de elegir bajo cuestionamientos o esperar el fallo de la CC, que deberá resolver si suspende el proceso y ordena repetir la votación final.
- Los nuevos magistrados deben tomar posesión el 20 de marzo.
Cuatro postulantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener la elección legislativa prevista para los próximos días. Señalan irregularidades graves en la integración de la nómina de 20 candidatos y advierten una amenaza directa al orden constitucional y a la transparencia electoral rumbo a 2027.
Es noticia. Las abogadas Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y el abogado Carlos Arsenio Pérez Cheguen cuestionan la votación final del 17 de febrero de 2026 por carecer de motivación individual y pública.
- Denuncian sustitución de razonamientos personales por una declaración general previa, votación binaria sin fundamentación y alteración del orden descendente obligatorio, además de omisiones y repetición de conteos durante el escrutinio.
- Solicitan amparo provisional para suspender la elección, repetir la votación conforme a parámetros constitucionales y, en definitiva, dejar sin efecto la nómina por vulnerar derechos como el acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones.
Qué destacar. El recurso sostiene que la Comisión de Postulación ignoró estándares fijados por la propia CC, especialmente el expediente 2143-2014, que exige votaciones públicas, motivadas e individualizadas en procesos de alta relevancia institucional. Para los accionantes, la legitimidad del árbitro electoral está en juego.
- Argumentan que la Comisión se disolvió tras entregar la nómina, lo que deja sin recurso ordinario eficaz para corregir posibles anomalías antes de que el Congreso elija a los nuevos magistrados para el período 2026–2032.
- Señalan que el artículo 113 constitucional garantiza optar a cargos públicos por capacidad, idoneidad y honradez, principios que —afirman— se debilitan cuando no existe justificación clara y verificable en cada voto emitido.
- Advierten que un TSE cuestionado comprometería la confianza en los comicios de 2027, afectando la certeza jurídica que requieren ciudadanos, partidos políticos e inversionistas para ejercer sus derechos con libertad y seguridad.
Voces. La controversia escaló al plano internacional y empresarial. Diversos actores han fijado postura sobre la nómina enviada al Legislativo y el impacto que podría tener en la estabilidad democrática y económica del país.
- El encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó que autoridades universitarias “abrieron las puertas a organizaciones criminales”, cuestionando la idoneidad de algunos perfiles incluidos en la lista.
- El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió al Congreso una “depuración rigurosa” de la nómina, enfatizando que la certeza jurídica es clave para proteger inversión, empleo y propiedad privada.
Lo que sigue. El Congreso enfrenta ahora la presión de elegir bajo cuestionamientos o esperar el fallo de la CC, que deberá resolver si suspende el proceso y ordena repetir la votación final.
- Los nuevos magistrados deben tomar posesión el 20 de marzo.
