EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El sábado 31 de mayo marcará el 40 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, en medio del conflicto armado interno. Desde entonces, ha sido la piedra angular del Estado guatemalteco, demostrando ser un baluarte de la república, garantizando la separación de poderes, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, particularmente en momentos de graves crisis políticas.
La Constitución nació en un contexto de transición hacia la democracia, tras décadas de gobiernos militares y violencia. Su diseño buscó establecer un marco robusto para evitar el retorno al autoritarismo, promoviendo un equilibrio entre los 3 poderes, y dotando a la ciudadanía de herramientas para defender sus derechos. A lo largo de estas cuatro décadas, la Carta Magna ha sido el cimiento sobre el cual se han construido avances democráticos, aunque no exentos de desafíos.
Uno de los episodios más críticos fue el autogolpe perpetrado por el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, en 1993. Inspirado en el “fujimorazo” peruano, Serrano disolvió el Congreso y la Corte Suprema, suspendiendo garantías constitucionales en un claro intento de concentrar el poder. Sin embargo, los mecanismos de salvaguarda contemplados en la Constitución demostraron su eficacia. La Corte de Constitucionalidad, el ejército, el sector privado y políticos de todas las ideologías se alinearon para restaurar el orden constitucional, forzando la renuncia de Serrano. Ese episodio, lejos de debilitar la institucionalidad, fortaleció la confianza en los mecanismos democráticos y evidenció la resiliencia del sistema.
A pesar de ese y otros intentos de vulnerar el orden constitucional —como crisis políticas, corrupción sistémica o polarización—, la Constitución ha proporcionado un marco para resolver conflictos dentro de la legalidad. La Corte de Constitucionalidad, en particular, ha jugado un papel crucial como árbitro en disputas que podrían haber escalado a rupturas institucionales. Asimismo, la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos, ha utilizado las garantías constitucionales para exigir transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, el camino no está exento de retos. La corrupción y las tensiones políticas persisten, poniendo a prueba la fortaleza institucional. Reformas muy puntuales podrían fortalecer aún más el sistema, garantizando que la Constitución siga siendo relevante.
Al arribar a 4 décadas, la de 1985, es la constitución que más tiempo ininterrumpido ha estado vigente; no es poca cosa. Las diferencias políticas —dentro del marco de la legalidad— son sanas, pero el riesgo de que los enemigos de la democracia prevalezcan, es latente. Ante ello, los guatemaltecos debemos de congratularnos de que no han tenido éxito. La Constitución ha sido, en gran medida, la responsable.
El sábado 31 de mayo marcará el 40 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, en medio del conflicto armado interno. Desde entonces, ha sido la piedra angular del Estado guatemalteco, demostrando ser un baluarte de la república, garantizando la separación de poderes, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, particularmente en momentos de graves crisis políticas.
La Constitución nació en un contexto de transición hacia la democracia, tras décadas de gobiernos militares y violencia. Su diseño buscó establecer un marco robusto para evitar el retorno al autoritarismo, promoviendo un equilibrio entre los 3 poderes, y dotando a la ciudadanía de herramientas para defender sus derechos. A lo largo de estas cuatro décadas, la Carta Magna ha sido el cimiento sobre el cual se han construido avances democráticos, aunque no exentos de desafíos.
Uno de los episodios más críticos fue el autogolpe perpetrado por el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, en 1993. Inspirado en el “fujimorazo” peruano, Serrano disolvió el Congreso y la Corte Suprema, suspendiendo garantías constitucionales en un claro intento de concentrar el poder. Sin embargo, los mecanismos de salvaguarda contemplados en la Constitución demostraron su eficacia. La Corte de Constitucionalidad, el ejército, el sector privado y políticos de todas las ideologías se alinearon para restaurar el orden constitucional, forzando la renuncia de Serrano. Ese episodio, lejos de debilitar la institucionalidad, fortaleció la confianza en los mecanismos democráticos y evidenció la resiliencia del sistema.
A pesar de ese y otros intentos de vulnerar el orden constitucional —como crisis políticas, corrupción sistémica o polarización—, la Constitución ha proporcionado un marco para resolver conflictos dentro de la legalidad. La Corte de Constitucionalidad, en particular, ha jugado un papel crucial como árbitro en disputas que podrían haber escalado a rupturas institucionales. Asimismo, la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos, ha utilizado las garantías constitucionales para exigir transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, el camino no está exento de retos. La corrupción y las tensiones políticas persisten, poniendo a prueba la fortaleza institucional. Reformas muy puntuales podrían fortalecer aún más el sistema, garantizando que la Constitución siga siendo relevante.
Al arribar a 4 décadas, la de 1985, es la constitución que más tiempo ininterrumpido ha estado vigente; no es poca cosa. Las diferencias políticas —dentro del marco de la legalidad— son sanas, pero el riesgo de que los enemigos de la democracia prevalezcan, es latente. Ante ello, los guatemaltecos debemos de congratularnos de que no han tenido éxito. La Constitución ha sido, en gran medida, la responsable.
