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¿Dirigentes sindicales o la Línea 3?

Redacción República
10 de noviembre, 2015

Devengar un sueldo sin llegar a trabajar, “defender” los intereses de un sector sin más intención que el beneficio propio y la capacidad de presionar a las autoridades para conseguir objetivos que no representan el bien común, pareciera que es la constante de algunos autoproclamados líderes sindicalistas.

Para nadie es un secreto las presiones efectuadas por Luis Lara en representación del Frente Nacional de Lucha (FNL) en cada Gobierno de turno. Recientemente se supo que hubo presiones para conseguir plazas en Huehuetenango por medio de diputados del entonces partido oficial.

En el caso de las demandas del sindicato de salud, se estima que ascienden a Q1 mil 832.6 millones anuales, situación que a criterio de las autoridades de esa dependencia, hace insostenible la situación pese a que hay una evidente crisis en los hospitales y el sistema en general.

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Pacto colectivo firmado por Villavicencio y Lara

Lara fue sorprendido en un audio en donde se escucha que negoció plazas con la diputada por el departamento en mención Emmilenne Mazariegos, quien alcanzó una curul con el Partido Patriota (PP) en la presente legislatura.

En julio del presente año el entonces ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, informó por medio de una conferencia de prensa que debía decidir entre pagar Q158 millones correspondientes a un bono de antigüedad solicitado por el sindicato de la dependencia en mención o comprar vacunas, todo esto en medio de una serie de protestas encabezadas por el FNL para demandar el cumplimiento de dicho pacto colectivo, que fue firmado en el 2013 -2015 por el ministro Jorge Villavicencio donde se establecen prebendas para la dirigencia sindical .

Lara es conocido por tener acercamientos con las autoridades de los últimos dos gobiernos (Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y PP), recientemente dejó entrever su afinidad con el expresidente Otto Pêrez Molina. Se estima que más de 2 mil trabajadores del sistema de salud no acuden a sus labores para dedicarse a actividades sindicales.

Joviel Acevedo, de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), no es la excepción y pese a que cuenta con un grueso de docentes capaces de bloquear carreteras e interrumpir la locomoción, hay otro sector del magisterio que no le reconoce.

Por ejemplo docentes de una veintena de escuelas en Quetzaltenango sostuvieron una asamblea en agosto último para manifestar su rechazo a la representación que utiliza Acevedo en su gremio y en esa actividad reclamaron la renuncia del todavía presidente Pèrez Molina.

“Desconocemos a Joviel Acevedo, porque él está a favor de la corrupción”, afirmaron los maestros de ese sector en la ocasión referida. Dos meses antes también hubo protestas en contra de dicho liderazgo y en una reunión celebrada en Zacapa se le presentó la postura al aludido, pero este le restó importancia.

El malestar proviene de años atrás. Para muestra, en agosto 2011 hubo reacciones similares de maestros en Quiché y otros puntos del país.

En el caso de Nery Barrios, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), fue acusado de estafa y lavado de dinero, aunque pagó una fianza consistente en Q1 millón 500 mil. Su organización salió en más de una ocasión a bloquear el paso para defender políticas impulsadas por Pérez Molina, entre estas, la Reforma fiscal.

“Son una amenaza”

Un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN) sobre La amenaza de los pactos colectivos del Sector Público, denunció las prebendas a las que tienen acceso los dirigentes de estas organizaciones, tales como viajes, permiso para ausentarse de sus actividades y otro tipo de privilegios similares.

Hugo Maúl, analista de esa organización, lo describió de esta manera: “ellos comen pero no dejan comer. No tienen propuesta para crear más empleos, pero se oponen a cualquier política que pudiera hacerlo”.

También agregó que los dirigentes en mención “demandan aumentos en los ingresos laborales pero se oponen a cualquier medida que pudiera aumentarlos a los millones de guatemaltecos que viven en pobreza y trabajan en la informalidad. Dicen defender derechos irrenunciables pero se oponen a que más guatemaltecos puedan gozar de los mismos”.

La exministra de Educación, María del Carmen Aceña lo describe así: “es complejo comprender lo difícil que se ha vuelto manejar las presiones de algunos sindicalistas. La mayoría de veces buscan trabajar menos y recibir más, usando de excusa ‘lo colectivo’ para mejorar su posición individual”.

Enfatizó en que hay poco equilibrio a la hora de negociar, en especial cuando se trata de empleados que prestan servicios de educación, salud, puertos y registros, ya que amenazan con paros, bloqueos y muestran poco respeto por la población, de acuerdo a una sección de análisis publicada en el centro de pensamiento citado.

Información emitida por el Ministerio de Trabajo da cuenta de que en el país existe un promedio de 2 mil 256 sindicatos. Otros sectores que también atentan contra el comercio y la locomoción son los dirigentes de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre estos el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otros similares.

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10 de noviembre, 2015

Devengar un sueldo sin llegar a trabajar, “defender” los intereses de un sector sin más intención que el beneficio propio y la capacidad de presionar a las autoridades para conseguir objetivos que no representan el bien común, pareciera que es la constante de algunos autoproclamados líderes sindicalistas.

Para nadie es un secreto las presiones efectuadas por Luis Lara en representación del Frente Nacional de Lucha (FNL) en cada Gobierno de turno. Recientemente se supo que hubo presiones para conseguir plazas en Huehuetenango por medio de diputados del entonces partido oficial.

En el caso de las demandas del sindicato de salud, se estima que ascienden a Q1 mil 832.6 millones anuales, situación que a criterio de las autoridades de esa dependencia, hace insostenible la situación pese a que hay una evidente crisis en los hospitales y el sistema en general.

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Pacto colectivo firmado por Villavicencio y Lara

Lara fue sorprendido en un audio en donde se escucha que negoció plazas con la diputada por el departamento en mención Emmilenne Mazariegos, quien alcanzó una curul con el Partido Patriota (PP) en la presente legislatura.

En julio del presente año el entonces ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, informó por medio de una conferencia de prensa que debía decidir entre pagar Q158 millones correspondientes a un bono de antigüedad solicitado por el sindicato de la dependencia en mención o comprar vacunas, todo esto en medio de una serie de protestas encabezadas por el FNL para demandar el cumplimiento de dicho pacto colectivo, que fue firmado en el 2013 -2015 por el ministro Jorge Villavicencio donde se establecen prebendas para la dirigencia sindical .

Lara es conocido por tener acercamientos con las autoridades de los últimos dos gobiernos (Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y PP), recientemente dejó entrever su afinidad con el expresidente Otto Pêrez Molina. Se estima que más de 2 mil trabajadores del sistema de salud no acuden a sus labores para dedicarse a actividades sindicales.

Joviel Acevedo, de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), no es la excepción y pese a que cuenta con un grueso de docentes capaces de bloquear carreteras e interrumpir la locomoción, hay otro sector del magisterio que no le reconoce.

Por ejemplo docentes de una veintena de escuelas en Quetzaltenango sostuvieron una asamblea en agosto último para manifestar su rechazo a la representación que utiliza Acevedo en su gremio y en esa actividad reclamaron la renuncia del todavía presidente Pèrez Molina.

“Desconocemos a Joviel Acevedo, porque él está a favor de la corrupción”, afirmaron los maestros de ese sector en la ocasión referida. Dos meses antes también hubo protestas en contra de dicho liderazgo y en una reunión celebrada en Zacapa se le presentó la postura al aludido, pero este le restó importancia.

El malestar proviene de años atrás. Para muestra, en agosto 2011 hubo reacciones similares de maestros en Quiché y otros puntos del país.

En el caso de Nery Barrios, de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), fue acusado de estafa y lavado de dinero, aunque pagó una fianza consistente en Q1 millón 500 mil. Su organización salió en más de una ocasión a bloquear el paso para defender políticas impulsadas por Pérez Molina, entre estas, la Reforma fiscal.

“Son una amenaza”

Un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN) sobre La amenaza de los pactos colectivos del Sector Público, denunció las prebendas a las que tienen acceso los dirigentes de estas organizaciones, tales como viajes, permiso para ausentarse de sus actividades y otro tipo de privilegios similares.

Hugo Maúl, analista de esa organización, lo describió de esta manera: “ellos comen pero no dejan comer. No tienen propuesta para crear más empleos, pero se oponen a cualquier política que pudiera hacerlo”.

También agregó que los dirigentes en mención “demandan aumentos en los ingresos laborales pero se oponen a cualquier medida que pudiera aumentarlos a los millones de guatemaltecos que viven en pobreza y trabajan en la informalidad. Dicen defender derechos irrenunciables pero se oponen a que más guatemaltecos puedan gozar de los mismos”.

La exministra de Educación, María del Carmen Aceña lo describe así: “es complejo comprender lo difícil que se ha vuelto manejar las presiones de algunos sindicalistas. La mayoría de veces buscan trabajar menos y recibir más, usando de excusa ‘lo colectivo’ para mejorar su posición individual”.

Enfatizó en que hay poco equilibrio a la hora de negociar, en especial cuando se trata de empleados que prestan servicios de educación, salud, puertos y registros, ya que amenazan con paros, bloqueos y muestran poco respeto por la población, de acuerdo a una sección de análisis publicada en el centro de pensamiento citado.

Información emitida por el Ministerio de Trabajo da cuenta de que en el país existe un promedio de 2 mil 256 sindicatos. Otros sectores que también atentan contra el comercio y la locomoción son los dirigentes de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre estos el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otros similares.

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