EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: 
La renuncia de Félix Alvarado, como ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), junto con los viceministros de Desarrollo Urbano y Vivienda, Erick Rosales, y el de Comunicaciones, José Raúl Solares Chiu, causó inestabilidad a lo interno de la entidad.
- Esta situación generó dudas sobre posibles desacuerdos entre los funcionarios en cuanto a la gestión de la institución, especialmente a partir del nombramiento “temporal” de Paola Constantino al frente de la institución.
- Sin embargo, este vacío de poder y la turbulencia en la dirección del ministerio, abre la puerta para que supuestas acciones anómalas a lo interno de la entidad, pasen desapercibidas.
- Un ejemplo de esto es la contratación de Constantino José Pablo Álvarez Iriarte, un abogado que fue condenado por el caso Odebrecht a inicios de 2024.
Los datos. El 13 de febrero de 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dio a conocer que varias personas, incluyendo abogados, habían sido capturadas por un posible involucramiento en la red delictiva vinculada con el expresidenciable Manuel Baldizón.
- Uno de los detenidos fue Álvarez, a quien se señaló de participar en la legalización de empresas relacionadas con la constructora Odebrecht en Guatemala. En el país y en otras naciones de América, la firma brasileña fue señalada de sobornar a funcionarios y a políticos, a cambio de obras.
- Tras casi un año de juicio, el 29 de enero de 2024, el abogado se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica. Se apegó a la Ley de Aceptación de Cargos, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión conmutables y a un pago de GTQ 33 mil, como parte de las reparaciones al Estado.
- En su testimonio, Álvarez afirmó que reconoce haber realizado ciertas escrituras de empresas vinculadas con el caso, pero nunca recibió órdenes directas de Baldizón.
Visto y no visto. Diez meses después de haber aceptado los cargos, el abogado Álvarez reapareció en la vida pública como proveedor de servicios notariales para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), del CIV.
- De acuerdo con el contrato administrativo, el objeto de sus servicios sería el faccionamiento y autorización de las escrituras correspondientes a los bienes inmuebles provenientes del extinto Banco Nacional de la Vivienda (BANVI).
- El plazo de este contrato sería a partir de 14 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
- Sin embargo, en el mes y medio de trabajo, el abogado sería beneficiado con un total de GTQ72 mil.
El balance. Aunque el CIV ha pagado un precio muy alto por “mantener la transparencia” en sus procesos de contratación y gestión de sus funcionarios, estas acciones ponen en duda la solidez de sus compromisos.
- La contratación de funcionarios que fueron condenados por casos de corrupción, no solo desvirtúa la narrativa del gobierno central, sino que también pone en duda el futuro de los trabajos que esta figura ejecute a lo interno de la entidad.
- En otras palabras, si en ocasiones anteriores el abogado Álvarez ya ha aceptado haber cometido delitos relacionados con la escritura de propiedades y empresas, es posible que el caso se repita.
- Por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Trabajo aclare esta contratación, de lo contrario, la institución corre el riesgo de que la inestabilidad se profundice.
La renuncia de Félix Alvarado, como ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), junto con los viceministros de Desarrollo Urbano y Vivienda, Erick Rosales, y el de Comunicaciones, José Raúl Solares Chiu, causó inestabilidad a lo interno de la entidad.
- Esta situación generó dudas sobre posibles desacuerdos entre los funcionarios en cuanto a la gestión de la institución, especialmente a partir del nombramiento “temporal” de Paola Constantino al frente de la institución.
- Sin embargo, este vacío de poder y la turbulencia en la dirección del ministerio, abre la puerta para que supuestas acciones anómalas a lo interno de la entidad, pasen desapercibidas.
- Un ejemplo de esto es la contratación de Constantino José Pablo Álvarez Iriarte, un abogado que fue condenado por el caso Odebrecht a inicios de 2024.
Los datos. El 13 de febrero de 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dio a conocer que varias personas, incluyendo abogados, habían sido capturadas por un posible involucramiento en la red delictiva vinculada con el expresidenciable Manuel Baldizón.
- Uno de los detenidos fue Álvarez, a quien se señaló de participar en la legalización de empresas relacionadas con la constructora Odebrecht en Guatemala. En el país y en otras naciones de América, la firma brasileña fue señalada de sobornar a funcionarios y a políticos, a cambio de obras.
- Tras casi un año de juicio, el 29 de enero de 2024, el abogado se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica. Se apegó a la Ley de Aceptación de Cargos, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión conmutables y a un pago de GTQ 33 mil, como parte de las reparaciones al Estado.
- En su testimonio, Álvarez afirmó que reconoce haber realizado ciertas escrituras de empresas vinculadas con el caso, pero nunca recibió órdenes directas de Baldizón.
Visto y no visto. Diez meses después de haber aceptado los cargos, el abogado Álvarez reapareció en la vida pública como proveedor de servicios notariales para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), del CIV.
- De acuerdo con el contrato administrativo, el objeto de sus servicios sería el faccionamiento y autorización de las escrituras correspondientes a los bienes inmuebles provenientes del extinto Banco Nacional de la Vivienda (BANVI).
- El plazo de este contrato sería a partir de 14 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
- Sin embargo, en el mes y medio de trabajo, el abogado sería beneficiado con un total de GTQ72 mil.
El balance. Aunque el CIV ha pagado un precio muy alto por “mantener la transparencia” en sus procesos de contratación y gestión de sus funcionarios, estas acciones ponen en duda la solidez de sus compromisos.
- La contratación de funcionarios que fueron condenados por casos de corrupción, no solo desvirtúa la narrativa del gobierno central, sino que también pone en duda el futuro de los trabajos que esta figura ejecute a lo interno de la entidad.
- En otras palabras, si en ocasiones anteriores el abogado Álvarez ya ha aceptado haber cometido delitos relacionados con la escritura de propiedades y empresas, es posible que el caso se repita.
- Por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Trabajo aclare esta contratación, de lo contrario, la institución corre el riesgo de que la inestabilidad se profundice.
