EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Estado de Guatemala se ha visto afectado en las finanzas públicas debido a la baja en la recaudación de impuestos, sin embargo no solamente ha sido este factor que ha agudizado la crisis en varias instituciones, también los pactos colectivos de condiciones de trabajo firmados sin partidas presupuestarias han socavado el erario nacional y pueden llevarlo a un colapso.
En la actualidad, hay 14 pactos colectivos vigentes en las distintas entidades del Estado que otorgan no solamente beneficios económicos sino también de otros tipos. Debido a los problemas que estos han provocado, son muchas las entidades que han levantado la voz de alarma porque es de suma importancia que la población conozca la realidad en cuanto a estos “compromisos”.
Que se declaren inconstitucionales
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista dice que el mejor camino legal para terminar con los pactos colectivos que afectan las finanzas del Estado, y bajo las circunstancias en las que se encuentran “es declararlos inconstitucionales”.
Orellana indica que posteriormente a declararlos inconstitucionales se entraría a renegociar pero esta vez “con la mesa limpia”, porque existe el tema que más del alguno saldrá con el “cuento” que los pactos son derechos adquiridos, por lo que la única manera de destituir ese derecho adquirido es sobre la base de la inconstitucionalidad.
Fuentes Destarac, descarta categóricamente que exista otra vía por la cual los pactos colectivos dejen de tener validez, porque se podrían haber declarado lesivos en plazo de tres años, pero si ya pasaron esos tres años ya no se podrían pedir la lesividad, pero insiste que la acción de inconstitucionalidad está abierta.
Además Orellana refiere que los pactos colectivos se estarían teniendo mejores vías para negociar condiciones de trabajo, porque se estarían exterminando todos los actuales lesivos. Según el abogado Constitucionalista es al Ministerio Público en primer lugar que le recaería la responsabilidad de reclamar la inconstitucionalidad, porque es el encargado de velar por la recta aplicación de la Ley “pero nunca lo ha hecho”.
A la Procuraduría General de la Nación (PGN), también le corresponde, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), porque prácticamente “el Estado está incumpliendo con sus funciones para pagar el funcionamiento de los pactos colectivos”.
En cambio Fuentes Destarac dice que cualquier persona puede presentar un recurso de inconstitucionalidad con el auxilio de tres abogados, para que se declare inconstitucional esas acciones gravosas para el Estado.
La PGN y el MP después de que se logre declarar la inconstitucionalidad son los que deben de deducir las responsabilidades a los Ministros que firmaron esos pactos colectivos que han socavado el erario nacional, señala Orellana.
Renegociar los pactos
Orellana también refiere que cuando los pactos se estén renegociando deben tener una adecuada supervisión, porque el problema es que muchas veces son firmados en condiciones prácticamente “extorsivas”.
Por otro lado Manfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana indica que en la renegociación de los pactos colectivos con los sindicatos, los mismos dirigentes saben que la existencia de esos convenios son un atentado para la sobrevivencia institucional donde ellos y sus afiliados trabajan, entonces deben estar dispuestos a ceder sin pensar solo en beneficios personales.
Agrega que los principales pactos que deben ser denunciados son el de Salud, Educación y el Congreso de la República que se ha evidenciado han puesto en jaque a las finanzas del Estado de Guatemala. Nadie está en contra de las mejoras para el trabajador, que se tenga mejores condiciones y pagos, pero esto no debe estar en detrimento de que la institución presente los servicios que tiene que prestar, puntualiza.
Primeras acciones, el pacto de salud
La Procuraduría General de la Nación (PGN), recientemente informó sobre la evaluación de los pactos colectivos que afectan las finanzas del Estado. El 3 de noviembre último iniciaron los encuentros de una mesa interinstitucional para revisar y evaluar dichos acuerdos.
Según se dijo en esa oportunidad la PGN dará los lineamientos de cómo el Estado abordará los pactos colectivos, iniciando con el del Ministerio de Salud y posteriormente se analizarán los demás, esto como producto de la firma de la Alianza Nacional por la Transparencia.
María Eugenia Villagrán, procuradora General de la Nación, indicó que se analiza el dictamen final sobre el pacto colectivo de Salud la cual sería presentado el próximo lunes o martes. “Hemos determinado que el pacto de Salud, cuando se negoció, el Ministro Trabajo no observó normas constitucionales y una norma de la propia Ley de sindicalización que prescribe que cuando se firme un pacto colectivo, debe tenerse dictamen del Ministerio de Finanzas para saber que existe una disponibilidad financiera y poder enfrentar los beneficios económicos que se están negociando”.
Villagrán agrega que se ha determinado que no existe ese dictamen favorable de Finanzas para cumplir con esas disposiciones, lo cual está repercutiendo en la crisis institucional en la que se encuentra el Estado, por lo que el pacto colectivo del Ministerio de Salud es completamente inviable. Asimismo dijo que en los próximos días se deducirán las responsabilidades correspondientes por la suscripción de ese pacto específicamente.
Asimismo la PGN realiza un análisis de alrededor de 20 contratos anómalos, suscritos durante la administración del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. La PGN indicó que ya se presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público, para que inicie las investigaciones de los casos.
Estos serían unos de los contratos investigados: la inversión millonaria para el funcionamiento del Transurbano y el de la terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, se indicó que ya se han rescindido contratos detectados con anomalías, en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
El Estado de Guatemala se ha visto afectado en las finanzas públicas debido a la baja en la recaudación de impuestos, sin embargo no solamente ha sido este factor que ha agudizado la crisis en varias instituciones, también los pactos colectivos de condiciones de trabajo firmados sin partidas presupuestarias han socavado el erario nacional y pueden llevarlo a un colapso.
En la actualidad, hay 14 pactos colectivos vigentes en las distintas entidades del Estado que otorgan no solamente beneficios económicos sino también de otros tipos. Debido a los problemas que estos han provocado, son muchas las entidades que han levantado la voz de alarma porque es de suma importancia que la población conozca la realidad en cuanto a estos “compromisos”.
Que se declaren inconstitucionales
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista dice que el mejor camino legal para terminar con los pactos colectivos que afectan las finanzas del Estado, y bajo las circunstancias en las que se encuentran “es declararlos inconstitucionales”.
Orellana indica que posteriormente a declararlos inconstitucionales se entraría a renegociar pero esta vez “con la mesa limpia”, porque existe el tema que más del alguno saldrá con el “cuento” que los pactos son derechos adquiridos, por lo que la única manera de destituir ese derecho adquirido es sobre la base de la inconstitucionalidad.
Fuentes Destarac, descarta categóricamente que exista otra vía por la cual los pactos colectivos dejen de tener validez, porque se podrían haber declarado lesivos en plazo de tres años, pero si ya pasaron esos tres años ya no se podrían pedir la lesividad, pero insiste que la acción de inconstitucionalidad está abierta.
Además Orellana refiere que los pactos colectivos se estarían teniendo mejores vías para negociar condiciones de trabajo, porque se estarían exterminando todos los actuales lesivos. Según el abogado Constitucionalista es al Ministerio Público en primer lugar que le recaería la responsabilidad de reclamar la inconstitucionalidad, porque es el encargado de velar por la recta aplicación de la Ley “pero nunca lo ha hecho”.
A la Procuraduría General de la Nación (PGN), también le corresponde, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), porque prácticamente “el Estado está incumpliendo con sus funciones para pagar el funcionamiento de los pactos colectivos”.
En cambio Fuentes Destarac dice que cualquier persona puede presentar un recurso de inconstitucionalidad con el auxilio de tres abogados, para que se declare inconstitucional esas acciones gravosas para el Estado.
La PGN y el MP después de que se logre declarar la inconstitucionalidad son los que deben de deducir las responsabilidades a los Ministros que firmaron esos pactos colectivos que han socavado el erario nacional, señala Orellana.
Renegociar los pactos
Orellana también refiere que cuando los pactos se estén renegociando deben tener una adecuada supervisión, porque el problema es que muchas veces son firmados en condiciones prácticamente “extorsivas”.
Por otro lado Manfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana indica que en la renegociación de los pactos colectivos con los sindicatos, los mismos dirigentes saben que la existencia de esos convenios son un atentado para la sobrevivencia institucional donde ellos y sus afiliados trabajan, entonces deben estar dispuestos a ceder sin pensar solo en beneficios personales.
Agrega que los principales pactos que deben ser denunciados son el de Salud, Educación y el Congreso de la República que se ha evidenciado han puesto en jaque a las finanzas del Estado de Guatemala. Nadie está en contra de las mejoras para el trabajador, que se tenga mejores condiciones y pagos, pero esto no debe estar en detrimento de que la institución presente los servicios que tiene que prestar, puntualiza.
Primeras acciones, el pacto de salud
La Procuraduría General de la Nación (PGN), recientemente informó sobre la evaluación de los pactos colectivos que afectan las finanzas del Estado. El 3 de noviembre último iniciaron los encuentros de una mesa interinstitucional para revisar y evaluar dichos acuerdos.
Según se dijo en esa oportunidad la PGN dará los lineamientos de cómo el Estado abordará los pactos colectivos, iniciando con el del Ministerio de Salud y posteriormente se analizarán los demás, esto como producto de la firma de la Alianza Nacional por la Transparencia.
María Eugenia Villagrán, procuradora General de la Nación, indicó que se analiza el dictamen final sobre el pacto colectivo de Salud la cual sería presentado el próximo lunes o martes. “Hemos determinado que el pacto de Salud, cuando se negoció, el Ministro Trabajo no observó normas constitucionales y una norma de la propia Ley de sindicalización que prescribe que cuando se firme un pacto colectivo, debe tenerse dictamen del Ministerio de Finanzas para saber que existe una disponibilidad financiera y poder enfrentar los beneficios económicos que se están negociando”.
Villagrán agrega que se ha determinado que no existe ese dictamen favorable de Finanzas para cumplir con esas disposiciones, lo cual está repercutiendo en la crisis institucional en la que se encuentra el Estado, por lo que el pacto colectivo del Ministerio de Salud es completamente inviable. Asimismo dijo que en los próximos días se deducirán las responsabilidades correspondientes por la suscripción de ese pacto específicamente.
Asimismo la PGN realiza un análisis de alrededor de 20 contratos anómalos, suscritos durante la administración del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. La PGN indicó que ya se presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público, para que inicie las investigaciones de los casos.
Estos serían unos de los contratos investigados: la inversión millonaria para el funcionamiento del Transurbano y el de la terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, se indicó que ya se han rescindido contratos detectados con anomalías, en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
