Aunque por el momento se ve improbable, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quiere tener libre acceso a los registros bancarios de los contribuyentes para cotejar sus declaraciones de impuestos.
- La entidad informó que para aumentar la recaudación hay que revisar los depósitos, inversiones y cualquier ingreso de los ciudadanos para cruzar lo que reporta al fisco.
- Asimismo, la SAT pretende que se aprueben convenios de intercambio de información bancaria con otros países. Este punto es para extender el control de los ingresos fuera de las fronteras de Guatemala.
- Con estas herramientas legales, más otras reformas a las leyes del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la institución busca aumentar los ingresos fiscales que en 2023 sumaron GTQ95 000M.
Por qué importa. Que la SAT mencione que quiere tener acceso directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes ha puesto en alerta a instituciones que consideran esto como "invasión a la privacidad", una "intromisión" y "violación constitucional".
- Ahora, si la SAT quiere acceder a la información bancaria del contribuyente, debe razonar su petición ante un juez.
- Se considera un riesgo que alguna institución –en este caso la entidad recaudadora de impuestos– irrumpa sin control ni supervisión sobre los registros bancarios de los particulares.
- Guatemala es de los pocos países que mantiene una restricción constitucional sobre el acceso a este tipo de información. La prohibición está en el artículo 24 que trata la "inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros". Esa regulación destaca que los datos solo podrán ser revisados por "la autoridad competente de conformidad con la ley".
Voces. La Asociación Amigos del País publicó un comunicado por medio del cual rechaza la pretensión del ente recaudador.
- "Exigimos que cese todo intento de permitir que el Estado invada la privacidad de las personas de forma directa y sin justificación ni control", indicó la entidad.
- "Exigimos que se mantenga la supervisión y control de la administración tributaria por parte del Organismo Judicial, tal como lo establece el Código Tributario", agregó la asociación.
- "Animamos a la población a defender su privacidad y libertad, exigiendo que la lectura y aplicación de las leyes y demás normas, se realicen en beneficio de los particulares por sobre el Estado y no a la inversa", enfatizó la organización.
En conclusión. Según la SAT, más o menos la tercera parte de las declaraciones requiere ser confrontadas con los registros bancarios. En la mayoría de los procesos, los contribuyentes, de manera voluntaria presentan sus documentos, pero algunos se resisten.
- En esos casos la entidad recaudadora presenta las solicitudes a los tribunales para que los bancos entreguen los registros del contribuyente.
- La SAT quiere evitar ese trámite, pero no es viable. Primero –y principalmente– por la prohibición constitucional, y luego por la falta de apoyo político en el Congreso para reformar la Ley de Bancos y el Código Tributario.
- Todo apunta a que la autoridad tributaria tendrá que desistir de su plan de liberar el secreto bancario.
Aunque por el momento se ve improbable, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quiere tener libre acceso a los registros bancarios de los contribuyentes para cotejar sus declaraciones de impuestos.
- La entidad informó que para aumentar la recaudación hay que revisar los depósitos, inversiones y cualquier ingreso de los ciudadanos para cruzar lo que reporta al fisco.
- Asimismo, la SAT pretende que se aprueben convenios de intercambio de información bancaria con otros países. Este punto es para extender el control de los ingresos fuera de las fronteras de Guatemala.
- Con estas herramientas legales, más otras reformas a las leyes del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la institución busca aumentar los ingresos fiscales que en 2023 sumaron GTQ95 000M.
Por qué importa. Que la SAT mencione que quiere tener acceso directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes ha puesto en alerta a instituciones que consideran esto como "invasión a la privacidad", una "intromisión" y "violación constitucional".
- Ahora, si la SAT quiere acceder a la información bancaria del contribuyente, debe razonar su petición ante un juez.
- Se considera un riesgo que alguna institución –en este caso la entidad recaudadora de impuestos– irrumpa sin control ni supervisión sobre los registros bancarios de los particulares.
- Guatemala es de los pocos países que mantiene una restricción constitucional sobre el acceso a este tipo de información. La prohibición está en el artículo 24 que trata la "inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros". Esa regulación destaca que los datos solo podrán ser revisados por "la autoridad competente de conformidad con la ley".
Voces. La Asociación Amigos del País publicó un comunicado por medio del cual rechaza la pretensión del ente recaudador.
- "Exigimos que cese todo intento de permitir que el Estado invada la privacidad de las personas de forma directa y sin justificación ni control", indicó la entidad.
- "Exigimos que se mantenga la supervisión y control de la administración tributaria por parte del Organismo Judicial, tal como lo establece el Código Tributario", agregó la asociación.
- "Animamos a la población a defender su privacidad y libertad, exigiendo que la lectura y aplicación de las leyes y demás normas, se realicen en beneficio de los particulares por sobre el Estado y no a la inversa", enfatizó la organización.
En conclusión. Según la SAT, más o menos la tercera parte de las declaraciones requiere ser confrontadas con los registros bancarios. En la mayoría de los procesos, los contribuyentes, de manera voluntaria presentan sus documentos, pero algunos se resisten.
- En esos casos la entidad recaudadora presenta las solicitudes a los tribunales para que los bancos entreguen los registros del contribuyente.
- La SAT quiere evitar ese trámite, pero no es viable. Primero –y principalmente– por la prohibición constitucional, y luego por la falta de apoyo político en el Congreso para reformar la Ley de Bancos y el Código Tributario.
- Todo apunta a que la autoridad tributaria tendrá que desistir de su plan de liberar el secreto bancario.