A la espera que la CC resuelva si es legal negociar en secreto el pacto colectivo de Educación

El Ministerio de Educación (MINEDUC), y otras entidades que siguen de cerca la negociación del pacto colectivo que se discute con el sindicato dirigido por Joviel Acevedo, esperan impacientes la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En perspsectiva. El gobierno de Alejandro Giammattei aceptó mantener las conversaciones bajo confidencialidad por solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

• Al tomar el poder Bernardo Arévalo, las nuevas autoridades educativas se encontraron con esta cláusula que les impide divulgar lo que discuten con Acevedo. Solo se tiene acceso a las actas de las reuniones, pero por la vía de la Oficina de Información Pública y fuera de tiempo.
• El Movimiento Cívico Nacional (MCN), presentó acciones legales contra ese acuerdo de secretividad. Considera que es ilegal y que, en todo caso, no se cumplió el proceso que manda la ley para mantener bajo reserva lo negociado.
• Se solicitó un amparo provisional en la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no fue concedido. El recurso continuó el proceso y ya se efecutó la vista pública para escuchar las posiciones. Ahora solo queda el fallo final de los magistrados.

Sí, pero. El actual pacto colectivo del STEG fue negociado en 2022, con vigencia para dos años. El punto más importante para Acevedo es el incremento salarial para todos los maestros.

• Hasta el momento -con lo que se sabe- no se ha tocado el incremento para los docentes. La ministra del ramo, Anabella Giracca, comentó que su objetivo es establecer un pacto "justo, sostenible y responsable".
• Se han realizado 38 reuniones y se ha revisado el 70% del proyecto, explicó la funcionaria.
• Giracca explica que el objetivo es "priorizar el diálogo y transparencia". Resaltó que un punto importante de las reuniones es que recuperaron la rectoría de la educación. Sobre la secretividad, dijo que la "publicidad del pacto está en las Cortes y seremos responsables de las resoluciones".

Qué destacar. Para Christa Walters, presidenta del MCN, es evidente que la confidencialidad es ilegal. Por ello esperan que la CC revierta esa cláusula que impide conocer qué negocia Acevedo con 

• Considera que está en juego el principio de la legalidad, contenido en los artículos 152 y 154 constitucionales. Esta regulación establece  que los funcionarios públicos solo pueden actuar conforme la ley. "En este caso, el Ministerio de Educación no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública para justificar la confidencialidad del pacto colectivo, lo que constituye una violación al principio de legalidad", comentó.
• Además, va contra los principios de publicidad y transparencia establecidos en el artículo 30 de la Constitución. Esta norma fija que "todos los actos de la administración pública son públicos, salvo excepciones expresamente previstas en la ley. La disposición impugnada oculta información que debe ser de acceso público, ya que involucra condiciones laborales de empleados públicos y el manejo de fondos estatales. Esto impide el control ciudadano y viola la obligación de las autoridades de rendir cuentas de sus actos", enfatiza Walters.
• Concluye que las autoridades del Ministerio de "no realizó el análisis adecuado ni proporcionó una justificación legal suficiente para declarar confidencial el pacto colectivo. El Acuerdo Ministerial 544-2024 constituye un acto de ilegalidad reglamentaria, ya que una norma administrativa no puede modificar o contradecir lo dispuesto por una ley. Al declarar confidencial un documento sin cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, el Ministerio ha emitido una disposición que contradice la normativa superior, lo que la convierte en inconstitucional, concluyó Walters.