EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El cumplimiento de los pactos establecidos entre el Estado y las organizaciones sindicales será uno de los grandes retos a los que se enfrentarán las próximas autoridades, quienes por un lado tienen un panorama con una baja recaudación fiscal y por ende, falta de recursos para funcionamiento y cumplimiento de compromisos adquiridos.
El presidente electo Jimmy Morales explicó que su plan de Gobierno se basa en el Katún 2032 planteamiento metodológico formulado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) con el apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
En la propuesta no se habla sobre el papel que jugará el Estado respecto a los sindicatos o pactos colectivos vigentes, aunque sí hace referencia al estudio Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana que se formuló de 2004 a 2008.
La única mención del sindicalismo se hace en la página 312 de dicho programa y describe cómo nace el movimiento cuya capacidad organizativa se logró a inicios de la década de 1940. El contexto es explicar la participación ciudadana en el desarrollo de nación.
La demanda de organizaciones es grande, pero no todos cumplen con los requisitos. Datos proporcionados en la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Trabajo (Mintrab) indican que el año pasado autorizaron 19 sindicatos, en lo que va del presente hay 30 y en 2017 se aprobaron 17. Eso sí, en 2012, fueron aprobados 84.
[quote_box_center]La Inspección General de Trabajo informó que 2 mil 297 sindicatos inscritos entre sector público, privados, independientes y gremiales. El primero data de 1947.[/quote_box_center]
Fuentes del FCN indican que hay intención de fortalecer la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el Gobierno de Morales, y que esto se vio reflejado en la propuesta de incremento al presupuesto de esa dependencia por parte de la organización al solicitar en la Comisión de Finanzas que se aumentara dicho rubro de Q75 millones a Q100 millones.
La PGN como abogado del Estado es el ente encargado de velar porque los contratos se cumplan y se ejecuten las fianzas correspondientes.
La procuradora María Eugenia Villagrán explicó el miércoles pasado que le manifestó su opinión sobre el tema al presidente Alejandro Maldonado sobre el Pacto de Salud y le alertó que el ministro había incumplido con observar la Constitución, la Ley de Presupuesto y las normas de sindicalización porque “previamente a la negociación de pactos colectivos tenían que contar con un dictamen del Ministerio de Finanzas (Minfin) de que hay recursos para dar cumplimiento a los beneficios económicos a través de estos”.
Afirmó que su recomendación para el presidente electo es que no se negocien beneficios económicos mientras no haya un dictamen del Minfin que garantice que se podrá cumplir porque el Estado es uno y el patrimonio también.
“Primero tiene que saber con cuántos recursos dispone y eso es determinante según el presupuesto que apruebe el Congreso y este tiene que tomar en cuenta los compromisos que se negociaron en los pactos ya que son ley entre las partes y no puede dejar de considerar su cumplimiento”, añadió.
¿Qué opina Morales?
Morales al inicio y durante la campaña electoral, insistió en que el tema de sindicatos no correspondía al Ejecutivo aunque exhortó al Ministerio de Finanzas a evaluarlos. La situación cambió en la actualidad y es que el presidente electo manifestó que urge el diálogo.
El binomio electo pide una muestra de buena voluntad al país para darle un respiro. “Hay mucha población que no tiene ni qué comer, y yo creo que es un llamado para todos los sindicatos para que nos sentemos a dialogar”, expresó Jafeth Cabrera, vicepresidente electo.
El presidente explicó que por el momento no hay una petición expresa para todos los sindicatos beneficiados por los pactos colectivos aunque precisó que revisará: “aquellos que han sido señalados, que tienen algún tipo de ilegalidad o algún problema de incumplimiento por las calidades y capacidades del Estado y las condiciones en las que estamos”.
Todo lo lesivo debe ser revisado
Felipe Bosh, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) explicó que “todo lo que sea lesivo tiene que ser revisado e ir más allá a la demanda” y recordó que el Estado “no aguanta” con los pactos colectivos vigentes.
“Financieramente es imposible y en dado caso hayan fundamentos para que sigan, es necesario que la población sepa sobre los mismos”, especificó. El empresario describe que las condiciones de muchos pactos son “el secreto mejor guardado” y es momento de conocer sus implicaciones.
El sistema está creado de tal manera, que hasta los honorarios para los abogados que tramitan este tipo de acciones es bien pagado. Para muestra, está el caso de Franco López quien cobró Q24 millones por negociar el pacto colectivo de Salud Pública.
El cumplimiento de los pactos establecidos entre el Estado y las organizaciones sindicales será uno de los grandes retos a los que se enfrentarán las próximas autoridades, quienes por un lado tienen un panorama con una baja recaudación fiscal y por ende, falta de recursos para funcionamiento y cumplimiento de compromisos adquiridos.
El presidente electo Jimmy Morales explicó que su plan de Gobierno se basa en el Katún 2032 planteamiento metodológico formulado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) con el apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
En la propuesta no se habla sobre el papel que jugará el Estado respecto a los sindicatos o pactos colectivos vigentes, aunque sí hace referencia al estudio Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana que se formuló de 2004 a 2008.
La única mención del sindicalismo se hace en la página 312 de dicho programa y describe cómo nace el movimiento cuya capacidad organizativa se logró a inicios de la década de 1940. El contexto es explicar la participación ciudadana en el desarrollo de nación.
La demanda de organizaciones es grande, pero no todos cumplen con los requisitos. Datos proporcionados en la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Trabajo (Mintrab) indican que el año pasado autorizaron 19 sindicatos, en lo que va del presente hay 30 y en 2017 se aprobaron 17. Eso sí, en 2012, fueron aprobados 84.
[quote_box_center]La Inspección General de Trabajo informó que 2 mil 297 sindicatos inscritos entre sector público, privados, independientes y gremiales. El primero data de 1947.[/quote_box_center]
Fuentes del FCN indican que hay intención de fortalecer la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el Gobierno de Morales, y que esto se vio reflejado en la propuesta de incremento al presupuesto de esa dependencia por parte de la organización al solicitar en la Comisión de Finanzas que se aumentara dicho rubro de Q75 millones a Q100 millones.
La PGN como abogado del Estado es el ente encargado de velar porque los contratos se cumplan y se ejecuten las fianzas correspondientes.
La procuradora María Eugenia Villagrán explicó el miércoles pasado que le manifestó su opinión sobre el tema al presidente Alejandro Maldonado sobre el Pacto de Salud y le alertó que el ministro había incumplido con observar la Constitución, la Ley de Presupuesto y las normas de sindicalización porque “previamente a la negociación de pactos colectivos tenían que contar con un dictamen del Ministerio de Finanzas (Minfin) de que hay recursos para dar cumplimiento a los beneficios económicos a través de estos”.
Afirmó que su recomendación para el presidente electo es que no se negocien beneficios económicos mientras no haya un dictamen del Minfin que garantice que se podrá cumplir porque el Estado es uno y el patrimonio también.
“Primero tiene que saber con cuántos recursos dispone y eso es determinante según el presupuesto que apruebe el Congreso y este tiene que tomar en cuenta los compromisos que se negociaron en los pactos ya que son ley entre las partes y no puede dejar de considerar su cumplimiento”, añadió.
¿Qué opina Morales?
Morales al inicio y durante la campaña electoral, insistió en que el tema de sindicatos no correspondía al Ejecutivo aunque exhortó al Ministerio de Finanzas a evaluarlos. La situación cambió en la actualidad y es que el presidente electo manifestó que urge el diálogo.
El binomio electo pide una muestra de buena voluntad al país para darle un respiro. “Hay mucha población que no tiene ni qué comer, y yo creo que es un llamado para todos los sindicatos para que nos sentemos a dialogar”, expresó Jafeth Cabrera, vicepresidente electo.
El presidente explicó que por el momento no hay una petición expresa para todos los sindicatos beneficiados por los pactos colectivos aunque precisó que revisará: “aquellos que han sido señalados, que tienen algún tipo de ilegalidad o algún problema de incumplimiento por las calidades y capacidades del Estado y las condiciones en las que estamos”.
Todo lo lesivo debe ser revisado
Felipe Bosh, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) explicó que “todo lo que sea lesivo tiene que ser revisado e ir más allá a la demanda” y recordó que el Estado “no aguanta” con los pactos colectivos vigentes.
“Financieramente es imposible y en dado caso hayan fundamentos para que sigan, es necesario que la población sepa sobre los mismos”, especificó. El empresario describe que las condiciones de muchos pactos son “el secreto mejor guardado” y es momento de conocer sus implicaciones.
El sistema está creado de tal manera, que hasta los honorarios para los abogados que tramitan este tipo de acciones es bien pagado. Para muestra, está el caso de Franco López quien cobró Q24 millones por negociar el pacto colectivo de Salud Pública.
