EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Hoy el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conferencia de prensa, habló acerca del informe de financiamiento de partidos políticos realizado por este ente investigador. Iván Velásquez señaló que el trabajo realizado determinó que hay “una alta impunidad entre el 95 % y el 100 % de los delito electorales”.
Asimismo, Velásquez explicó que en la contienda pasada, en 2011, todas las agrupaciones políticas gastaron más de lo que reportaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “El Partido Patriota, el partido Lider y la coalición UNE-GANA superaron el techo”, expresó.
El comisionado también habló acerca de las redes político-económicas que se han establecido para captar recursos del Estado y promover candidatos, para luego beneficiarse durante los gobiernos.
Habló acerca de la necesidad de mejor coordinación en el TSE para poder llevar control estricto y preciso de los financistas.
Velásquez explicó que dentro de las agrupaciones políticas existen recaudadores, personas que se dedican a captar fondos, especialmente para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, para luego beneficiarse con contratos del Estado. Al respecto, refirió el caso de Gustavo Alejos, quien ha sido financista de la UNE, Todos y la Gana y se desempeño como Secretario Privado del expresidente Álvaro Colom.
El jefe de la CICIG también refirió el caso del monopolio de la televisión, que en ocasiones apoya a ciertos aspirantes a cargos públicos con tarifas preferenciales e incluso infomerciales disfrazados de trabajos periodísticos. Lo mismo, dijo, sucede con los medios de comunicación que son afines a las agrupaciones políticas.
Señaló que muchos de los fondos provienen del narcotráfico y que así es cómo estas estructuras logran implantarse dentro del Estado.
En el informe, aseguró, se muestra cómo diversas estructuras de corrupción han logrado conformarse dentro de los gobiernos. Citó los casos de los diputados de Lider Mirza Arreaga y Luis Chávez representantes del departamento de Huehuetenango, así como el del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
De acuerdo con el informe de la CICIG, el financiamiento privado de las campañas electorales debe reducirse a una cantidad mínima, y que no supere el 20 % del total. Asimismo, señala que los recursos públicos que reciben las agrupaciones políticas deben fiscalizarse, limitarse y regularse.
Finalmente, Iván Velásquez explicó que, como recomendación de la CICIG, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria y la SAT deben apoyarse para tratar el tema de financiamiento.
Hoy el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conferencia de prensa, habló acerca del informe de financiamiento de partidos políticos realizado por este ente investigador. Iván Velásquez señaló que el trabajo realizado determinó que hay “una alta impunidad entre el 95 % y el 100 % de los delito electorales”.
Asimismo, Velásquez explicó que en la contienda pasada, en 2011, todas las agrupaciones políticas gastaron más de lo que reportaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “El Partido Patriota, el partido Lider y la coalición UNE-GANA superaron el techo”, expresó.
El comisionado también habló acerca de las redes político-económicas que se han establecido para captar recursos del Estado y promover candidatos, para luego beneficiarse durante los gobiernos.
Habló acerca de la necesidad de mejor coordinación en el TSE para poder llevar control estricto y preciso de los financistas.
Velásquez explicó que dentro de las agrupaciones políticas existen recaudadores, personas que se dedican a captar fondos, especialmente para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, para luego beneficiarse con contratos del Estado. Al respecto, refirió el caso de Gustavo Alejos, quien ha sido financista de la UNE, Todos y la Gana y se desempeño como Secretario Privado del expresidente Álvaro Colom.
El jefe de la CICIG también refirió el caso del monopolio de la televisión, que en ocasiones apoya a ciertos aspirantes a cargos públicos con tarifas preferenciales e incluso infomerciales disfrazados de trabajos periodísticos. Lo mismo, dijo, sucede con los medios de comunicación que son afines a las agrupaciones políticas.
Señaló que muchos de los fondos provienen del narcotráfico y que así es cómo estas estructuras logran implantarse dentro del Estado.
En el informe, aseguró, se muestra cómo diversas estructuras de corrupción han logrado conformarse dentro de los gobiernos. Citó los casos de los diputados de Lider Mirza Arreaga y Luis Chávez representantes del departamento de Huehuetenango, así como el del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
De acuerdo con el informe de la CICIG, el financiamiento privado de las campañas electorales debe reducirse a una cantidad mínima, y que no supere el 20 % del total. Asimismo, señala que los recursos públicos que reciben las agrupaciones políticas deben fiscalizarse, limitarse y regularse.
Finalmente, Iván Velásquez explicó que, como recomendación de la CICIG, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria y la SAT deben apoyarse para tratar el tema de financiamiento.
