EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: [vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” custom_title=”” header_color=”” header_text_color=””][vc_column width=”2/3″]Un secretario privado asiste al Presidente de la República en asuntos privados y oficiales, debe ser eficiente, discreto, transparente, innovador, dinámico y tener comunicación fluída.
Entre sus responsabilidades está la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias y estar a disposición de los requerimientos que le indique el presidente.
El artículo 202 de la Constitución indica que el mandatario tendrá los secretarios que sean necesarios y exige para el Secretario Privado cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser ministro ya que gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades.
El artículo 10 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo describe las funciones específicas que tienen los secretarios privados, entre estas, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del presidente y atender el despacho de asuntos que se dirijan al mandatario. (Ver recuadro)
Un Secretario Privado gana Q30 mil 125 mensuales entre sueldo, bono y gastos de representación y es el funcionario sobre quien recae la confianza del presidente. Sin embargo, en los últimos casos se observó como estos funcionarios poseen patrimonio suficiente para financiar las campañas electorales de sus jefes de Estado.
[vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1446830974462{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #edc77b !important;}”]Atribuciones del Secretario General de la Presidencia
- Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
- Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
- Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
- Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.
[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” custom_title=”” header_color=”” header_text_color=””][vc_column width=”1/1″]
Fuente: USAID
Durante el gobierno de Alfonso Portillo, Julio Girón era su hombre de confianza, tanto así que juntos abrieron una cuenta a nombre de la sociedad Inversiones Segovia, S.A., en el Banco Internacional de Panamá (fusionado con el Banco Continental) y que más tarde fuera conocido como uno de los más grandes casos de corrupción en la historia el país: La Conexión Panamá.
Después de Portillo, asumió Óscar Berger y su financista Alfredo Vila ocupó el cargo de Secretario Privado. Su nombre aparece en el informe de Financiamiento de la Política en Guatemala presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en julio del presente año.
El documento ejemplifica que con esta cita que “el financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos ha sido y es una constante” aunque remarca que el apoyo es ilícito “en tanto no ha sido sujeto a normas de transparencia ni ha sido reportado a las autoridades electorales”.
Posteriormente asume Álvaro Colom y ahí su financista y recaudador Gustavo Alejos logró al asumir como secretario “una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos”, según el documento de CICIG.
Ahora, el exsecretario se encuentra prófugo de la justicia tras conocerse que estuvo involucrado en la red “Negociadores de la salud” para la compra de medicinas por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Fue declarado en rebeldía y el ministerio de Gobeernación contempla una recompensa que oscilará entre Q100 mil y Q150 mil según el viceministro Elmer Sosa, para quien de información sobre su paradero.
El poderío de Alejos alcanzó hasta Otto Pérez Molina, el expresidente que resultó electo en 2011 a quien le dio en alquiler una residencia en la colonia Vista Hermosa, zona 15. En el informe de CICIG se describe que durante el mandato de Colom “se le permitía una posición privilegiada en la repartición de negocios públicos, así como en el nombramiento de ministros, secretarios y directores”.
Pérez nombró como su secretario privado al militar Juan de Dios Rodríguez, egresado de la Escuela Politécnica en 1984 junto a Estuardo Galdámez (diputado de El Quiché) y Byron Lima, quien guarda prisión acusado de asesinato.
Posteriormente, Pérez nombra a Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del IGSS y estando ahí se le acusó de participar en la adjudicación de un contrato de diálisis a la Droguería Pisa que le costó la vida a más de un ventenar de personas. Actualmente guarda prisión preventiva
Esta fue la conferencia de prensa brindada por las autoridades del Ministerio Público y del IGSS tras conocerse la denuncia presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el caso IGSS-PISA:
Otro secretario privado que provocó polémica es Juan Carlos Monzón, quien respondía a los requerimientos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El aludido fue acusado de liderar la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea y guarda prisión preventiva en el centro de reclusión de Fraijanes.
Recomendaciones al binomio electo
Los impactos de esta selección tienen incidencia directa sobre los mandatarios que los designan según los casos anteriores. Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) expuso que es necesario que las autoridades electas hagan una investigación profunda sobre la trayectoria de las personas seleccionadas para dicho puesto.
“Una vez lo hayan designado deben tener una política de cero tolerancia a la corrupción y esto es empezando con esta persona ya que es más que obvio que cualquier acto de corrupción en que incurran, se verá reflejado en ellos (presidente y vicepresidente”.
José Carlos Sanabria, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES) comentó que dicho nombramiento es una decisión administrativa cuyas atribuciones deben delimitarse con más precisión. “Es un puesto político que necesita generar condiciones de cercanía y confianza con el presidente como parte de la naturaleza del puesto”.
Agregó que a las autoridades electas les recomienda establecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar las malas experiencias con estos funcionarios vividas con anterioridad.
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Entre sus responsabilidades está la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias y estar a disposición de los requerimientos que le indique el presidente.
El artículo 202 de la Constitución indica que el mandatario tendrá los secretarios que sean necesarios y exige para el Secretario Privado cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser ministro ya que gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades.
El artículo 10 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo describe las funciones específicas que tienen los secretarios privados, entre estas, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del presidente y atender el despacho de asuntos que se dirijan al mandatario. (Ver recuadro)
Un Secretario Privado gana Q30 mil 125 mensuales entre sueldo, bono y gastos de representación y es el funcionario sobre quien recae la confianza del presidente. Sin embargo, en los últimos casos se observó como estos funcionarios poseen patrimonio suficiente para financiar las campañas electorales de sus jefes de Estado.
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- Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
- Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
- Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
- Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.
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Fuente: USAID
Durante el gobierno de Alfonso Portillo, Julio Girón era su hombre de confianza, tanto así que juntos abrieron una cuenta a nombre de la sociedad Inversiones Segovia, S.A., en el Banco Internacional de Panamá (fusionado con el Banco Continental) y que más tarde fuera conocido como uno de los más grandes casos de corrupción en la historia el país: La Conexión Panamá.
Después de Portillo, asumió Óscar Berger y su financista Alfredo Vila ocupó el cargo de Secretario Privado. Su nombre aparece en el informe de Financiamiento de la Política en Guatemala presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en julio del presente año.
El documento ejemplifica que con esta cita que “el financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos ha sido y es una constante” aunque remarca que el apoyo es ilícito “en tanto no ha sido sujeto a normas de transparencia ni ha sido reportado a las autoridades electorales”.
Posteriormente asume Álvaro Colom y ahí su financista y recaudador Gustavo Alejos logró al asumir como secretario “una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos”, según el documento de CICIG.
Ahora, el exsecretario se encuentra prófugo de la justicia tras conocerse que estuvo involucrado en la red “Negociadores de la salud” para la compra de medicinas por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Fue declarado en rebeldía y el ministerio de Gobeernación contempla una recompensa que oscilará entre Q100 mil y Q150 mil según el viceministro Elmer Sosa, para quien de información sobre su paradero.
El poderío de Alejos alcanzó hasta Otto Pérez Molina, el expresidente que resultó electo en 2011 a quien le dio en alquiler una residencia en la colonia Vista Hermosa, zona 15. En el informe de CICIG se describe que durante el mandato de Colom “se le permitía una posición privilegiada en la repartición de negocios públicos, así como en el nombramiento de ministros, secretarios y directores”.
Pérez nombró como su secretario privado al militar Juan de Dios Rodríguez, egresado de la Escuela Politécnica en 1984 junto a Estuardo Galdámez (diputado de El Quiché) y Byron Lima, quien guarda prisión acusado de asesinato.
Posteriormente, Pérez nombra a Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del IGSS y estando ahí se le acusó de participar en la adjudicación de un contrato de diálisis a la Droguería Pisa que le costó la vida a más de un ventenar de personas. Actualmente guarda prisión preventiva
Esta fue la conferencia de prensa brindada por las autoridades del Ministerio Público y del IGSS tras conocerse la denuncia presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el caso IGSS-PISA:
Otro secretario privado que provocó polémica es Juan Carlos Monzón, quien respondía a los requerimientos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El aludido fue acusado de liderar la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea y guarda prisión preventiva en el centro de reclusión de Fraijanes.
Recomendaciones al binomio electo
Los impactos de esta selección tienen incidencia directa sobre los mandatarios que los designan según los casos anteriores. Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) expuso que es necesario que las autoridades electas hagan una investigación profunda sobre la trayectoria de las personas seleccionadas para dicho puesto.
“Una vez lo hayan designado deben tener una política de cero tolerancia a la corrupción y esto es empezando con esta persona ya que es más que obvio que cualquier acto de corrupción en que incurran, se verá reflejado en ellos (presidente y vicepresidente”.
José Carlos Sanabria, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES) comentó que dicho nombramiento es una decisión administrativa cuyas atribuciones deben delimitarse con más precisión. “Es un puesto político que necesita generar condiciones de cercanía y confianza con el presidente como parte de la naturaleza del puesto”.
Agregó que a las autoridades electas les recomienda establecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar las malas experiencias con estos funcionarios vividas con anterioridad.
