EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El trabajo de los parlamentarios ha estado bajo la lupa y continúa generando críticas por los pocos resultados que refleja la Legislatura saliente que ha tenido un deficiente desempeño. Quedan retos pendientes que cumplir, como la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, Ley de Compras y Contrataciones y las reformas al Sector Justicia.
De acuerdo con Luis Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), los diputados de esta legislatura tienen un reto inmediato con la aprobación de la reforma electoral. Aunque ya no se encuentra en el Congreso, ya que fue enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para su opinión, habría que presionar para que regrese y sea aprobada en este año.
Sin embargo, Mack considera que existe poco tiempo para que se apruebe esta serie de iniciativas que son importantes para el país. Hay que exigirles a los nuevos diputados porque más de la mitad resultaron reelectos y deben comprometerse a impulsarlas al inicio de la nueva legislatura en enero próximo. “El Congreso debe empezar con muy buen pie el año entrante para recuperar la confianza ciudadana”, dice.
Por su lado Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que tanto la legislación entrante como la saliente deben trabajar reformas a fondo y no “contentarse” con unas primeras reformas. “La oportunidad es única y deben ser reformas profundas, no se trata de hacer chapuces a las leyes, de manera que en dos años no empecemos a decir que se tienen que reformar las leyes nuevamente”, considera.
Linares coincide con Mack al asegurar que la reforma electoral es una de las leyes más importantes, y hace severas críticas a la Ley de Servicio Civil que a su consideración no contienen las reformas necesarias. Según el analista, el desafío será que se continúen trabajando en las reformas y pasarle la estafeta al próximo Congreso para trabajar en estos temas aunado al tema de la justicia.
La próxima legislatura recién electa tiene retos y presiones fuertes. El próximo 14 de enero asumirán como nuevos diputados, lo cual lleva implícito el clamor popular de la depuración de los congresistas electos y reelectos que tienen sindicaciones de corrupción. Además de estas presiones ciudadanas, también tienen el reto de superar la desconfianza que heredó de las anteriores legislaturas, especialmente de la actual. Es de recordar que buena parte de las manifestaciones populares se enfocaban en las actuaciones del Congreso, dicen los analistas.
Además, Mack refiere que la depuración será un mecanismo difícil porque no existen leyes para hacerlo. Entonces lo que queda es la autodepuración no solamente de las personas sino de los comportamientos. “Este proceso es complicado porque existe un vacío legal institucional que debe tener una salida”, afirma.
A criterio de Linares no solamente el clamor es sobre la depuración sino en contra de la corrupción. De esa cuenta los mismos congresistas deberán modificar las figuras penales relacionadas con los delitos en la administración pública, para que las penas menores de estos delitos sean de cinco años para evitar que sean conmutables. También deben traer consigo una prohibición expresa para que puedan ejercer cargos públicos, acción que queda en duda si la legislarán.
Al momento son trece los congresistas que tienen una solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por incurrir en varios delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito entre otros.
Los procesos de antejuicios se encuentran estancados a tres meses de que fueran solicitados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fueron entrapados por recursos legales interpuestos por los parlamentarios entre ellos Baudilio Hichos, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, quienes no se presentaron a las vistas publicas en la CC para dar a conocer sus argumentaciones sobre las acciones de amparo contra los antejuicios que buscan investigarlos.
Los tres legisladores de Libertad Democrática Renovada (Lider) son sindicados por los entes investigadores como supuestos miembros de una estructura dedicada al lavado de dinero. A esto se le suma la reciente denuncia de organizaciones que dieron a conocer que 11 diputados son contratistas del Estado, por lo que no pueden asumir su curul el 14 de enero próximo.
Organizaciones civiles insisten a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se les adjudiquen los cargos ya que no cumplen con los requisitos de Ley. Sin embargo Mack indica que al TSE ya no le corresponde la depuración porque debió hacerla de ser antes de aceptar las candidaturas de las personas que resultan ahora señaladas.
Linares coincide con Mack al indicar que la depuración debe ser a lo interno de los partidos políticos, para que las personas que tengan conflicto de interés expreso puedan renunciar a sus diputaciones, porque de lo contrario se intensificará el rechazo de la ciudadanía.
Acuerdos institucionales
Un reto más que deberá enfrentar el nuevo Gobierno del presidente electo Jimmy Morales, con una bancada pequeña, serán los procesos para la aprobación de leyes que le interesen al Ejecutivo y la discusión que año con año se da en torno al Presupuesto de ingresos y egresos de la nación.
En tal sentido el experto de Asies indica que el nuevo Gobierno no deberá de desgastarse en negociaciones, sino más bien institucionalizarse en base a acuerdos transparentes. Entonces el Congreso debe cuidarse en salud para que las negociaciones se hagan a nivel institucional.
Asimismo deberá de hacerlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para plantear las necesidades institucionales a ese nivel y no se pervierta el proceso de la búsqueda de los acuerdos.
Expertos también coinciden que Morales debe utilizar el clamor popular para impulsar leyes y que el Congreso las apruebe y que ayuden al Ejecutivo a tener un mejor gobierno en favor de la población.
Insisten que no asuman los señalados
Mediante un comunicado la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) solicitó a los magistrados del TSE que no permitan que asuman los diputados que tienen prohibiciones constitucionales o bien, que figuran como contratistas del Estado. Al momento, unos 21 diputados reelectos tienen señalamientos.
Fundesa reitera que la depuración es una acción que con la ley en mano se debe impulsar para “lograr un mejor país”. Al momento, las autoridades electorales no han definido su decisión al respecto.
El trabajo de los parlamentarios ha estado bajo la lupa y continúa generando críticas por los pocos resultados que refleja la Legislatura saliente que ha tenido un deficiente desempeño. Quedan retos pendientes que cumplir, como la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, Ley de Compras y Contrataciones y las reformas al Sector Justicia.
De acuerdo con Luis Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), los diputados de esta legislatura tienen un reto inmediato con la aprobación de la reforma electoral. Aunque ya no se encuentra en el Congreso, ya que fue enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para su opinión, habría que presionar para que regrese y sea aprobada en este año.
Sin embargo, Mack considera que existe poco tiempo para que se apruebe esta serie de iniciativas que son importantes para el país. Hay que exigirles a los nuevos diputados porque más de la mitad resultaron reelectos y deben comprometerse a impulsarlas al inicio de la nueva legislatura en enero próximo. “El Congreso debe empezar con muy buen pie el año entrante para recuperar la confianza ciudadana”, dice.
Por su lado Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que tanto la legislación entrante como la saliente deben trabajar reformas a fondo y no “contentarse” con unas primeras reformas. “La oportunidad es única y deben ser reformas profundas, no se trata de hacer chapuces a las leyes, de manera que en dos años no empecemos a decir que se tienen que reformar las leyes nuevamente”, considera.
Linares coincide con Mack al asegurar que la reforma electoral es una de las leyes más importantes, y hace severas críticas a la Ley de Servicio Civil que a su consideración no contienen las reformas necesarias. Según el analista, el desafío será que se continúen trabajando en las reformas y pasarle la estafeta al próximo Congreso para trabajar en estos temas aunado al tema de la justicia.
La próxima legislatura recién electa tiene retos y presiones fuertes. El próximo 14 de enero asumirán como nuevos diputados, lo cual lleva implícito el clamor popular de la depuración de los congresistas electos y reelectos que tienen sindicaciones de corrupción. Además de estas presiones ciudadanas, también tienen el reto de superar la desconfianza que heredó de las anteriores legislaturas, especialmente de la actual. Es de recordar que buena parte de las manifestaciones populares se enfocaban en las actuaciones del Congreso, dicen los analistas.
Además, Mack refiere que la depuración será un mecanismo difícil porque no existen leyes para hacerlo. Entonces lo que queda es la autodepuración no solamente de las personas sino de los comportamientos. “Este proceso es complicado porque existe un vacío legal institucional que debe tener una salida”, afirma.
A criterio de Linares no solamente el clamor es sobre la depuración sino en contra de la corrupción. De esa cuenta los mismos congresistas deberán modificar las figuras penales relacionadas con los delitos en la administración pública, para que las penas menores de estos delitos sean de cinco años para evitar que sean conmutables. También deben traer consigo una prohibición expresa para que puedan ejercer cargos públicos, acción que queda en duda si la legislarán.
Al momento son trece los congresistas que tienen una solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por incurrir en varios delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito entre otros.
Los procesos de antejuicios se encuentran estancados a tres meses de que fueran solicitados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fueron entrapados por recursos legales interpuestos por los parlamentarios entre ellos Baudilio Hichos, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, quienes no se presentaron a las vistas publicas en la CC para dar a conocer sus argumentaciones sobre las acciones de amparo contra los antejuicios que buscan investigarlos.
Los tres legisladores de Libertad Democrática Renovada (Lider) son sindicados por los entes investigadores como supuestos miembros de una estructura dedicada al lavado de dinero. A esto se le suma la reciente denuncia de organizaciones que dieron a conocer que 11 diputados son contratistas del Estado, por lo que no pueden asumir su curul el 14 de enero próximo.
Organizaciones civiles insisten a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no se les adjudiquen los cargos ya que no cumplen con los requisitos de Ley. Sin embargo Mack indica que al TSE ya no le corresponde la depuración porque debió hacerla de ser antes de aceptar las candidaturas de las personas que resultan ahora señaladas.
Linares coincide con Mack al indicar que la depuración debe ser a lo interno de los partidos políticos, para que las personas que tengan conflicto de interés expreso puedan renunciar a sus diputaciones, porque de lo contrario se intensificará el rechazo de la ciudadanía.
Acuerdos institucionales
Un reto más que deberá enfrentar el nuevo Gobierno del presidente electo Jimmy Morales, con una bancada pequeña, serán los procesos para la aprobación de leyes que le interesen al Ejecutivo y la discusión que año con año se da en torno al Presupuesto de ingresos y egresos de la nación.
En tal sentido el experto de Asies indica que el nuevo Gobierno no deberá de desgastarse en negociaciones, sino más bien institucionalizarse en base a acuerdos transparentes. Entonces el Congreso debe cuidarse en salud para que las negociaciones se hagan a nivel institucional.
Asimismo deberá de hacerlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para plantear las necesidades institucionales a ese nivel y no se pervierta el proceso de la búsqueda de los acuerdos.
Expertos también coinciden que Morales debe utilizar el clamor popular para impulsar leyes y que el Congreso las apruebe y que ayuden al Ejecutivo a tener un mejor gobierno en favor de la población.
Insisten que no asuman los señalados
Mediante un comunicado la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) solicitó a los magistrados del TSE que no permitan que asuman los diputados que tienen prohibiciones constitucionales o bien, que figuran como contratistas del Estado. Al momento, unos 21 diputados reelectos tienen señalamientos.
Fundesa reitera que la depuración es una acción que con la ley en mano se debe impulsar para “lograr un mejor país”. Al momento, las autoridades electorales no han definido su decisión al respecto.
