EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habían permanecido en un bajo perfil, apenas había cobertura por parte de los medios de comunicación sobre los procesos o avances en las investigaciones que venían de años atrás.
La Comisión fue establecida en Nueva York, Estados Unidos en 2006 y entró en vigencia el 4 de septiembre 2007. El cese de las funciones de CICIG estaba previsto para septiembre 2015 y en el Congreso, hubo algunos intentos para recomendarle al Ejecutivo frenar su vigencia, sin embargo, habían resultado infructuosos.
De entrada, en febrero 2012, consiguieron la aprobación en el Congreso de una propuesta de Reforma Fiscal que a todas luces contenía inconsistencias y fue modificada 21 meses después por medio de la Ley de Ampliación Tributaria.
En ese mismo mes, fue nombrado como jefe de la CICIG el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia colombiana el doctor Iván Velásquez. Oriundo de Medellín, el comisionado tiene experiencia en investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
Los cambios en la Comisión eran vistos con recelo por algunos sectores, tanto así que durante una conferencia emitida el 18 de diciembre 2013 Pérez Molina declaró: “no vamos a seguir dependiendo de organismos internacionales, tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos”.
En ese mes, se toma conciencia de una crisis debido a la migración de menores no acompañados hacia Estados Unidos, provenientes de la región conocida como el Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La crisis migratoria provocó que los presidentes de los tres países acudieran ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su sede de Washington DC. En esa reunión que se celebró en julio 2014, el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulsa mencionó la disposición del presidente de Estados Unidos Barack Obama “para afrontar el problema de manera constructiva”.
En septiembre 2014, un año después de la llegada de Velásquez y cuatro meses después de la designación de Aldana, fue nombrado embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson, un político que había sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en este país de 2009 a 2012. El diplomático tiene en su hoja de vida experiencia laboral en España, Italia, Colombia, El Salvador y Bolivia y presentó sus cartas credenciales a Pérez en octubre.
Dos meses después, en noviembre 2014, se hizo la presentación pública del Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por los países en mención con México y Estados Unidos en relación al abordaje del fenómeno migratorio en la región y que “oficialmente pretende abordar las causas que obligan a decenas de miles de centroamericanos a buscar oportunidades y protección en otros países, principalmente EEUU”.
Un mes después, su vicepresidente Joe Biden, acudió a Guatemala para discutir sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte pero en ningún punto de la agenda se incluyó la presencia de su homóloga Baldetti, pese a que ella lo recibió en una primera visita hecha en junio 2014. Desde ese momento ya se escuchaba que el Gobierno de EEUU consideraba non grata a la vicemandataria.
El vicepresidente Biden se hizo acompañar de su esposa y por razones de protocolo, el mandatario guatemalteco debía contar con la presencia de su esposa Rosa Leal de Pérez. Publicaciones de la época dan cuenta de que Baldetti habría salido del país indignada por esa situación.
Rechaza “intromisión extranjera”
Durante el encuentro se habló sobre la unión aduanera entre los tres países de la región y al finalizar, Pérez comentó que solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas al Plan que fomentará el desarrollo humano, el fortalecimiento de la economía y la seguridad en los países que integran el Triángulo Norte.
Lo anterior evidenció el rechazo que sentía el presidente ante las imposiciones previstas por organismos internacionales sobre el actuar de su Gobierno y fueron la antesala a su postura respecto a la continuidad o no de la presencia de la CICIG en el país.
Un cisma político en el país
El 16 de abril 2015, 21 personas fueron capturadas en una labor conjunta entre la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la CICIG, entre los aprehendidos estaba Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Carlos Muñoz, ex superintendente de esa entidad y otros seis mandos altos y medios de la dependencia estatal.
Un boletín emitido por la CICIG, indica que las pesquisas iniciaron en mayo 2014 “con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando” y tenían contacto con tramitadores aduaneros para evadir el pago de impuestos. “Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea”, especifican.
Monzón fue mencionado como miembro de una estructura de robacarros sorprendida “infraganti” en 2001 y pese a ello, ocupó el puesto de confianza al lado de Baldetti, razón por la que se intuyó la participación de la vicemandataria en la estructura como coincidieron analistas.
En una conferencia de prensa emitida ese día, el fiscal del MP Óscar Shaad manifestó que “el nombre de la vicepresidenta Roxana Baldetti sigue sobrando porque no es parte de la investigación”, sin embargo, desde ese momento, los usuarios de redes sociales señalaban directamente a la vicemandataria.
Ella apareció el 19 de abril sin información certera sobre el momento de su arribo al país, es más, evitó decir el momento preciso en que tocó suelo guatemalteco. En una conferencia de prensa en donde perdió el control de manera evidente, manifestó: “yo no tenía información de nada, cuando allá era de noche, aquí era de día. Cuando me enteré de lo que pasó, ya no vi a Juan Carlos”, expuso. Vea parte de la conferencia en este video del Noticiero Guatevisión.
También dijo que había regresado al país “a dar la cara” y que no renunciaría. Un día antes de su conferencia Alejandro Sinibaldi, quien se ungía como el candidato del PP renunció y denunció que ella había “boicoteado” su candidatura.
En este momento, sociedad civil y otros grupos apoyaron el movimiento, excepto otros que tradicionalmente apoyaron al Gobierno como los sindicatos de Salud y Educación, organizaciones no gubernamentales y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Columnistas de prensa incluso apuntaron a que estas organizaciones debían ser investigadas.
La primera concentración fue el 25 de abril y la cabeza de la vicepresidenta era la que se exigía por parte de los asistentes. La indignación sobrepasó las redes sociales y se convirtió en una exigencia por parte de medios de comunicación, principalmente los digitales.
La postura del sector empresarial fue que la renuncia era necesaria “para fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad” y aseguraron que su separación del cargo permitiría asegurar el curso independiente de la investigación judicial.
Las labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habían permanecido en un bajo perfil, apenas había cobertura por parte de los medios de comunicación sobre los procesos o avances en las investigaciones que venían de años atrás.
La Comisión fue establecida en Nueva York, Estados Unidos en 2006 y entró en vigencia el 4 de septiembre 2007. El cese de las funciones de CICIG estaba previsto para septiembre 2015 y en el Congreso, hubo algunos intentos para recomendarle al Ejecutivo frenar su vigencia, sin embargo, habían resultado infructuosos.
De entrada, en febrero 2012, consiguieron la aprobación en el Congreso de una propuesta de Reforma Fiscal que a todas luces contenía inconsistencias y fue modificada 21 meses después por medio de la Ley de Ampliación Tributaria.
En ese mismo mes, fue nombrado como jefe de la CICIG el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia colombiana el doctor Iván Velásquez. Oriundo de Medellín, el comisionado tiene experiencia en investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
Los cambios en la Comisión eran vistos con recelo por algunos sectores, tanto así que durante una conferencia emitida el 18 de diciembre 2013 Pérez Molina declaró: “no vamos a seguir dependiendo de organismos internacionales, tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos”.
En ese mes, se toma conciencia de una crisis debido a la migración de menores no acompañados hacia Estados Unidos, provenientes de la región conocida como el Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La crisis migratoria provocó que los presidentes de los tres países acudieran ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su sede de Washington DC. En esa reunión que se celebró en julio 2014, el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulsa mencionó la disposición del presidente de Estados Unidos Barack Obama “para afrontar el problema de manera constructiva”.
En septiembre 2014, un año después de la llegada de Velásquez y cuatro meses después de la designación de Aldana, fue nombrado embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson, un político que había sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en este país de 2009 a 2012. El diplomático tiene en su hoja de vida experiencia laboral en España, Italia, Colombia, El Salvador y Bolivia y presentó sus cartas credenciales a Pérez en octubre.
Dos meses después, en noviembre 2014, se hizo la presentación pública del Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por los países en mención con México y Estados Unidos en relación al abordaje del fenómeno migratorio en la región y que “oficialmente pretende abordar las causas que obligan a decenas de miles de centroamericanos a buscar oportunidades y protección en otros países, principalmente EEUU”.
Un mes después, su vicepresidente Joe Biden, acudió a Guatemala para discutir sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte pero en ningún punto de la agenda se incluyó la presencia de su homóloga Baldetti, pese a que ella lo recibió en una primera visita hecha en junio 2014. Desde ese momento ya se escuchaba que el Gobierno de EEUU consideraba non grata a la vicemandataria.
El vicepresidente Biden se hizo acompañar de su esposa y por razones de protocolo, el mandatario guatemalteco debía contar con la presencia de su esposa Rosa Leal de Pérez. Publicaciones de la época dan cuenta de que Baldetti habría salido del país indignada por esa situación.
Rechaza “intromisión extranjera”
Durante el encuentro se habló sobre la unión aduanera entre los tres países de la región y al finalizar, Pérez comentó que solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas al Plan que fomentará el desarrollo humano, el fortalecimiento de la economía y la seguridad en los países que integran el Triángulo Norte.
Lo anterior evidenció el rechazo que sentía el presidente ante las imposiciones previstas por organismos internacionales sobre el actuar de su Gobierno y fueron la antesala a su postura respecto a la continuidad o no de la presencia de la CICIG en el país.
Un cisma político en el país
El 16 de abril 2015, 21 personas fueron capturadas en una labor conjunta entre la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la CICIG, entre los aprehendidos estaba Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Carlos Muñoz, ex superintendente de esa entidad y otros seis mandos altos y medios de la dependencia estatal.
Un boletín emitido por la CICIG, indica que las pesquisas iniciaron en mayo 2014 “con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando” y tenían contacto con tramitadores aduaneros para evadir el pago de impuestos. “Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea”, especifican.
Monzón fue mencionado como miembro de una estructura de robacarros sorprendida “infraganti” en 2001 y pese a ello, ocupó el puesto de confianza al lado de Baldetti, razón por la que se intuyó la participación de la vicemandataria en la estructura como coincidieron analistas.
En una conferencia de prensa emitida ese día, el fiscal del MP Óscar Shaad manifestó que “el nombre de la vicepresidenta Roxana Baldetti sigue sobrando porque no es parte de la investigación”, sin embargo, desde ese momento, los usuarios de redes sociales señalaban directamente a la vicemandataria.
Ella apareció el 19 de abril sin información certera sobre el momento de su arribo al país, es más, evitó decir el momento preciso en que tocó suelo guatemalteco. En una conferencia de prensa en donde perdió el control de manera evidente, manifestó: “yo no tenía información de nada, cuando allá era de noche, aquí era de día. Cuando me enteré de lo que pasó, ya no vi a Juan Carlos”, expuso. Vea parte de la conferencia en este video del Noticiero Guatevisión.
También dijo que había regresado al país “a dar la cara” y que no renunciaría. Un día antes de su conferencia Alejandro Sinibaldi, quien se ungía como el candidato del PP renunció y denunció que ella había “boicoteado” su candidatura.
En este momento, sociedad civil y otros grupos apoyaron el movimiento, excepto otros que tradicionalmente apoyaron al Gobierno como los sindicatos de Salud y Educación, organizaciones no gubernamentales y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Columnistas de prensa incluso apuntaron a que estas organizaciones debían ser investigadas.
La primera concentración fue el 25 de abril y la cabeza de la vicepresidenta era la que se exigía por parte de los asistentes. La indignación sobrepasó las redes sociales y se convirtió en una exigencia por parte de medios de comunicación, principalmente los digitales.
La postura del sector empresarial fue que la renuncia era necesaria “para fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad” y aseguraron que su separación del cargo permitiría asegurar el curso independiente de la investigación judicial.
